Hugo Aboites habla de su libro «La medida de un país».
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qvPQtWlHU9A

Más claro no puede ser.

Tras analizar el desarrollo de la política educativa en nuestro país -a la cola entre los integrantes de la OCDE, según indicadores de la misma organización; y el de peor desempeño en América Latina, según el investigador- Hugo Aboites nos enfrenta a una dura realidad:

La evaluación y la educación, en México, a pesar de lo establecido en la Constitución Política, se ha convertido en un mecanismo de exclusión, segregación y frustración de los destinos de millones de mexicanos.

Ello nos obliga a mantener el tema de la educación a la vista de todos, sin quitar el dedo del renglón sobre ese tema.

Debe haber una permanente e intensa deliberación nacional sobre el tema de la educación, pero no un debate a la manera de Mexicanos Primero, con el poder aplastante de la televisión y el cine de su lado. Tampoco a la manera efectista de las autoridades, de detener solo a una cabeza visible de la mafia de múltiples cabezas -como la Medusa mitológica- establecida en la educación, dejando intacta toda la Familia…

Organizaciones como Mexicanos Primero, no ven ninguna responsabilidad -pasada, actual o futura- por parte de las televisoras (Televisa y TV Azteka, en particular, y su pulpo mediático en radio, televisión y prensa) en el nivel educativo y cultural de los habitantes de este país.

A otras agrupaciones con intereses empresariales, como la COPARMEX, la CANACINTRA, la Fundación Televisa, Grupo Carso y Grupo Salinas, les resulta conveniente señalar a los docentes mexicanos, como “la causa” de la ineficiencia y/o insuficiencia del sistema educativo nacional.

Ello facilita conducir la opinión pública a favor de sus intereses.

Así, silenciadas, disminuidas o satanizadas, empequeñecidas, van quedando las voces de los maestros… Cuando, en Guerrero, Oaxaca o Chiapas, los maestros incurren en formas desorganizadas de violencia, se le olvida a la sociedad la violencia organizada con los presupuestos inagotables de la iniciativa privada y del Estado.

No les importa, a estas agrupaciones empresariales, que muchos estudiantes lleguen a la escuela, sin desayunar o comer, a tomar clases, ni su calzado, ni su vestido -hay escuelas adonde las familias nunca logran comprarle a sus hijos el uniforme. Se les olvida, o no les importa, que el poder adquisitivo tiene un efecto determinante en el nivel de logro académico, a favor siempre de los sectores sociales con mayor poder adquisitivo.

Para ellos el problema no es de una aberrante, monstruosa, ofensiva desigualdad social que promueven o justifican con sus agendas y políticas de cooptación del Estado, es un asunto de mera incapacidad magisterial individual.

No les importa, tampoco, que los docentes mexicanos perciban salarios menores que sus colegas de otros país, o que la mayoría trabajen por horas, viéndose obligados a buscar otras fuentes de ingresos para sus familias; o que la mitad de las escuelas en el país carezcan de la infraestructura adecuada, de bibliotecas, laboratorios o acceso a computadoras, y mucho menos les importa que los medios masivos de comunicación nada hacen por elevar el nivel cultural de la ciudadanía, por alentar el deseo de saber, el respeto por la lengua española -o ninguna otra-, ni por promover de veras la importancia de la lectura, los libros y las bibliotecas, sino todo lo contrario.

Basta revisar la oferta televisiva de la televisión abierta, y aún de la de paga, para ver el gran desinterés que se tiene por alentar formas de vida responsable, racional, crítica y participativa, promoviendo el egocentrismo, el oscurantismo, la milagrería, la pseudociencia, el conformismo y el individualismo hedonista.

Hugo Aboites nos permite ver la otra cara de la moneda:

Han sido decisiones de alta política, durante los últimos 40 años, las que han mantenido sin crecimiento la infraestructura pública en educación.

