El día de hoy el diario nacional La Jornada publica dos notas que son, por decir lo menos, del mayor interés para quienes laboramos en bibliotecas o para quienes se dedican a la docencia en todos los niveles educativos.
Por un lado, la nota principal de ese diario, habla de la iniciativa del presidente Calderón de que se implante el uso de una Cédula de Identidad Ciudadana que incorporaría datos biométricos como tipo sanguíneo y huella retiniana, además de la huella dactilar -que ya está incorporada en la credencial para votar del Instituto Federal Electoral en el padrón nacional, padrón con fotografía, cuyo costo asciende ya a los 36 mil millones de pesos, y que ha funcionado, para los fines esenciales como medio de identificación legal, durante varios años, al lado de la Clave Unica de Registro de Población (CURP)-.
Las repercusiones, implicaciones, beneficios y riesgos de una medida semejante, a saber, la consolidación de información personal y privada de todos los ciudadanos del país, en grandes reservorios cuya seguridad y confidencialidad podrían verse tarde o temprano comprometidas, son -aparte de su costo (las cámaras retinales están valuadas en aproximadamente 200 mil pesos por unidad)-, como es evidente, inmensas.

Las tentaciones (políticas, comerciales y mercadotécnicas o propagandísticas) que se podrían generar alrededor de un sistema tan vasto de información sobre la identidad de todos los ciudadanos, rayan en lo que hasta ahora han sido solamente escenarios propios de la ciencia ficción.

Más información sobre el sustento biológico y técnico de la identificación por huella retinal (en inglés) puede obtenerse en el documento Retina identification de Robert Hill.

Además, un gobierno que no ha podido desembarazarse de su debilidad para evitar la infiltración de delincuentes hasta en sus estructuras de procuración e impartición de justicia, podría exponer este sistema de información de todos los ciudadanos, a riesgos importantes. Hablamos de que esa Cédula, mal empleada, podría exponer vidas inocentes a una serie crímenes que, al menos potencialmente, podrían cultivarse fuera y dentro del propio aparato del Estado.
Por otro lado, en la misma edición del diario nacional, se da cuenta de una iniciativa legislativa para establecer como derecho de los ciudadanos y obligación del Estado, la provisión de y el acceso a los bienes y servicios culturales como museos, archivos y bibliotecas.
En el primer caso, la Cédula de Identidad Ciudadana «permitirá a cada mexicano tener una garantía de la unicidad y de la distinción plena que cada persona tiene respecto a los demás», según las palabras del ejecutivo.
Cabe preguntarnos, sin embargo, si no sería prioritario y tendría consecuencias y beneficios palmariamente superiores en el corto, mediano y largo plazo, que el Estado mexicano se hiciera cargo de la grave problemática educativa y de analfabetismo simple y funcional que tiene postrado al país en términos de eficiencia, calidad, productividad y desarrollo económico. En tal sentido el país cuenta con más de 90 mil bibliotecas públicas que podrían funcionar como agentes para el mejoramiento cultural pleno del país. Esto supondría, además, que los ciudadanos tuvieran acceso al desarrollo de una verdadera identidad individual y colectiva, con fundamento y raíces en la herencia cultural mexicana y universal y no solamente en los estereotipos y estilos de vida que convienen a intereses de empresas y televisoras; ya que las complejidades de la identidad de una persona no pueden estar cifradas o codificadas matemática o estadísticamente ni siquiera como informaciones biométricas, sino que tienen sus raíces en su psiquismo, en su historia vital, su bagaje cultural y sus experiencias como miembro de una comunidad.
Esta última idea coincide con el interés de algunos legisladores de que el Estado «garantice los derechos del público respecto de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, entre los que se enlistan monumentos arquitectónicos, históricos, artísticos, arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos y acervos, patrimonio cultural inmaterial, medios de comunicación, producción cinematográfica, teatral, editorial, cultural y multimedia, a los que todos los mexicanos y visitantes tendrían garantizado el acceso».
Entre la política que concibe a la identidad de un ciudadano como conjunto de variables biométricas, un nombre, un rostro y un domicilio susceptible de fiscalización, monitorización y taxación, y la que lo concibe como ser creador de cultura, como un agente dotado de razón, inteligencia y valores, dilema que podría reducirse a elegir entre dos visiones: una que sostiene la noción del hombre como objeto susceptible de medición y parametrización, y otra que concibe al hombre como sujeto libre, responsable y conciente de sus acciones, media un abismo.
En ese abismo aún no recorrido por nuestro país -o recorrido, pero sólo parcialmente, y que se nos revela claramente desde la obra de José Vasconcelos- se encuentra el amplio, vasto, profundo y preocupante problema del analfabetismo simple y el analfabetismo funcional del pueblo mexicano.
Uno desemboca en el otro, en un ciclo de retroalimentación positiva. Analfabetas de retorno somos, incluso, los profesionistas, los egresados de posgrados nacionales, que tenemos dificultades para redactar, que evitamos como la plaga la consulta de diccionarios y enciclopedias, o que confiamos en que los planes y programas de estudio bajo los que fuimos formados son suficientes y nos brindan las capacidades necesarias para hacer frente al mundo actual, o los que piensan que es posible prescindir del uso de las computadoras y las redes informáticas. Pero está, además, la vasta mayoría de personas analfabetas funcionales, que saben leer y escribir, pero para los cuales leer y escribir no ha representado una mejora en sus vidas y en sus comunidades, por falta de materiales de lectura, bibliotecas, museos, acceso a la información globalizada, son los clientes cautivos de la producción comercial de los monopolios televisivos cuyos epítomes de creación son encuentros deportivos y concursos de chistes.
Los legisladores que impulsan la iniciativa que garantiza el acceso para todos a la cultura, deben pensar también en este abismo, la tragedia silenciosa del analfabetismo simple y el funcional. La carencia de capacidades para usar y beneficiarse ampliamente de los recursos y servicios de la cultura, adonde destacan las bibliotecas, debe adquirir rasgo de problema estratégico nacional. Los bibliotecarios, al lado de los educadores de todo el país, tenemos el compromiso social de contribuir por todos los medios a nuestro alcance, a que México se desarrolle como una nación civilizada, informada, plural, sustentable, alfabetizada y democrática. Eso garantizaría identidades plenas, en ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, y capaces, por tanto de cumplir con sus obligaciones ciudadanas y respetar la ley… lo de menos será, entonces, que todos portemos identificaciones con nuestro tipo de sangre, huella dactilar, retinal y fotografía.

Habrá que prestar, pues,  más atención a movimientos internacionales que ya están rindiendo frutos, como la Campaña Mundial por la Educación. En el portal español de la campaña, encontrará que el documento «Alfabetización, puerta del conocimiento«, n o el documento «Educación para todos en 2015 ¿alcanzaremos la meta?«, no tienen desperdicio alguno.