Educación ambiental no formal: desde la sociedad civil o desde el Estado

Las prácticas de defensa y protección de ecosistemas ejercidas por la sociedad civil organizada, representan una valiosa aportación a la comunidad, especialmente si éstas son reconocidas, legitimadas y apoyadas por el Estado. Dichas prácticas constituyen además un semillero para la educación ambiental no formal, promotora de participación social y de ejercicio de ciudadanía en un proceso holístico y retroactivo de enseñanza-aprendizaje, de aprehensión de cambios de conciencia, valores, actitudes, comportamientos, hábitos, conductas, consumos ambientalmente responsables.

La educación ambiental no formal puede realizarse desde fuera, a través de un interventor social o un equipo de interventores que llegan a una comunidad, realizan un diagnóstico, definen, aplican y evalúan un programa apropiado para dicha comunidad, buscando siempre que la población se involucre en cada etapa del programa para que se lo apropie y se sienta comprometida con el mismo. Sin embargo, existe mayor riqueza cuando grupos comunitarios y organismos de base, comprometidos y orientados hacia la defensa y protección de ecosistemas terrestres y marinos, son reconocidos y legitimados por el Estado; sus prácticas entonces pueden contribuir a la co-construcción y a la coproducción de políticas públicas ambientales. Es decir, la propia comunidad ejerce ciudadanía y participa con la administración pública en la co-construcción de educación ambiental, de desarrollo local sustentable, de ordenamiento territorial, de definición e implementación de políticas públicas para, posteriormente, poner en práctica lo que se ha construido y llegar así a la co-producción. El siguiente ejemplo puede ilustrar mejor lo anterior…

…Es el año 1973, la escena se desarrolla en una región rica en recursos naturales, grandes espacios de bosques regados por abundantes manantiales, arroyos, lagos, ríos que cubren el territorio; riqueza y diversidad de flora y fauna están presentes, pero también egoístas ambiciones centradas en el propio beneficio y en el lucro económico. Es evidente que semejante escenario es un atractivo inevitable para industriales y desarrolladores económicos que autoregulan sus actividades justificando la creación de empleos a precio de deforestación y contaminación de suelos, aguas y atmósfera. Hasta aquí, este mismo escenario puede encontrarse actualmente en muy diversas regiones del mundo; este ejemplo hace referencia específicamente a la provincia de Quebec, en Canadá. En este contexto norteamericano, grupos de vecinos se organizaron en esa época para defender su territorio, crearon una red para fortalecerse al agrupar a otros organismos comunitarios. La fuerza de una red era necesaria y continúa siéndolo dado que los intereses del sector privado son frecuentemente apoyados y promovidos por el sector público, quien a su vez tiene también sus propios intereses, no siempre favorables para la población y el medio ambiente. Es así como el ejercicio de la ciudadanía cobró fuerza y grupos similares de la sociedad civil comenzaron a multiplicarse en este territorio, extendiéndose así esta red ambientalista en casi todas las regiones en las que está dividida la provincia de Quebec (en dieciséis de las diecisiete que hay en total).

Dicha red es ahora el Consejo Regional del Medio Ambiente (CRE por sus siglas en francés: Conseil regional de l’environnement), organismo sin fines de lucro que en 1995 fue reconocido, legitimado y apoyado por el gobierno de Quebec con una subvención anual; es decir, esta legitimación llegó más de veinte años después de que se creó el primero de estos organismos en la región de Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Los CRE nacieron del deseo de grupos ambientalistas por crear un organismo regional de concertación en medio ambiente. Se trata de una plataforma que reúne ahora a representantes de otros organismos ambientalistas y sociales de cada región, así como también del sector público, privado, sindicatos, universidades y miembros individuales. Todos ellos voluntariamente se adhieren a esta red de la sociedad civil, con el fin de promover desde la base un desarrollo local sustentable en cada región, incluyendo en esto la difusión de la educación ambiental con programas a escolares, a jóvenes y a adultos, a ribereños para el cuidado y protección de sus lagos, a agricultores y ganaderos para el ejercicio sustentable de sus prácticas, etc.

