El 20 de abril del presente año ocurrieron dos fuertes explosiones en la Planta Clorados III del complejo Pajaritos, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejaron un saldo de 32 muertos, cientos de heridos, así como la expulsión al entorno de un coctel de sustancias tóxicas.
Al poco tiempo del suceso, tanto el entonces gobernador en funciones, Javier Duarte de Ochoa, como las autoridades sanitarias y del medio ambiente del país, declararon que tenían la situación bajo control, que no existía peligro alguno para la población, que darían con los responsables para castigarlos, presumiendo lo rápido de su accionar.
Precisamente por la inacción de las autoridades referidas fue que la organización ambientalista Green Peace decidió llevar a cabo lo que en teoría le corresponde a éstas: analizar el impacto ambiental de la emergencia química, lo cual ocurrió los días 23 y 24 de abril.
Resultados alarmantes
Se tomaron muestras de agua residual industrial, agua del río Coatzacoalcos, del polvo y suelo superficiales, encontrándose datos preocupantes: fue registrada la presencia en agua de al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados de alto riesgo y cancerígenos como el dicloruro de etileno (EDC); también se detectó la existencia de sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos que, en teoría, están sujetas a estrictas reglas de control.
Por ley, los emisores de dioxinas y furanos están obligados a hacer pública la cantidad de estas sustancias que, por menor que sea, liberan al medio ambiente. Sin embargo, dichos informes la mayor de las veces no se ejecutan; además, en nuestro país no se analiza el impacto en las personas por la exposición a dioxinas y furanos, pese a que son sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo por su peligrosidad.
A siete meses de la mortal explosión no se ha dado una explicación por parte de cualquier autoridad o empresa sobre qué la ocasionó; asimismo no ha sido expedida ninguna sanción, es decir, no hay responsables de las pérdidas humanas ni de la contaminación. En un país donde la ilegalidad es constante y tolerada, donde la muerte campea sin que sea ya noticia que conmueva a las masas, la tragedia de Pajaritos es un evento más que confirma lo dicho.
Desmantelamiento progresivo
Una tragedia como la referida sólo puede darse en el marco de un proceso de aniquilamiento de la empresa, antes paraestatal, PEMEX, que incluye desde despidos masivos, como el de más de siete mil trabajadores sólo en los estados de Tabasco y Campeche, por dar un ejemplo, hasta la nula inversión en aspectos tan elementales como la seguridad de los trabajadores o el correcto funcionamiento de las instalaciones.
El contrasentido que implica reducir en grado sumo a una empresa energética cuando la demanda interna de sus productos va en aumento, forma parte de un plan que contempla el saqueo previo en términos hacendarios, la contención en términos productivos y de inversión, así como el galopante desmantelamiento una vez aprobada la reforma energética peñista, todo esto con la inocultable intención de abrir las puertas para que los inversionistas privados, sobre todo extranjeros, lucren con los recursos naturales de la nación.
El traslado a manos privadas de las funciones y los capitales de PEMEX da como resultado el debilitamiento económico y político del país, así lo ilustra la reducción de empleos señalada, la catástrofe social en varias entidades, la pérdida de gobernabilidad, la creciente dependencia energética, entre tantos otros aspectos. La realidad de México, que no está sujeta a los dictados televisivos ni a la propaganda gubernamental (es decir, al periodismo nacional en su mayoría), hace patente que las consecuencias nocivas de la reforma energética van en aumento.
Redacción: Eliseo Hernández Gutiérrez
Ilustración: Francisco J. Cobos Prior
Dir. de Comunicación de la Ciencia, UV
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