A continuación reproducimos el texto publicado por el Periódico Reforma el pasado 24 de marzo, escrito por el Doctor Alberto Olvera, Investigador de la Universidad Veracruzana y miembro de este Cuerpo Académico.

«La incapacidad de los gobiernos estatales y del federal para investigar los miles de asesinatos y desapariciones forzadas de personas es intolerable. Es hora de solicitar ayuda internacional urgente para capacitar personal a nivel federal y estatal y construir la infraestructura para procesar los cadáveres, crear una base nacional de muestras genéticas y ubicar y castigar a los responsables de tantas masacres, empezando por las propias autoridades. La simulación y la impunidad están destruyendo al país.

Por si fuera necesario, los nuevos escándalos de Veracruz actualizan esa necesidad. Cada día se descubren fosas clandestinas. Asombran los macabros casos del cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe, el mayor a la fecha en México (se han hallado 253 cráneos hasta ahora), y el de Alvarado, con 49 cráneos, que se suman a los muchos ya localizados. La fiscalía reconoce que hay fosas en 44 de los 212 municipios de la entidad. Para colmo, el 18 de marzo fue asesinado en el pueblo de Yanga un periodista local, Ricardo Monlui, el primero en el nuevo gobierno, todo ello en el marco de una brutal agudización de la violencia criminal en toda la entidad.

Los colectivos de víctimas de Veracruz, demostrando un valor civil a toda prueba, han realizado con sus propios medios las investigaciones que han conducido al descubrimiento de las fosas más importantes, y han denunciado desde hace años la participación directa de las fuerzas policiacas estatales en muchos de los asesinatos y desapariciones atribuidos al crimen organizado. El nuevo gobierno de Veracruz está interesado, por razones políticas, en documentar esta alianza. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia carece de los más elementales recursos humanos, técnicos y operativos, no sólo para llevar a cabo las investigaciones necesarias, sino para almacenar la impresionante cantidad de cadáveres que se descubren cada día y construir un registro de muestras de ADN. El gobierno federal tampoco tiene la capacidad de hacerlo, y su colaboración es más bien simbólica.

El fiscal del anterior gobierno, en respuesta a los reclamos de los colectivos, organizó tomas de muestras de ADN a casi mil personas durante 2015 y 2016, pero ahora sabemos que sólo 266 de ellas son útiles, lo cual constituye un engaño criminal, semejante al de la PGR, a la que también se le «pierden» los registros. Este atentado a la justicia no puede ser perdonado ni en un caso ni en otro. Pero en Veracruz el fiscal «autónomo» nombrado por Duarte, al que le quedaban seis años de ejercicio, renunció, al parecer a cambio de que no se le fincasen responsabilidades políticas o penales. De ser el caso, tal pacto implicaría un injustificado perdón extrajudicial a una gestión caracterizada por la protección sistemática a las fuerzas policiacas y la ceguera ante la brutal corrupción de los altos funcionarios estatales. Es responsabilidad del gobierno actual llevar ante la justicia a las autoridades del gobierno anterior, incluyendo al exfiscal, no sólo por la alianza criminal que prohijaron y permitieron, sino por la falta de respeto a las víctimas y sus familias.

Oficialmente, de 2010 a la fecha hay 2345 carpetas de investigación abiertas por desaparición en Veracruz, pero la cifra negra suma muchos miles más que no se han denunciado. La magnitud de la tragedia es casi indescriptible, pero ni el gobierno estatal ni el federal tienen la capacidad de atender esta situación. Se requiere, urgentemente, ayuda internacional para construir instituciones mínimamente operativas en los niveles policiaco, de procuración de justicia y poder judicial en Veracruz y en México. Iniciativas exitosas en otros países, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, deben ser discutidas y adaptadas a las necesidades de México. Hay que actuar ya, pues el increíble vacío institucional en materia de justicia que ha caracterizado históricamente al régimen pone en riesgo de colapso al Estado mismo.»