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Introducción
Winfried Böhm, un filósofo europeo, y Ernesto Schiefelbein,
un investigador educativo latinoamericano, publicaron conjuntamente
el año pasado un libro en el que invitan a los docentes a
que antes de hacer educación, la piensen, es decir, les proponen
un conjunto de actividades para que aclaren sus ideas y sus conceptos
como una vía para mejorar su propia enseñanza.(1)
Quiero, pues, compartir algunas ideas que, parafraseando a estos
autores, me permitieron pensar y “repensar” sobre el
tema que nos congrega, el fortalecimiento de la democracia desde
la educación, durante la reciente elaboración del
Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010
(PEEC) del Instituto Federal Electoral (IFE), en la que participé
junto con otros colegas.(2) Considero que estas “reflexiones
en voz alta” pueden resultar sugerentes también a ustedes,
si están trabajando en el campo de la educación para
la democracia o si, por otras razones, se interesan en ella.
Como ustedes saben, la formulación de una estrategia consiste
básicamente en el planteamiento articulado de un conjunto
de medios que se juzgan pertinentes para alcanzar ciertos fines.
En el caso del PEEC, se trataba de articular las grandes intenciones
y líneas a través de las cuales el IFE va a desempeñar
su acción pública en el campo de la educación
cívica en el periodo mencionado.(3)
Para cumplir el objetivo que nos fue encomendado, fue necesario
adentrarse, durante un buen número de sesiones, en algunos
asuntos de carácter teórico, contextual, pedagógico
e institucional que me movieron a pensar en las relaciones entre
democracia y educación y que me gustaría comentar
con ustedes.
¿Educar
para qué democracia?
Si bien es cierto que en nuestros días prácticamente
casi nadie discute la pertinencia de impulsar acciones educativas
para fortalecer la democracia, esto no significa que haya un consenso
en torno a las mismas: el horizonte político, ético
y pedagógico del que parten los diferentes programas existentes
difiere significativamente, tanto por la multiplicidad de enfoques
teóricos como de acentos prácticos.(4)
Fernando Bárcena, un pensador español preocupado por
la educación política, plantea que “(...) tanto
el concepto de democracia como la noción de ciudadanía
e, incluso, el término educación son conceptos esencialmente
contestables”. (5) Y uno de los aspectos que me parece más
“contestable” o discutible en el conjunto de los horizontes
antes mencionados, lo constituye el papel que juegan los ciudadanos
en la construcción de la democracia y el rol que tiene la
formación de los mismos para el ejercicio de sus derechos.
Federico Mayor, secretario de la UNESCO en la década pasada,
comentaba que “(....) la democracia es una práctica:
se inspira en valores que se pueden transmitir, pero es esencialmente
un modo de acción. Se justifica en su aplicación;
se legitima utilizándola” (6).
Desde mi punto de vista, una concepción del desarrollo de
la democracia que no ponga en el centro al ciudadano y los aprendizajes
que éste necesita para vivirla, no necesita formular ningún
proyecto educativo –en todo caso puede necesitar uno propagandístico–,
porque lo que la educación hace es trabajar con las personas
para suscitar de manera intencionada ciertos aprendizajes que se
juzgan relevantes tanto social como individualmente. En tal sentido,
me parece un acierto del PEEC haber llegado a la formulación
de que “sin ciudadanos en activo no hay democracia posible”(7).
Reconocerle al ciudadano esta calidad de actor o agente central
en el desarrollo y consolidación de la democracia es muy
importante para organismos como el IFE, que trabajan simultáneamente
en otros frentes de perfeccionamiento democrático, como las
instituciones y los procedimientos electorales, porque los recursos
y esfuerzos tienden a concentrarse en esos aspectos.(8)
Otro de los problemas que tiene el diseño de programas educativos
para el desarrollo de la democracia es el de ‘traducir’
adecuadamente a “equivalentes educativos” (es decir,
a determinados aprendizajes que se requiere suscitar) las condiciones
que la ciencia política actual juzga pertinentes para tal
objetivo. En este sentido, también me pareció un acierto
del PEEC que, al buscar trascender la definición meramente
procedimental de democracia, así como la concepción
sólo política de la ciudadanía, haya planteado
asuntos que son centralmente educativos. Por ejemplo, al haber incorporado
la dimensión deliberativa de la democracia, planteó
la consecuente necesidad de aprender el ejercicio de la razón
pública; al haber considerado el papel del capital social
en el desarrollo de la democracia, planteó el aprendizaje
de la confianza; al haber introducido el papel de las instituciones
en la consolidación de la cultura democrática, planteó
el aprendizaje del apego a la legalidad, etcétera.
Por otra parte, hay que recordar que en un programa educativo estratégico
no basta definir ciertos conceptos teóricos, hay que diagnosticar
también el entorno en que se va a trabajar, buscando los
apoyos y obstáculos que pueden incidir en los propósitos
establecidos.
