Beatriz Torres Beristain*
El glifosato es un herbicida no selectivo, es decir que se usa para eliminar a la mayoría de las plantas o “malas yerbas”. Se emplea comúnmente en el proceso de preparación del campo antes de la siembra, para la limpieza del terreno, y es el más utilizado a nivel mundial, generando millones de dólares por sus ventas. Hoy en día una gran variedad de compañías lo produce, pero fue comercializado en la década de los 70 por Monsanto, uno de los más grandes consorcios agroquímicos a nivel mundial, que tuvo la patente durante varios años y en la actualidad ha creado variedades genéticamente modificadas (GM) de maíz, soya y algodón que son resistentes a sus efectos, por lo que se aplica aún en pleno desarrollo del cultivo. En México algunos de sus nombres comerciales son Faena, Cacique, Trinchera, Herbifox, Látigo, Mochilero, Bombazo, Secafín, Torbellino, Potro y Aquamáster.
En torno al glifosato se desarrolla una gran polémica, pues por años se consideró inocuo para la salud y el ambiente, sin embargo, con el pasar del tiempo se fueron acumulando múltiples evidencias sobre los daños que genera a la salud de seres humanos y animales, a tal grado que en marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como genotóxico (que causa daño al ADN), carcinogénico para los animales y “probablemente carcinogénico” para los humanos.
Pese a que la IARC basó su decisión en estudios científicos, tal reclasificación causó una serie de ataques hacia los responsables de los mismos y la propia agencia, para lo cual se utilizaron diversas estrategias: descalificaciones mediáticas y en redes sociales, marcaje personal contra dichos investigadores, publicación de artículos científicos pagados por Monsanto, así como presión para disminuir los fondos públicos destinados a los centros de investigación involucrados.
Paralelamente, y como parte de una demanda colectiva ante un tribunal federal de California, Estados Unidos, interpuesta por afectados de linfoma no Hodgkin que atribuyen su padecimiento al glifosato, la justicia federal de ese país ha hecho pública la correspondencia interna del gigante de los agroquímicos, los llamados “papeles de Monsanto” (Monsanto Papers), documentos que son de gran trascendencia, ya que revelan cómo la compañía habría promovido la generación de opinión positiva a favor de su producto, ocultado información e incluso bloqueado investigaciones relativas al herbicida y su posible vinculación con enfermedades.
En agua subterránea y embotellada
El municipio de Hopelchén es el principal productor de miel y de soya en el estado de Campeche. El 90% de este grano lo obtiene utilizando semillas genéticamente modificadas (GM) resistentes al glifosato, de modo que se realizó un estudio en su territorio para detectar este herbicida en agua subterránea, agua embotellada y en orina de trabajadores del campo, el cual fue publicado en junio del presente año.
La detección de glifosato se hizo a través de la técnica ELISA (Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas), hallándolo en el agua subterránea de las siete comunidades agrícolas donde se realizó el estudio, e incluso en la ciudad de Campeche, que se usaba como referencia. La mayor concentración se encontró en la comunidad Ich-Ek, con 1.41 ug/L, mientras que la ciudad de Campeche tuvo 0.44 ug/L, cifras que están por encima de los límites máximos permitidos para agua subterránea en Europa.
La península de Yucatán está cubierta principalmente de suelos cársticos, que son extremadamente permeables y, por lo tanto, fácilmente inundables, así que es común que los agricultores perforen pozos de filtración para evitar inundaciones. Las escorrentías de las aguas contaminadas con pesticidas se conducen por estos pozos contaminando a su vez el agua subterránea, que es la principal fuente de abastecimiento en la península. De hecho, en los sitios que se estudiaron de Hopelchén hay muchos pozos de absorción ilegales.
También se detectó glifosato en el agua embotellada de tres comunidades muestreadas, e incluso en la comercializada en la ciudad de Mérida, usada como referencia. El agua embotellada en la región se extrae del subsuelo y es tratada por ósmosis inversa. La comunidad con la mayor presencia de glifosato fue Ich-Ek con 0.65ug/L, mientras que en Mérida fue de 0.35 ug/L. Estas concentraciones exceden el límite aceptable para agua de consumo humano reglamentado en la Unión Europea, que es de 0.1ug/L. En México no existe una legislación con los límites de glifosato para agua subterránea y potable, con lo cual la contaminación queda impune.
En orina humana
La detección de glifosato en orina humana proporciona una medida de la exposición reciente de la población a dicho herbicida. Para el estudio referido se tomaron 81 muestras de orina a campesinos de cinco comunidades, y como grupo control se usaron pescadores de la ciudad de Campeche. Resultado: se identificaron residuos de glifosato en todas las muestras de orina, pero los campesinos llegaron a tener el doble de concentración (0.47 ug/L) que los pescadores (0.22 ug/L).
Además de la afectación directa a seres humanos, este pesticida está causando mortalidad en las colonias de abejas a nivel mundial; tan sólo en la península de Yucatán se han detectado, además, otros efectos subletales: disminución en supervivencia y producción de miel. A pesar de existir la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender el cultivo de soya y el uso del glifosato asociado, los pobladores de la zona aseguran que se sigue realizando de manera ilegal.
[1] Rendon-von Osten, J. y Dzul-Caamal, R. (2017). “Glyphosate Residues in Groundwater, Drinking Water and Urine of Subsistence Farmers from Intensive Agriculture Localities: A Survey in Hopelchén, Campeche, Mexico”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(6), 595.
El caso del municipio de Hopelchén nos muestra cómo los agrotóxicos se extienden por el medio ambiente y llegan a las personas. Muchos grupos a nivel mundial han denunciado la vinculación entre el glifosato y los daños a la salud humana y el ambiente, lo cual debería obligar a instaurar en nuestro país una legislación al respecto, así como la realización de investigaciones totalmente independientes sobre este herbicida. Mientras tanto, el principio de precaución, que implica medidas preventivas en caso de riesgo, debería aplicarse con las evidencias existentes, limitando el uso del glifosato, ya que su inocuidad está en duda.
*Dirección de Comunicación de la Ciencia, UV.
Correo: betorres@uv.mx
Dirección de Comunicación de la Ciencia, UV.
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Edición: Eliseo Hernández Gutiérrez
Ilustración: Francisco J. Cobos Prior
