El gobierno federal anunció que en un lapso de cinco años -de 2011 a 2015- las transmisiones de televisión analógica serán totalmente reemplazadas con transmisiones de televisión digital.
Acostumbrado como está, el pueblo de México, a un escaso repertorio de ofertas televisivas -al menos en la televisión abierta-, es previsible que la posibilidad de recibir en los hogares, posiblemente decenas o centenas de señales televisivas a través del cable telefónico o de Internet, le represente un salto cualitativo enorme, y hasta un reto, a la inmensa mayoría de la población nacional.
Aunque la tasa de adopción del nuevo formato digital de televisión sea lenta al inicio por razones económicas y técnicas, en 2015 la oferta de canales y programaciones se habrá diversificado a una tasa aún desconocida.
Lo anterior plantea interrogantes en cuanto al impacto que tendrá esta transición, sobre la formación de la opinión pública en México.
¿Cuál será el papel de los grandes consorcios de comunicación en la conformación de auditorios y opinión pública, frente a una oferta ampliada, plural -y crítica, en el mejor de los casos-? ¿Podrán éstos consorcios volver a imponer puntos de vista de manera masiva en lo concerniente a lo político y electoral? ¿Qué nuevos actores tomarán la delantera en términos de creatividad e influencia, y cómo?
¿Abandonarán los espectadores los «canales» tradicionales, ante una oferta variada de mensajes y propuestas de comunicación?
¿Estarán dispuestos y preparados para elegir mejores contenidos? ¿Cuál será el impacto de este cambio en la cultura popular, en la educación, en los hábitos de la gente?
¿Sabrán los diferentes actores culturales -y, de manera destacada, las universidades públicas y las asociaciones civiles- aprovechar de la mejor manera estos nuevos espacios y auditorios para generar una revolución cultural como la que se esperaría?
¿Qué lugar ocupará el libro, la lectura y las bibliotecas en este nuevo panorama?
¿Será realmente accesible a todos la nueva oferta de entretenimiento y noticias, o seguirá manifestándose la brecha digital, brecha de oportunidades, entre los segmentos de mayores y menores ingresos de la población?
¿Se dará el mismo fenómeno de acaparamiento con las concesiones, pero ahora con la venta de decodificadores, servicios de instalación, etcétera?
¿Será la vigilancia total y permanente, el control social total -de lo que lee, escribe, ve y oye la gente en las nuevas redes de «servicios» digitales- el futuro de nuestras sociedades?
Todas estas preguntas no son triviales, si se considera el papel que ya tiene la red Internet a nivel mundial en el flujo de información alternativa o que, a pesar de que es considerarada por algunos gobiernos como «secreta», se filtra hasta amplios sectores de la población, como ha ocurrido a través del sitio de activistas informacionales y ciberperiodistas, Wikileaks, cuya filosofía se puede resumir -de acuerdo con una expresión de Julian Assange–  en «vigilar a los perpetradores», para contribuir a la autodefensa de las sociedades que, en la mayoría de los casos, sufren las consecuencias de las malas decisiones económicas, financieras o en el ámbito de las relaciones exteriores, de sus gobiernos. Mucho puede avanzarse hacia una sociedad más igualitaria y adonde se respeten las normas básicas del derecho gracias a sitios como Wikileaks, si ponderamos lo expresado por Assange, durante una reciente entrevista que dio para las conferencias TED.
Así que, si se cumplen las expectativas del anuncio sobre el apagón analógico, más ciudadanos deberían tener la oportunidad de tener acceso a más información y conocimiento que no ha sido controlado o filtrado previamente por las empresas y los gobiernos.
Esto debería conducirnos tarde o temprano a un resurgimiento de aspiraciones democráticas e igualitarias, y a un debilitamiento del poder de grupos de élite, puesto que la participación en la toma de decisiones es imposible sin información, pero cuando ésta aparece, viene de la mano el interés de la gente por opinar, decidir y participar.
Por lo anterior, y tomando en cuenta el ejemplo de Colombia, es previsible que un cambio en la política bibliotecaria nacional, para abrir, consolidar y mantener nuevos y mejores espacios para las bibliotecas públicas en las zonas urbanas y rurales, más conflictivas del país, podría reorientar el desarrollo de regiones enteras, involucrar a la enorme masa de jóvenes, que no trabajan ni estudian, y de adultos desempleados, en actividades culturales y recreativas que ensanchen sus horizontes de realización personal y colectiva, reduzcan las probabilidades de que sean captados por el crimen organizado para trasegar estupefacientes, delinquir, robar, secuestrar y asesinar, y contribuyan a reactivar el desarrollo económico a través de un impulso al emprendimiento y la inversión productiva.
¿Cuál es el nuevo papel del bibliotecario, ante una sociedad que, a la vez, carece de la información fundamental para participar, y por otro lado vive saturada de mensajes que es incapaz de jerarquizar, filtrar y discriminar, a la velocidad que se generan y los recibe?
Esta es una de las razones más importantes para impulsar acciones de alfabetización informacional en todos los niveles de la enseñanza, y bajo modalidades tanto formales como informales, que cubran a todo el espectro social.
Sin ciudadanos alfabetizados en información será muy difícil, o acaso imposible, hacer avanzar cualquier política pública en todos aquellos ámbitos que impactan de raíz la vida nacional, estatal, regional y local: en educación, salud, productividad, sustentabilidad.
Una población más informada, necesariamente debe ser capaz de tomar mejores decisiones, y de actuar con mayor claridad y creatividad.
Así ocurre con los temas que se relacionan con el desarrollo regional y la sustentabilidad. Si en el proceso de convergencia de Internet y televisión podemos encontrar un punto de equilibrio, que transforme los sentidos de la comunicación, y ésta deje de ser unidireccional -de las empresas a los consumidores, de los gobiernos a los gobernados- y se vuelva bidireccional y multidireccional, las comunidades de consumidores y ciudadanos, podrán intercambiar entre sí experiencias exitosas y fallidas sobre el manejo de los recursos, los desechos y su efecto en el medio ambiente. Los ciudadanos podrán efectivamente calificar la actuación de las autoridades, a través de mecanismos de observación de las actividades de sus representantes, lo cual se vería reforzado si se crearan herramientas legislativas para participación pública, como el referéndum y la revocación de mandato.
Además de las repercusiones en lo social y político, la columna vertebral de intercomunicaciones que es Internet, tiene el potencial de servir para articular la acción de comunidades dispersas, de grandes sectores de la población tanto para el compostaje, como para el reciclamiento de residuos, el ahorro energético y el cuidado del agua. El impacto de dicha columna vertebral en la educación y el desarrollo económico debe explorarse, pero los beneficios parecen estar fuera de duda.
Si no se toman medidas a gran escala en torno a estos problemas, empleando las tecnologías de información y comunicación disponibles a nivel nacional, estaremos desaprovechando el potencial de estas para que México viva un gran proceso necesario de reconstrucción y reorientación nacional.