El análisis de la información disponible nos mostró
que existen varios factores contextuales que inciden en el conocimiento
y la percepción de los ciudadanos, los cuales habría
que tomar particularmente en cuenta a la hora de diseñar
las acciones educativas. Por ejemplo, dado que se concluyó
que “(...) los mexicanos no disfrutan de las mismas oportunidades
para el ejercicio de sus derechos y de la ciudadanía”,
se buscó impulsar un proyecto educativo diferenciado que
permitiera atender en forma privilegiada a las personas que tienen
más problemas para ejercer unos y otra.(9)
Dado que se arribó a la conclusión de que “(...)
los problemas que enfrenta el país en materia de pobreza,
corrupción e inseguridad influyen en una percepción
ciudadana negativa en torno al desempeño de la democracia
y sus instituciones, lo que genera desconfianza y, por ende, desinterés
ciudadano por participar en el espacio público”, se
planteó desarrollar acciones en el ámbito político-electoral
y articularlas al ejercicio de otros derechos ciudadanos (los civiles
y los sociales).(10)
En razón de que “(...) la desconfianza en general que
muestran los ciudadanos hacia las instituciones tiende a aumentar,
lo que dificulta los esfuerzos de construcción de una ciudadanía
democrática”, se buscó articular los esfuerzos
del IFE al desarrollo de la capacidad cívico-educativa de
otras instituciones(11). Esta labor de contextualización,
no obstante la gran dificultad que implica por la diversidad y los
vacíos de las fuentes de información, es lo que permite,
a final de cuentas, hacer un programa “a la medida”
del entorno externo e interno de la institución que lo promueve.
Educar,
¿con qué enfoque pedagógico?
No se puede poner vino nuevo en odres viejos, de ahí que
en la elaboración del PEEC surgiera la necesidad de buscar
un abordaje pedagógico consecuente con el anterior enfoque.
Por esa razón, así como en el plano teórico
el Programa partió de que había que articular diferentes
componentes de la democracia. En el plano pedagógico expresó
que la misma atañe a tres ámbitos de contenido, que
han de presentarse de manera integral y no uno a uno: “(...)
el saber de la democracia, o los conocimientos, conceptos y teorías
que fundan y significan la democracia; el saber hacer de la democracia,
constituido por las competencias para llevar a cabo las prácticas
sociales congruentes con la vida democrática, y el ser y
convivir democrático, constituido por las actitudes personales
y cotidianas congruentes con los principios de la democracia”
(12).
Si comparamos este enfoque “práctico moral” con
el antiguo civismo, marcadamente cognoscitivo que muchos de nosotros
aprendimos, podremos apreciar la enorme distancia que media entre
ambos. Aquí se trata de que los futuros ciudadanos –los
niños y jóvenes– o los actuales –los adultos–
aprendan simultáneamente con los contenidos de la democracia,
valores y actitudes que les faciliten descubrir el sentido ético
de la vida pública y que puedan desarrollar habilidades de
participación que les permitan ejercer sus derechos y practicar
sus convicciones y valores personales. Un enfoque como éste
conecta adecuadamente los tres núcleos duros de contenidos
de aprendizaje: el ético, el racional y el legal, que caracterizan,
en un sentido amplio, a las propuestas educativas para el desarrollo
de una ciudadanía de tipo democrático.(13)
Otra de las bondades pedagógicas del Programa es haber introducido
el enfoque de desarrollo de competencias a la educación cívica
que busca brindar el IFE. Según señala Silvia Conde,
en el trabajo que sirvió como referencia para incorporar
el concepto de competencia al Programa, esta noción “(...)
alude a un saber hacer, a una capacidad para resolver problemas
que se aplica de manera flexible y pertinente, adaptándose
al contexto y a las demandas que plantean situaciones adversas”
(14).
Tomando como base el estudio mencionado, el PEEC incorporó
14 competencias básicas para el ejercicio de la ciudadanía
democrática, que son las siguientes:
· Autoconocimiento y autorregulación.
· Perspectiva social y búsqueda del bien común.
· Respeto a la diversidad.
· Conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos.
· Manejo y resolución de conflictos.
· Convivencia democrática.
· Diálogo.
· Toma de decisiones.
· Participación democrática.
· Participación en procesos electivos y de consulta
democrática.
· Comprensión crítica.
· Respeto y valoración de la justicia y la legalidad.
· Comprensión de la democracia como forma de gobierno
y como forma de vida.
· Ejercicio democrático de la autoridad y control
ciudadano del poder. (15)
Este enfoque me parece especialmente útil para el propósito
de la formación democrática, porque la competencia
es un saber eminentemente práctico, pero que no se limita
“(...) a los aspectos procedimentales del conocimiento, a
la mera posesión de habilidades y destrezas, sino que va
acompañada necesariamente de elementos teóricos y
actitudinales, por lo que permite articular los tres campos del
saber democrático, anteriormente mencionados(16).
¿A
quién educar y junto con quién educar democráticamente?
Un programa es fundamentalmente un instrumento de planificación
que sirve para guiar las acciones. Por eso, para ser “bueno”,
tiene que ir más allá de señalar “deberes”
y “posibilidades”. Si no indica claramente qué
hay que hacer para cumplir con esos deberes y no expresa en términos
de acuerdo social los compromisos que hay que establecer entre los
diferentes actores para volver realidad las posibilidades, no es
un buen programa. En este sentido, hay algunos valores en el capítulo
de Estrategia del PEEC, que me gustaría comentar.