Los CRE son organismos de base autónomos; sin embargo, son reconocidos como interlocutores privilegiados del gobierno de Quebec en cuestiones ambientales. Los CRE agrupan a miembros diversos que persiguen objetivos comunes en un ejemplo de gobernanza cívica ambiental. Se trata de una red que representa un actor influyente en el dominio del medio ambiente en Quebec. Considerando las realidades locales y regionales, los CRE privilegian la acción, la concertación, la educación, la información, la sensibilización y el cuidado del medio ambiente para alcanzar sus objetivos. Se suscriben a valores fundamentales como la solidaridad, la equidad, la integridad, el respeto y la democracia (http://rncreq.org/cre.php)

Para congregar a los dieciséis CRE, existe el RNCREQ (Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, http://rncreq.org/), organismo sin fines de lucro que además busca defender el derecho de los ciudadanos a participar en debates públicos, principalmente los organizados por el BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), instancia pública del gobierno provincial. El BAPE da a conocer en audiencias públicas los proyectos de desarrollo local o que competen al medio ambiente, esto con el fin de que la sociedad civil y los diversos actores sociales manifiesten su aceptación o rechazo del proyecto propuesto generalmente por los sectores público y privado (http://www.bape.gouv.qc.ca/).

El RNCREQ, a través de los 16 CRE que se encuentran en la provincia de Quebec, agrupa actualmente a 1,850 miembros, divididos de la siguiente forma: 351 pertenecientes a organismos ambientalistas; 363 a gobiernos locales; 274 a organismos públicos; 149 a corporaciones privadas; 543 son miembros individuales y 170 tienen otras adscripciones.

Este ejemplo permite apreciar la fuerza adquirida por la sociedad civil organizada cuando es ella misma quien se apropia de su territorio, defiende y protege sus ecosistemas mediante prácticas legitimadas y apoyadas por un Estado democrático, creador de espacios para promoción y desarrollo de ejercicio de ciudadanía.

Por otro lado, el estado de Veracruz, en México, rico en recursos naturales, está dividido en diez regiones dentro de las cuales hay diversos grupos comunitarios y ONG comprometidos con la defensa y protección del medio ambiente; la población que participa en este tipo de organismos ya cuenta con un cierto nivel de educación ambiental y practica el ejercicio de su ciudadanía, además son ellos quienes mejor conocen su entorno. Sin embargo, entre otras cosas, falta aún la fuerza que puede proporcionar un organismo red, legitimado y autónomo, como plataforma para congregar a representantes de otros organismos comunitarios, grupos de vecinos, individuos y miembros del sector público y privado interesados en participar en la defensa y protección de los ecosistemas de cada región.

Recientemente, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas del Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa de reforma al artículo 186 de la Ley Estatal de Protección Ambiental; dicha reforma ya fue aprobada y tiene la finalidad de crear en cada Ayuntamiento del estado de Veracruz el Consejo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se busca que dicho Consejo permita la participación de ciudadanos, académicos, empresarios y funcionarios municipales en la proposición de estrategias, acciones, políticas públicas, toma de decisiones en temas ambientales y vigilancia del manejo del presupuesto destinado a la protección del medio ambiente, gozando además de autonomía aunque se trate de organismos públicos. Habrá entonces 212 Consejos de este tipo en todo el estado, uno en cada municipio, en los próximos tres meses, plazo que se fijó para su instalación.[1] Quizá sería entonces conveniente que en cada una de las diez regiones del territorio veracruzano se instalara también un Consejo Regional responsable de dar seguimiento a las actividades, programas y propuestas realizadas por cada uno de los Consejos Municipales de su territorio; esto, porque supervisar a 212 Consejos parece más complejo. Además, la cercanía entre los municipios hace que algunos de los problemas que afectan al medio ambiente y a la población sean comunes entre ellos; se pueden permitir entonces alianzas intermunicipales, trabajo en proyectos conjuntos, optimización de recursos y fuerza con la participación de más actores sociales.

A diferencia del ejemplo de los CRE en la provincia de Quebec, los Consejos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que se instalarán en el estado de Veracruz no son precisamente una iniciativa de la sociedad civil. Se trata sin embargo de una buena iniciativa del Estado; sólo se espera que realmente se escuchen y se favorezcan los intereses de la población y que la orientación sea hacia un verdadero desarrollo local sustentable, en un contexto de equidad, de democracia, de autonomía, de justicia social y ambiental.

Ana Lucía Maldonado González (PhD)
Instituto de Investigaciones en Educación
Educación Ambiental para la Sustentabilidad
Universidad Veracruzana