Cada vez es mayor el número de jóvenes que no consiguen ingresar a la educación superior, a pesar de todas las evaluaciones que han realizado de sus conocimientos y habilidades sus maestros desde la primaria hasta el bachillerato. Son los niños y jóvenes que les “interesan” a las empresas en cuanto consumidores y reproductores de los valores del mercado.

Esas decisiones en el ámbito de la educación, son consistentes con los compromisos establecidos por la clase política, desde el salinismo hasta el peñanietismo, con intereses empresariales nacionales y extranjeros, que alientan la “inversión” privada en la provisión, ya no de recursos para el ejercicio de un derecho -el derecho a la educación-, sino para la generación de operaciones de “compra-venta”, o “contratos” de “servicios”: el mercado educativo (un jugoso negocio que va del preescolar hasta los posgrados, y que se nutre de la aspiración legítima a una mejoría económica de las familias, aspiración que es desmentida por una realidad donde las personas más preparadas de la nación no encuentran empleo -pesan más las palancas y los padrinazgos políticos que la capacidad académica-, al grado de que muchos egresados de carreras universitarias, de plano huyen a otros países, en busca de mejores oportunidades).

Así se establece el mercado de la educación y la cultura, bajo la directriz de empresarios y hombres de negocios y sus visiones, en “sistemas” o “modelos” educativos, sobre los cual los “usuarios” o “clientes”, en este caso los niños y jóvenes mexicanos, y sus familias, no tienen ningún derecho u oportunidad alguna de opinar, ya no digamos de criticar o incluso de decidir sobre cuáles son sus fines y procedimientos.

Con la Reforma Educativa recientemente aprobada, se busca dar -sin consultar con la sociedad y los docentes, los mecanismos y los fines- más responsabilidad a los centros escolares y sus comunidades (docentes, padres de familia y alumnos), sobre las condiciones en que se realiza el proceso educativo, pero eso no cambia en esencia la macro-política de desmantelamiento del Estado de Bienestar, que retiene o, a capricho, desvía recursos para el desarrollo de la educación, hacia otros rubros, como los de carácter electoral (es emblemático y ejemplar de ello el caso de la reunión de funcionarios de SEDESOL en Boca del Río, Veracruz) o mediático (los gastos en publicidad de la Presidencia de la República), por ejemplo.

El asunto es, como puede verse, de enorme relevancia social y está en juego ni más ni menos que el futuro y el destino de nuestro país.

Es evidente, también, que hace falta una verdadera política nacional de información en el país.

Pero ¿cómo se puede elaborar una política nacional de información comprehensiva e integral para la nación, cuando ni siquiera se ha planteado hacerla como un reto? ¿Dónde están los bibliotecarios, los archivistas, trazando las directrices fundamentales de tal política, dado que es de su competencia la gestión y la conservación de la información?

Hablemos, a propósito de la gestión de la información, de qué ocurre en órganos fundamentales para la conducción del país, como las Cámaras, de Diputados y Senadores.

Haciendo un simple ejercicio con Wordle.net, una herramienta que genera representaciones visuales de la frecuencia estadística con que aparecen términos en el discurso, cualquier registro digamos de la Gaceta Parlamentaria, revela que las palabras que más repiten, los diputados y senadores con sueldos multimillonarios son: “comisión” y “reunión”, “diputado”, “presidente”, “diputada”, “reglamento” y “cámara”, “artículo” y “ley”; pero los conceptos que son centrales en la vida del país y que a todos nos preocupan, como “ciencia”, “tecnología”, “medio ambiente”, “empleo”, “democracia”, “seguridad”, “educación” y “salud” aparecen poco representados en los debates de horas en las cámaras.

 

Algo sumamente grave pasa en un país donde en lugar de atender y curar a un niño enfermo, casi agonizante, se abusa de formalismos y protocolos para agendar reuniones, crear novedosísimos institutos, o establecer innumerables comisiones para ¡seguir tomándole la temperatura!