De los cinco objetivos generales que incorpora el programa, sólo
los dos primeros tienen como destinatario directo a los ciudadanos;
los otros tres tienen como público-objetivo no a los ciudadanos,
sino a las organizaciones e instituciones –el IFE incluido–
que desarrollan este tipo de educación. Esta concepción
de dos grandes frentes estratégicos de trabajo, que significan
por una parte educar a más ciudadanos y de mejor forma y
por otra, desarrollar al IFE mismo y a las otras instituciones u
organizaciones como mejores educadores, me parece un acierto.
En el campo de las líneas de acción esbozadas, me
parece que también son aciertos dignos de mencionarse los
siguientes:
1. Haber incluido, además de la tradicional formación
para niños y jóvenes (a través de la incidencia
en los currículos escolares de educación básica,
media y superior), la educación para los ciudadanos en ejercicio
pleno de sus derechos, que en el caso de nuestro país están
constituidos por un padrón que linda en los 70 millones de
personas mayores de 18 años, muchos de los cuales, por otra
parte, no han tenido ningún acceso a la educación
formal o bien no cursaron completa la educación básica.
2. Haber abierto una línea de trabajo con los ciudadanos
que pertenecen a grupos que se encuentran en situación vulnerable
para el ejercicio de sus derechos, porque revela la voluntad no
sólo de actuar con una mayor eficacia, sino también
con principios de equidad educativa.
3. Haber planteado objetivos de trabajo conjunto con otras organizaciones
e instituciones como las agrupaciones políticas nacionales,
los medios de comunicación y las organizaciones cívicas
y sociales que promueven la defensa de los derechos ciudadanos,
a fin de fortalecer el tejido social, puesto que también
son agentes legítimos –y varios de ellos muy influyentes–
de la formación ciudadana y democrática.
5. Haber pensado en que se necesita contribuir a incrementar la
capacidad cívico-educativa de las otras instituciones del
Estado mexicano.
6. Haber pensado en que el conocimiento actual del campo de la educación
cívica es deficitario y que, por lo tanto, el IFE tendría
que generar investigación sobre el estado que guarda la ciudadanía
y sobre las percepciones de la calidad de la democracia, así
como investigar en general los sistemas, prácticas y procesos
de formación cívica que están operando en el
país.
7. Por último, haber planteado políticas para fortalecer
la capacidad cívico-educativa del IFE, asumiendo que no sólo
la Dirección de Educación Cívica, sino todo
el IFE son los organismos que tienen la obligación de actuar
como educador.
Como podrá haberse notado en los diferentes señalamientos
y comentarios que he manifestado en el transcurso de la exposición,
diseñar un programa para educar en la democracia u operarlo
es una labor compleja en la que todos los implicados en la misma
podemos y debemos ayudarnos a pensar y «repensar» cómo
desarrollarla cada vez mejor.
Notas
1.
Winfried Böhm y Ernesto Schiefelbein. Repensar la educación:
diez preguntas para mejorar la docencia, Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá, 2004.
2. Instituto Federal Electoral, Programa Estratégico de Educación
Cívica 2005-2010, IFE, México, 2005.
3. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE) señala en su artículo 69, entre otros fines
del Instituto, los de contribuir al desarrollo de una vida democrática,
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales
y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como llevar
a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión
de la cultura democrática.
4. Ver Patricia Schurmann, et al., El estado de la práctica
de la educación cívica en México, CEE-IFE,
1998.
5. Fernando Bárcena, El oficio de la ciudadanía, Paidos,
Barcelona, 1997, p. 87.
6. En Patrice Meyer-Bisch (coord.), Cultura democrática:
un desafío para las escuelas, Ediciones UNESCO, París,
1995, p.5.
7. IFE, op. cit., p. 20.
8. Guillermo O’Donnell expone con gran tino esta concepción
del ciudadano como un agente, es decir, “... alguien que está
normalmente dotado de razón práctica y de autonomía
suficiente para decidir qué tipo de vida quiere vivir, que
tiene capacidad cognitiva para detectar razonablemente las opciones
que se encuentran a su disposición y que se siente –y
es interpretado/a por los demás como– responsable por
los cursos de acción que elige”. En O’Donnell
et al., Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. PNUD-Homo
Sapiens, Rosario, Argentina, 2003, p. 33.
9. IFE, op. cit., p. 54.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. IFE, op. cit., p.58.
13. Ver Pedro Gerardo Rodríguez, La educación ciudadana.
Estado del conocimiento, CEE-IFE, México, 1998, p. 78 y ss.
14. Silvia Conde, Educar para la democracia. La educación
ciudadana basada en el desarrollo de competencias cívicas
y éticas, Instituto Federal Electoral, México, 2004,
p.115.
15. IFE, op. cit., p.60.
16. Conde, Op. cit., p. 115.
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