J. March, refiere un popular epigrama acerca de la decisión que postula lo siguiente:  “ la economía y la psicología intentan comprender como decide la gente, mientras que la sociología, la antropología y la ciencia política, se encargan de demostrar que en realidad no tiene nada que decidir”  y ese parece ser –en síntesis–  el panorama del ingreso del personal académico en muchas  universidades publicas. Los antecedentes son necesarios.

La proveeduría de bienes y servicios al sector publico, hasta hace algunas décadas, era mediante invitación de algún funcionario con poder, a amigos o compadres, a los cuales se les confiaba el suministro de materiales, mas por su lealtad que por su capacidad y a sabiendas de que el pago no era siempre en los plazos convenidos, pero a cambio se permitía que la calidad  varíe incluso salir de la norma, era una especie de convención.  La mismo lógica funcionaba en relación al ingreso a la docencia e investigación en muchas universidades; en aquel tiempo, la lealtad al catedrático que invitaba, era mas importante que la capacidad, o bien, en el mejor de los casos, no se tenia una idea clara de los requisitos indispensables para la función y se optaba por la lealtad como la primera condición de ingreso.

Pronto el sector publico llegó a ser un cliente importante para muchas empresas y la sociedad  empezó a reclamar transparencia en materia de proveeduría, la racionalidad hacia su entrada en la adquisiciones del gobierno: los concursos eran los mecanismos que demostraban que se revisaban todas las alternativas y finalmente se elegía al mejor proveedor y al mejor producto de los existentes en el mercado,  diversas medidas y criterios delimitaban la mejor oferta, entre ellos el precio, evidentemente.

El ingreso del académico a las universidades siguió prácticamente la misma trayectoria, el crecimiento del plantel de profesores –que el aumento de la matricula demandaba– llevó a las autoridades federales a exigir a las universidades publicas racionalidad y transparencia en sus procesos de gestión de personal académico. En respuesta las universidades publicas introdujeron en su reglamentación normas para el ingreso, promoción y permanencia que garantizaran igualdad de oportunidad de los profesores potenciales y la capacidad como el principal criterio valorativo  cuya especificación, medición y valoración se encargaba a una comisión de académicos, en reconocimiento a la complejidad de la decisión.

Dio inicio así la era de los concursos de oposición y las convocatorias abiertas al mercado laboral, para cubrir las plazas vacantes sustituyendo  al mecanismo ágil de invitar a los mas cercanos y leales. Una gran palanca para manejar el acceso del personal al servicio y afectar la cohesión de los grupos con intereses no-formales, quedaba así neutralizada; lo que Douglas North considera como clave para el mundo occidental: el paso del intercambio personalizado a uno despersonalizado que se daba con el mercado, tenia su equivalente en el ingreso del personal a la universidad mexicana, pero eso  era apenas el principio.

La nueva reglamentación no solo despersonalizaba el reclutamiento y selección sino que, adicionalmente entregaba la decisión final a un grupo colegiado, no era fácil abrir los dos candados. Pero con el paso del tiempo y varios ciclos de aprendizaje, emergió la formula  que ya H. Simón, había sugerido: si la acción no puede ser regulada por la vía de la decisión, controle las premisas o las identidades de los decisores; en efecto eso Leer más…