J. March, refiere un popular epigrama acerca de la decisión que postula lo siguiente:  “ la economía y la psicología intentan comprender como decide la gente, mientras que la sociología, la antropología y la ciencia política, se encargan de demostrar que en realidad no tiene nada que decidir”  y ese parece ser –en síntesis–  el panorama del ingreso del personal académico en muchas  universidades publicas. Los antecedentes son necesarios.

La proveeduría de bienes y servicios al sector publico, hasta hace algunas décadas, era mediante invitación de algún funcionario con poder, a amigos o compadres, a los cuales se les confiaba el suministro de materiales, mas por su lealtad que por su capacidad y a sabiendas de que el pago no era siempre en los plazos convenidos, pero a cambio se permitía que la calidad  varíe incluso salir de la norma, era una especie de convención.  La mismo lógica funcionaba en relación al ingreso a la docencia e investigación en muchas universidades; en aquel tiempo, la lealtad al catedrático que invitaba, era mas importante que la capacidad, o bien, en el mejor de los casos, no se tenia una idea clara de los requisitos indispensables para la función y se optaba por la lealtad como la primera condición de ingreso.

Pronto el sector publico llegó a ser un cliente importante para muchas empresas y la sociedad  empezó a reclamar transparencia en materia de proveeduría, la racionalidad hacia su entrada en la adquisiciones del gobierno: los concursos eran los mecanismos que demostraban que se revisaban todas las alternativas y finalmente se elegía al mejor proveedor y al mejor producto de los existentes en el mercado,  diversas medidas y criterios delimitaban la mejor oferta, entre ellos el precio, evidentemente.

El ingreso del académico a las universidades siguió prácticamente la misma trayectoria, el crecimiento del plantel de profesores –que el aumento de la matricula demandaba– llevó a las autoridades federales a exigir a las universidades publicas racionalidad y transparencia en sus procesos de gestión de personal académico. En respuesta las universidades publicas introdujeron en su reglamentación normas para el ingreso, promoción y permanencia que garantizaran igualdad de oportunidad de los profesores potenciales y la capacidad como el principal criterio valorativo  cuya especificación, medición y valoración se encargaba a una comisión de académicos, en reconocimiento a la complejidad de la decisión.

Dio inicio así la era de los concursos de oposición y las convocatorias abiertas al mercado laboral, para cubrir las plazas vacantes sustituyendo  al mecanismo ágil de invitar a los mas cercanos y leales. Una gran palanca para manejar el acceso del personal al servicio y afectar la cohesión de los grupos con intereses no-formales, quedaba así neutralizada; lo que Douglas North considera como clave para el mundo occidental: el paso del intercambio personalizado a uno despersonalizado que se daba con el mercado, tenia su equivalente en el ingreso del personal a la universidad mexicana, pero eso  era apenas el principio.

La nueva reglamentación no solo despersonalizaba el reclutamiento y selección sino que, adicionalmente entregaba la decisión final a un grupo colegiado, no era fácil abrir los dos candados. Pero con el paso del tiempo y varios ciclos de aprendizaje, emergió la formula  que ya H. Simón, había sugerido: si la acción no puede ser regulada por la vía de la decisión, controle las premisas o las identidades de los decisores; en efecto eso es lo que aparentemente se logra cuando las convocatorias públicas  describen el perfil del académico de manera tan precisa, que prácticamente dibujan un “retrato hablado” del candidato,  aunado a la presencia de comisionados dóciles, el resultado alcanzado es prácticamente de nuevo personalizar el ingreso de los académicos, solo que ahora aparentando un proceso racional o ¿como se explica que a una convocatoria abierta –y en medio de un problema de desempleo juvenil—solo se inscriba un candidato y después de aplicarle diversas pruebas finalmente gane la plaza?

La primera hipótesis, a la pregunta anterior, se deriva del pensamiento neo-institucionalistas quienes develan el intencional desacoplamiento de la estructura y la conducta, es decir la norma y el procedimiento se cumplen pero el resultado final no es el formalmente buscado, sino el impuesto por poderosos actores; Otra hipótesis refiere que la falta de previsión y compromiso con la expansión y la calidad los servicios educativos, da lugar en las universidades a empleos temporales y precarios, al grado que llega a ser urgente regularizarlos, aunque dándoles la fachada de racionalidad y normalidad, por lo tanto, se argumenta,  la deformación del proceso es un acto de justicia laboral.

Una tercera hipótesis es sugerida por Alasdair MacIntyre quien considera – según Paul du Gay– que la burocracia,  y en general la ciencia moderna, tienen un defecto de origen como instrumentos de control social, que  en realidad no son tan efectivos pero nos deslumbran y nos hace creer que sí lo son, por ello concluye MacIntyre: el éxito histriónico es lo que les da poder y autoridad en nuestra cultura y el burócrata mas eficaz es el mejor actor.

Si bien las hipótesis anteriores explican en alguna medida las causas  de la perversión de los procesos de ingreso a las universidades, la solución, evidentemente, no está en el desmantelamiento de la burocracia y en normalizar el regreso al manejo personalizado, caprichoso y muchas veces mafioso de los procesos de manejo del personal académico, que se dio en el pasado, pero sí en la revisión y afinación de los procedimientos, siendo uno de ellos evitar la sobre-especificación de los requisitos a cubrir en  la definición plazas a concursar, adicionalmente, se podrían avanzar mucho afinando la integración y reforzando la autoridad de las comisiones dictaminadoras del ingreso y la permanencia. Porque como argumenta P. du Gay la burocracia y la conducta de los burócratas no sólo se justifica en términos de la eficiencia, gestión, rendimiento, capacidad de respuesta y aseguramiento de resultados que logran, sino en la medida que sus integrantes actúen y defiendan los valores que representan, los de la Universidad en este caso.

Ahora que la denominada reforma educativa del nivel básico aspira a recuperar el control de la permanencia de los profesores, vale la pena revisar lo que está pasando al respecto en la educación superior, hay no pocos casos en la que es urgente poner un límite  al problema de la deformación de los procesos –el del ingreso es uno de ellos, el de la certificación de los programas es otro– que están alcanzando tales niveles de cinismo e hipocresía que ponen en peligro el prestigio de las universidades públicas y la legitimidad de la institución universitaria y sus mecanismos autogestión.