Leemos en la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, volúmen 4, número 1, del año 2006, en el texto de Bonifacio Barba «La educación moral como asunto público«, un análisis minucioso de los proyectos educativos y las filosofías subyacentes, que han impulsado a la educación en nuestro país, desde el siglo XIX hasta finales del XX.
Se reconocen, de la mano de nuestro proceso histórico, periodos como el Independentista, el Porfiriato y la Escuela de la Revolución (según Solana, Cardiel y Bolaños), o los periodos del Origen del Estado Mexicano, la Educación liberal, el proyecto de Conciliación política y unidad, la Educación revolucionaria y la llamada Unidad Nacional (según Vázquez).
Desde otra perspectiva, se reconoce un periodo Ilustrado, un periodo Civilizatorio, el periodo coincidente con el Movimiento de Reforma, en pos del Orden y Progreso, el periodo Popular, que corresponde con el Movimiento revolucionario de 1910 a 1940, y desde 1970 hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el proyecto Economicista (según Yurén), que se perfilaba hacia la bogante ideología de la Globalización Neoliberal, en que hoy está inmersa -por no decir ahogada- la educación.
Diego Rivera: La maestra rural. Tomado de: La pintura mural de la Revolución mexicana, México, Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1989, p. 94.
Hoy se admite -en teoría- el papel de la educación, en la construcción de la identidad de los individuos y de la nación, de la soberanía económica y sobre los recursos, del estado de Derecho y de una verdadera vida democrática. Sin embargo, en los hechos, el sistema educativo nacional desde el preescolar hasta los posgrados, se ha convertido simplemente en un subsistema del sistema económico de concentración capitalista, subordinado a los intereses corporativistas de los sindicatos y las agrupaciones gremiales y profesionales, a los intereses de los partidos políticos y en última instancia, al funcionamiento más o menos eficiente de un sistema productivo cuyas riquezas se acumulan gradualmente cada vez en menos manos. En otros términos, los educadores de este país compiten sin más recursos que su voluntad y sus conocimientos, dentro de ese subsistema, con la imaginería poderosa y subyugante de los medios masivos de comunicación, en la definición de proyectos de vida y estilos de consumo y subconsumo. Los resultados están a la vista.
La así llamada descentralización y modernización educativa (1970-1995) ha expuesto en toda su crudeza, la enorme dimensión de los problemas que aquejan al proceso educativo en el país: los indicadores de calidad en la formación de profesores y de aprovechamiento de los estudiantes, el grave rezago educativo, o el desarrollo asímetrico y desigual, la escasa producción científica con la excepción honrosa de algunas universidades, el abandono de los creadores culturales a su suerte, es decir su abandono en manos del mercado, la subordinación de planes y programas de estudio a concepciones unidimensionales del aprendizaje enfocadas en la formación de eficiencias productivas, más que de individuos creadores y críticos, lo que podría llamarse «educacionismo»; en el extremo, la Carrera Magisterial, convertida en instrumento de contención política de la disidencia magisterial y del control férreo sobre la movilidad profesional al interior del gremio de profesores. En México es eso o la movilización respaldada por la parte de la sociedad con conciencia creciente de estos problemas, y la represión policiaca y militar.
Desde 1948, tras la sacudida global que representó la Segunda Guerra Mundial, se pensó en la posibilidad de integrar al Sistema Educativo Nacional en un todo unificado, complejo -pero flexible-, capaz de esbozar un perfil educativo nacional, capaz de homologar -sin homogeneizar- prácticas y experiencias educativas a lo largo de todos los subniveles del sistema en todo el territorio nacional, que alentara y permitiera el avance nacional en los campos de la ciencia, la tecnología, la cultura y, por consecuencia en lo económico, social y político.
Dicha posibilidad, al término de la primera década del siglo XXI, permanece sin concretarse. Es la fecha en que no contamos con un catálogo bibliotecario nacional, un catálogo de unión, que permitiera a los maestros del país saber qué libros hay en qué bibliotecas en cualquier punto del territorio nacional, ni un sistema de préstamo interbibliotecario libre de impuestos y sustentando en los sistemas de mensajería y correo del país, para alentar el intercambio cultural entre las regiones. Tal vez por la novedad, pero tampoco funciona a escala nacional un sistema de intercambio digital de documentos de gran envergadura. Existen, sin embargo, sistemas incipientes de ese tipo en algunas regiones. Tal vez la mitad de las escuelas del país tienen computadoras, pero no estamos seguros de que todos los profesores en esas escuelas estén capacitados, como se debe, para hacer el mejor uso de esos instrumentos.
