«Pienso que debemos leer solamente la clase de libros que nos hieren, que se nos clavan como un puñal. Si el libro que leemos no nos despierta con un sobresalto ¿para qué lo leemos?… Necesitamos los libros que nos afectan como un desastre, que nos enlutan tanto como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como un exilio en un bosque lejos de todo y de todos, como un suicidio. Un libro debe ser como un hacha para abrir el mar de hielo que llevamos dentro». Franz Kafka.

No podemos pasar sin mencionar la nueva Ley de Medios que promulgó el gobierno de Argentina. Se trata -sin duda- de una ley progresiva, a tono con el caracter abierto y plural de la sociedad de la información y el conocimiento, que pone a ese país a la vanguardia en Latinoamerica en lo que se refiere a la participación social en los medios masivos de comunicación. Seguramente no pasará mucho tiempo antes de que se vean los frutos de esta apertura de dichos medios, contemplada en la ley, a las voces plurales de una sociedad diversa como la de aquel país, de la participación de enormes sectores hasta ahora relegados al silencio y la calidad de meros espectadores, que abrirá paso a una explosión de contenidos, un caleidoscopio visual que revelará la riqueza cultural y humana de la tierra de Gardel. Ahora que los monopolios de la televisión y la radio ya no tendrán -en aquel país- el control omnímodo sobre la producción y transmisión de contenidos hacia los hogares, es evidente que se alentará un proceso de autorreconocimiento social, de fortalecimiento de la identidad nacional y de los lazos que unen al pueblo del sur del hemisferio con toda la región. Se trata, ante todo, de una ley de medios para la democracia. ¡Cuántas lecciones por aprender! Qué contradictorio y paradójico resulta ver, por contraste, lo que está sucediendo en las entrañas de nuestro país. Por un lado, cientos de miles de personas, ahora mismo, sumidas en la incertidumbre sobre la fiabilidad de un servicio público elemental: la dotación de energía eléctrica, que es básica para la operación de escuelas y hospitales, la industria, el comercio y otros servicios, como el de abastecimiento de agua potable… y por otro lado, decenas de miles de personas literalmente liquidadas, puestas en la calle con una palmadita bienintencionada en la espalda, enfrentando la pérdida de derechos ganados por décadas de servicio, de derechos laborales constitucionalmente merecidos, y todos ellos, con sus familias, puestos de la noche a la mañana ante la perspectiva de la mera sobrevivencia y nebulosas ofertas de autoempleo y recontratación «bajo nuevos esquemas».

¿Qué no existe la Organización Internacional del Trabajo para emitir una opinión o una recomendación, en casos como el de la extinción súbita y forzada de Luz y Fuerza del Centro?

¿No se están atropellando derechos humanos fundamentales con las medidas que a algunos parecen de escándalo, del actual gobierno?

¿Es cierto que son más honerosas para la nación las prestaciones de 40 mil trabajadores que las pensiones vitalicias de un puñado de ex-presidentes y los múltiples seguros que usufructúan los funcionarios del primer nivel de gobierno?

Y, de ser cierto el despilfarro -que bien puede serlo- ¿por qué se toma es medida hasta ahora?

¿Por qué se creó un «falso caso», aduciendo la ilegitimidad de un líder sindical que sería desconocido de facto a las pocas horas?

¿Es posible desaparecer una agrupación gremial de un plumazo, así, ante los montones de convenios internacionales sobre el trabajo que haya firmado históricamente el gobierno?

Y en el fondo del asunto está, casi indudablemente, la concesión o licitación a particulares, de una poderosa infraestructura de telecomunicaciones -la fibra óptica que tomó muchos años tender a la paraestatal a lo largo y ancho del centro de la República-, el objeto de la codicia de grupos nacionales y extranjeros que, sin duda, verán crecer sus ganancias de manera asombrosa si se concreta este golpe contra la razón y la justicia en el país.

Si prevalece el interés particular sobre el interés colectivo, si prevalece el egoísmo sobre el altruísmo, si prevalece el despotismo sobre el derecho, no nos dirigiremos como nación «hacia Sudáfrica» -como reza la publicidad de un siempre comercializable mundial de futbol-, sino a la triste condición de un país de hambrientos y desposeídos, como Somalia o a la de un reino aún más agreste -si cabe- de aquel continente. ¿Podemos ignorar la historia?