Y resultó que en nuestro país, aparte de que los consumidores pagan tarifas telefónicas -por las líneas fijas y las celulares- de entre las más caras del mundo, además, tuvieron que a) dar de alta su Clave Unica de Registro de Población (CURP) en una base de datos gubernamental, y en caso de no contar con ella, tuvieron que realizar otra transacción por la red para obtenerla; aunado a lo anterior, esos mismos consumidores, ahora tendrán que b) verificar, mediante la presentación de la documentación correspondiente, los datos de su identidad asociados a su CURP y a su línea celular.
Al menos así se presenta públicamente el funcionamiento del llamado RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), para cumplir así con lo establecido en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuyo propósito es:
«Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.».
Quienes no cumplieron con la obligación de registrarse, tras un año de plazo para hacerlo, verán suspendido su servicio de telefonía móvil en las horas siguientes. Casi 25 millones de usuarios quedarán sin el servicio, por esta omisión, y eso que nuestro país cuenta con una cobertura de telefonía celular, apenas un poco superior a la de Perú. ¿Cómo quedará la cobertura, después de la aplicación de ésta medida? ¿Tendremos la cobertura más baja de Latinoamérica?
Supuestamente, se pretende combatir el delito y la extorsión vía telefónica mediante esta medida. No obstante, se difunde por la red información en el sentido de que habría personas que habrían usado una CURP distinta a la propia, para hacer el registro sin que, por parte de las autoridades encargadas del Registro, mediara proceso de validación alguno.
Es decir, el RENAUT ha sido alimentado, en un número de casos por determinarse, con información incorrecta, y el sistema en que se basa el registro no resultó capaz de evitar esas distorsiones informativas.
Entonces ¿qué confiabilidad -y, en última instancia, utilidad- puede tener un registro semejante?
Por otra parte ¿qué garantías tiene la población de que la información registrada en el RENAUT, no será utilizada por terceras partes para el marketing de todo tipo -comercial, político- o incluso para la comisión de los delitos que, supuestamente, querían evitarse? ¿Tiene esto algo que ver con la eventualidad, en el año 2012, de un proceso electoral adonde la votación sea precisamente a través de los teléfonos celulares? Esto es algo que por ahora no se menciona.
A todas luces, con el RENAUT se esta propiciando una situación de mayor caos en las telecomunicaciones, y de mayor desconfianza entre la población.
Lo que se propusieron hacer las autoridades en turno fue algo equivalente a que el gobierno de Estados Unidos obligara a toda su población a dar de alta el número de serie del software de Microsoft que utiliza para sus actividades profesionales o comerciales, para combatir el terrorismo. ¿Quién podría validar la confiabiabilidad e integridad de un volumen de información semejante?
Por si lo anterior no levantara suspicacias, baste decir por último que los encargados del RENAUT tomaron la nada juiciosa decisión de usar un contador falso -un script que simulaba un «incremento» en el número de usuarios que realizaban su registro- para dar la impresión de que se estaban registrando los más de 80 millones de celulares que hay en el país.
Consideren los lectores con detenimiento todo ésto, ante el todavía fresco Caso Gürtel, en España, un país adonde aparentemente las instituciones encargadas de administrar la justicia funcionan mejor -al menos, mejor que aquí, adónde menos de 1 por cierto de los delitos denunciados (que son menos del 3 por ciento del total de delitos cometidos efectivamente y que aparentamente nunca se reportan) llegan hasta la emisión de una sentencia y la aplicación de la justicia-, un caso en el que hubo acciones de espionaje telefónico, dobles contabilidades y casos de extorsión, supuestamente a manos de, o por instrucciones de, algunos miembros prominentes del Partido Popular, representativo de la derecha española.