En un programa de educación básica en México, es posible encontrar como contenido el tema «Los Puntos Cardinales», en la era de los GPSs.
Miles de millones de pesos invertidos anualmente en educación no parecen suficientes, cuando la burocracia educativa consume en su pura subsistencia el mayor porcentaje. Y ni así alcanzamos la proporción mínima del PIB que recomienda la UNESCO como gasto en educación. Los recursos efectivos dedicadas a la formación de cada estudiante mexicano, están muy por debajo de los que destinan los gobiernos de otros países. Basta ver los mesa-bancos en que toman lecciones nuestros estudiantes, para tener una idea palpable del estado de la educación en México. Muchas escuelas en zonas rurales no son más que galeras adaptadas para dicho propósito.
El currículo oculto de la actual administración se refleja en las cifras sobre corrupción, que ubican a nuestro país a medio camino entre el más corrupto y el más transparente: ese es el pan nuestro de cada día en las escuelas, en la calle, en las empresas e instituciones, los niños y jóvenes crecen en un ambiente inmoral, propiciado por la inacción o la ineficacia del Estado, donde ven muy claramente que, para aspirar a una vida mejor, en México no cuenta el conocimiento, no cuentan los valores, tampoco cuenta la participación política, ni el voto. Que en México no sirve de nada esforzarse, obtener conocimientos y cultura; que basta ser «amigo» de un alto funcionario, poseer la concesión de una televisora o un banco, o ser diputado o juez, para tener la vida resuelta sin mayores problemas.
La erosión de las relaciones sociales que acompaña a este estado de cosas ha alcanzado ya límites de exasperación y de desaliento preocupantes. Hace muy poco, cerca de esta capital, por un altercado vial un joven arrojó a un hombre maduro de un puente, matándolo. ¿Qué más debe pasar para que revisemos nuestros asuntos como sociedad?
Dice Bonifacio Barba casi al finalizar su ensayo:
«En síntesis, si la educación moral deviene en la realización activa de la razón liberal, la libertad, deberá consistir sin duda en experiencias que formen ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos, lo cual ocurre por tres vías. La primera es la acción social, de la que conviene destacar la enorme responsabilidad de los partidos políticos por ser ellos algunas de las instituciones por las que transcurre la elaboración de la ‘filosofía de época’, fuente de los proyectos educativos.
La segunda vía es la acción gubernamental ya que por ella transcurre un sentido moral irrenunciable debido a que está referida al bien de los ciudadanos y de la sociedad por la salvaguarda y cumplimiento de las garantías jurídicas. La conjunción y eficacia pública de todos los poderes del Estado significa entonces la creación de un ambiente moral, la realización de una pedagogía gubernamental.
La tercera vía, no primero ni mucho menos sola, es la propia de la escuela y su fuerza está determinada en no menor parte por las dos primeras vías pues si “la importancia política de la escuela en México reside en que se le ha atribuido la responsabilidad fundamental de resolver la desarticulación interna de la sociedad, que es uno de los problemas de mayor persistencia en la historia de este país” (Loaeza, 1988:58-59), no puede realizar su tarea con sus solos medios.
La cuestión moral básica del país, claramente representada por el horizonte normativo de los derechos humanos, que son la mayor creación del pensamiento liberal, es entonces la que constituye el vínculo entre Estado, sociedad y educación y la esencia de ese vínculo es la responsabilidad. No se trata de una categoría abstracta sino de una práctica, la responsabilidad por el otro.
Las relaciones de interdependencia entre las tres entidades hacen posible entender que la nación mexicana necesita que su educación sea política, es decir, una experiencia comunitaria en la que los individuos construyan su identidad viviendo los derechos y los deberes. Esa es la única justificación posible del Estado como vínculo entre los individuos y como entidad moralmente superior a la sociedad que lo estructura. Ese es el único camino para una sociedad abierta, emancipadora.
Políticamente, moralmente, en todos los rumbos de nuestro horizonte histórico se encuentra el ideal legislativo y educativo de Morelos: reconocer, establecer y vivir la igualdad de forma que sólo distinga “a un americano de otro, el vicio y la virtud”.
