- Permite identificar un problema jurídico social real, y erradicarlo o minimizarlo a través de un mecanismo local o nacional
Alejandra Verónica Zúñiga Ortega
Carlos Hugo Hermida Rosales
12/12/2019, Xalapa, Ver.– Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que el proyecto de intervención jurídica impacta positivamente en los derechos humanos, ya que permite identificar un problema jurídico social real y erradicarlo o minimizarlo a través de un mecanismo local, nacional e incluso interamericano, por mencionar algunos.
La catedrática impartió el 5 de diciembre en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas la conferencia “Los derechos humanos y el proyecto de intervención jurídica”, como parte del primer ciclo de conferencias de invierno sobre mujeres, diversidad sexual y derechos humanos, realizado por la clínica de litigio estratégico Transformaciones Jurídicas del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la UV.
Zúñiga Ortega explicó que el proyecto de intervención es un documento en el que se plasma una propuesta realista y su aplicación, con el propósito de realizar una mejora o proponer solución a una problemática en alguna de las áreas de la ciencia jurídica.
“Consiste en un diseño que tiene diferentes elementos que permiten al interventor establecer una vía idónea para erradicar un problema jurídico o minimizarlo”, añadió.
Por su parte, un litigio estratégico impulsa la protección de los derechos humanos, mediante una actividad dirigida a la creación de una estrategia en el litigio, que busca incidir en la esfera pública con acciones como la modificación de una ley o la adopción de políticas públicas.
Ambos tipos de intervención jurídica pueden ser realizados por individuos, organizaciones, instituciones académicas, y asociaciones de abogados o de otras profesiones.
Detalló que el litigio estratégico tiene un alcance de impacto tanto para las partes directamente afectadas como para aquellas que no lo son, pero se ven favorecidas, mientras que el proyecto de intervención sólo impacta a las partes concretas.
El efecto del proyecto de intervención es un cambio social con impacto individualizado, mientras que el del litigio estratégico tiene incidencia en debates de derecho, y en la modificación de estrategias de reformas legislativas.
Enunció que para lograr objetivos el litigio estratégico debe tener presencia en los medios de comunicación, además de vincularse con la academia y las organizaciones sociales; por su parte, el proyecto de intervención no requiere de estos requisititos para lograr sus fines.
Mencionó que la reparación del daño a víctimas de trata de personas, y el derecho humano de los niños, niñas y adolescentes a una educación pública de calidad, son ejemplos de casos en sentido estricto del proyecto de intervención.
Enfatizó que es indispensable que tanto abogados como individuos interesados en la protección de los derechos humanos tomen en cuenta al proceso de intervención, cuando éstos se ven vulnerados.
La academia debe actuar para contrarrestar la discriminación – Universo – Sistema de noticias de la UV
- Los investigadores pueden trabajar en proyectos que visibilicen esta situación, y a partir de ellos proponer soluciones para remediarla
Carlos Hugo Hermida Rosales
07/12/2019, Xalapa, Ver.– Erika Verónica Maldonado Méndez, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), mencionó que desde la academia se deben realizar acciones para contrarrestar la discriminación que las personas de origen indígena sufren en diversos sectores de la sociedad.
“Al día de hoy los indígenas mexicanos aún son discriminados por diversas causas como su origen étnico, su lengua, o incluso su género”, aseguró.
La académica impartió el 3 de diciembre en el Centro de Idiomas Xalapa de la UV, la conferencia “Uso de la lengua indígena en ámbitos escolares por parte de mujeres migrantes y su protección”.
Verónica Maldonado mencionó que México tiene una composición social basada en diversas culturas, en la que que los pueblos indígenas de la nación representan el 10 por ciento de su población total.
Declaró que esta pluralidad cultural del país es reconocida en la Constitución Política federal en su Artículo 2, y en la Constitución del Estado de Veracruz en al Artículo 5.
Compartió que la legislación mexicana establece que toda persona hablante de lengua indígena tiene derecho a expresarse en la misma, tener acceso a información pública en ella, así como a que ésta tenga presencia en los medios de comunicación.
Agregó que asimismo los niños poseen el derecho a recibir educación básica en su lengua materna y en español, que les asegure el respeto a su identidad cultural.
Comentó que pese a todos los derechos que les corresponden por ley, las personas indígenas sufren de discriminación en diversos grados, principalmente cuando migran a los núcleos urbanos; puntualizó que esta migración está vinculada con fenómenos climáticos, desastres naturales, poca rentabilidad de sus actividades o incluso persecución religiosa.
Destacó que la mujer indígena sufre una discriminación múltiple, en la que convergen diversos factores como el género y el origen étnico.
Verónica Maldonado enunció que desde la academia se deben realizar acciones eficientes para contrarrestar esta discriminación, como promover el que estudiantes, docentes y administrativos de las instituciones educativas sean interculturales en cada actividad, así como equitativos en cuanto al género.
“Los investigadores pueden realizar proyectos que visibilicen esta situación, y a partir de ellos proponer soluciones acordes para contrarrestarla”, expresó.
La catedrática comentó que igualmente la sociedad debe fomentar la inclusión y la igualdad, y el respeto a la diversidad y a la diferencia.
“Es indispensable que la población se convenza de que la diversidad cultural es un orgullo, y enriquece y fortalece a la nación”, concluyó.
Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos – Universo – Sistema de noticias de la UV
12/05/2019
- José Manuel de Alba dictó conferencia magistral en el marco del “Primer ciclo de conferencias de invierno sobre mujeres, diversidad sexual y derechos humanos”
José Manuel de Alba subrayó que el Poder Judicial es garante de la Constitución Mexicana
Paola Cortés Pérez
05/12/2019, Xalapa, Ver.- José Manuel de Alba de Alba, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito del Consejo de la Judicatura Federal, subrayó que el Estado tiene la obligación de otorgar y garantizar los derechos humanos, al dictar la conferencia magistral “La suspensión de plano contra actos de discriminación”.
La conferencia tuvo lugar el lunes 2 de diciembre en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), en el marco del “Primer ciclo de conferencias de invierno sobre mujeres, diversidad sexual y derechos humanos”.
En el evento organizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de esta casa de estudios, a través de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas, el ponente señaló: “Cuando se reconoce un derecho humano debe buscarse cómo satisfacerlo, si existe una ley es algo bueno, pero si no la hay tiene que elaborarse, porque no podemos estar manejando derechos de papel”.
De tal manera, dijo, el Estado tiene la obligación de otorgar derechos y garantizarlos; al no brindar una garantía eficiente se corre el riesgo de que los derechos humanos no sean efectivos.
Por otro lado, expresó que de no existir como tal el Poder Judicial, habría muchos derechos humanos que no podrían ser válidos, ejemplo de ello son las muchas estancias infantiles que trabajan en virtud de sus funciones y amparos concedidos.
“El Poder Judicial en cierta forma no va por votos, es el garante de la Constitución Mexicana; puede resolver controversias gracias a que no está condicionado por los votos, de ahí la importancia de la dependencia judicial, no estamos sujetos a los cambios de gobierno, lo que nos permite tomar determinaciones conforme a lo establecido en la Constitución.”
José Manuel de Alba cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México; la Maestría Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana; la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y el Doctorado en Derecho, ambos en la Universidad “Cristóbal Colón” de Veracruz.
Clínica de Litigio Estratégico defenderá derechos humanos de manera integral
José Luis Couttolenc Soto
10/02/19, Xalapa, Ver.- El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs) de la Universidad Veracruzana (UV) presentó formalmente la Clínica de Litigio Estratégico transformaciones jurídicas, que tendrá como objetivo asesorar y acompañar judicialmente, de forma ética y eficiente, litigios estratégicos de protección de derechos humanos de los sectores vulnerables del estado de Veracruz.
Ante docentes y alumnos de la Licenciatura en Derecho reunidos en el Aula Magna “Guillermo I. Ortiz Mayagoitia” de la Facultad, Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora e Irvin Uriel López Bonilla, co-coordinadores de la clínica, expusieron que entre las actividades de ésta se encuentra la revisión de casos relevantes de vulneración de los derechos humanos, particularmente los relacionados con la educación, salud, igualdad y la no discriminación de la comunidad LGBTI.
El proyecto a cargo del cuerpo académico (CA) Consolidado Transformaciones Jurídicas, adscrito al Cedegs, integra además las tres funciones sustantivas universitarias: docencia, investigación y vinculación; en el primero de los casos, proveerá a los estudiantes de la Licenciatura en Derecho y de posgrados afines, la adquisición de competencias que les permita efectuar asesoramiento y acompañamiento judicial efectivo en materia de defensa de los derechos humanos.
Respecto a la investigación, impulsará el desarrollo de trabajos planteados en el proyecto; en vinculación, incentivará la realización de proyectos, asesoramiento y acompañamientos judiciales con instituciones vinculadas a la clínica.
Entre las primeras acciones para el año en curso, Jongitud Zamora dio a conocer que se tienen programados los cursos “Ética y derecho: el papel del abogado en el desarrollo nacional”, en marzo; “Derechos humanos: protección nacional e internacional”, en abril; y “Mecanismos no jurisdiccionales, y cuasi jurisdiccionales de protección de derechos humanos”, en septiembre.
Para el primer curso, la convocatoria respectiva será publicada en los últimos días de febrero.
Asimismo, se llevarán a cabo los talleres “Juicio de amparo”, en junio; y “Análisis de jurisprudencia nacional e internacional y redacción de documentos jurídicos”, en octubre.
Por su parte, López Bonilla informó que la clínica ya trabaja en sus dos primeros asuntos, uno de ellos relacionado con la problemática que enfrentan las personas transexuales en cuanto al procedimiento de identidad para la concordancia sexo-genérica.
Explicó que tienen dos vertientes: una relativa a las personas que no cuentan con un documento de identidad, y la otra se refiere a las personas transexuales que acudieron a la Ciudad de México para realizar el procedimiento, pero se encuentran con el problema de que el registro civil de sus actas de nacimiento primigenias no resguarda la partida correspondiente, lo que genera un conflicto de doble identidad.
En la presentación del programa académico estuvieron Ángel Trigos Landa, director general de Investigaciones, en representación de la Secretaria Académica; Alejandro de la Fuente Alonso, director de la Facultad de Derecho; Carlos Alonso Pulido Ocampo, jefe del Departamento de Formación Académica; Josefa Montalvo Romero, coordinadora del Cedegs; María Teresa Montalvo Romero, coordinadora del CA Consolidado Transformaciones Jurídicas.
Estuvieron también las personas beneficiadas con las primeras acciones de la clínica, provenientes de los municipios de Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Colipa, Tres Valles, Córdoba, La Antigua, Veracruz, Alvarado, Medellín de Bravo, Soledad de Doblado, Lerdo de Tejada, Paso de Ovejas, Paso del Macho y Martínez de la Torre.
