Educación, fundamental para construir sociedades democráticas
Teresa González Luna Corvera / Consejera electoral

El tema que nos convoca nos anima a tejer nuevos horizontes de sentido que ponen en el centro a individuos y colectivos como sujetos de derechos y responsabilidades en su calidad de ciudadanos, esto es, de miembros activos de su comunidad política y social. El tema de la ciudadanía es central y controvertido en nuestras sociedades actuales. Su resignificación no se puede limitar a la atención de molestas o atractivas coyunturas, ni responde a una moda pasajera o a pretextos para crear adhesiones emotivas. Por el contrario, alude a la recuperación de la política como capacidad propia de los ciudadanos, es decir, a la capacidad de generar proyectos transformadores de la realidad.

Atreverse a pensar en la política, “en la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado” (1) significa, entre otras cosas, preguntarse sobre el papel de la cultura, especialmente de la educación, en los procesos de constitución de las subjetividades contemporáneas y sobre los problemas que forman parte de la vida cotidiana de nuestras sociedades (violencia, exclusión, corrupción, pobreza, miedos). En otras palabras, atreverse a pensar en la política y la educación ciudadana supone adentrarse en lo cultural, en el lugar de la construcción del sentido de la vida, y trascender las urgencias del presente y el debate centrado en los ropajes democráticos y en las situaciones políticas coyunturales, para hablar con libertad y explorar la misma esencia de lo político y su importancia. Se trata de asomarse al futuro y preguntarse por la clase de mundo que se quiere construir y por lo que cabe esperar.

Pensar en la política, la democracia y la educación implica, desde mi punto de vista, colocarnos en el eje de los derechos ciudadanos desde su integralidad y reivindicar la educación como derecho social desde la ciudadanía, no sólo desde la condición social de los habitantes de un territorio determinado.(2) Supone, asimismo, introducirnos en la dimensión subjetiva de la política y considerar que las personas y los grupos sociales no son simplemente moldeados por las condiciones estructurales, sino que ellos dan sentido propio a las condiciones que estructuran sus vidas en multiplicidad de situaciones. Significa, pues, concebir que la ciudadanía no se restringe a un status jurídico o condición jurídico-política básica del individuo dentro de un Estado, sino que es también una práctica social, esto es, una práctica de compromiso orientada a la participación en el ámbito público que demanda una mayor implicación de los ciudadanos en la esfera política.

Ahora bien, una concepción amplia e integral de la ciudadanía supone contar con un concepto amplio de democracia y evitar su acotamiento electoral. La integralidad radica en el reconocimiento, promoción, ejercicio y exigibilidad del conjunto de derechos ciudadanos: los civiles, los político-electorales y los económicos, sociales y culturales. Desde esta perspectiva, los derechos político-electorales no pueden entenderse como separados de las otras constelaciones de derechos, pues el ejercicio pleno de un tipo de derechos depende de la efectividad de los otros. En otras palabras, los derechos políticos cobran total sentido en su interdependencia con todos los derechos ciudadanos, los cuales no se entienden ni se ejercen de manera aislada y su ejercicio conlleva la exigibilidad de otros derechos fundamentales.

La emergencia de la ciudadanía, como bien apunta López Jiménez, supone un cambio en la perspectiva de la relación fundamental entre gobernantes y gobernados(3). Éstos desarrollan un conjunto de derechos y responsabilidades; el Estado los reconoce como sujetos de derechos (en sus constituciones, leyes e instituciones) y ha de garantizar su ejercicio, lo que significa un cambio en las relaciones de autoridad en lo político, cultural, jurídico, ético, económico y social. Pero el problema ahora no radica en el fundamento de los derechos, sino en la garantía de su ejercicio, o sea, en su traducción efectiva en prácticas ciudadanas.

Todo proceso político, particularmente los procesos de democratización, está sometido a distintas tensiones entre el pasado (duración) y el futuro (construcción del mañana); el manejo de lo necesario y de lo posible; el conflicto y el consenso; una dimensión normativa e ideal de democracia y la experiencia concreta de las prácticas ciudadanas reales; el reconocimiento universal de los derechos ciudadanos y el ejercicio limitado de los mismos, entre otras tensiones propias de la política.

Lo cierto es que la democracia que tenemos es nuestra y exige una evaluación democrática para empujarla hacia delante, a partir de una concepción de la democracia basada en la ciudadanía. Para hablar de calidad de la democracia hay que preguntarnos por la ciudadanía, por sus condiciones de vida que hacen o no posible el ejercicio pleno de sus derechos –de todos sus derechos–, particularmente a la educación. El orden democrático aparece ahora asociado no solamente a mejores reglas de representación política, sino también a resultados sociales, lo que revela una conexión estrecha entre democracia y equidad social.

En efecto, hoy los ciudadanos descubrimos que la democracia puede ser aplicada en otros campos de los tradicionalmente esperados, como el electoral; generamos nuevas aspiraciones y expectativas sobre su funcionamiento y la valoramos con base en nuestra experiencia cotidiana como ciudadanos. En este sentido, más allá de lo electoral, incluso más que un atributo general de todo el sistema político, la calidad de la democracia tiene que ver con el efecto acumulado del desempeño institucional y de la actividad de los ciudadanos en múltiples áreas y esferas públicas.

En la actualidad, es imposible referirnos a los temas de la calidad de la democracia, de la educación y de la política sin considerar el contexto en el que ocurren los procesos de democratización social y política. Para efectos prácticos, de intervención educativa dirigida a la formación del capital social que requiere la democracia para gestarse, sostenerse y profundizarse, es necesario trascender los abordajes abstractos para arribar a consideraciones contextuales y empíricas, a las realidades que expresan situaciones de discriminación, exclusión, desigualdad, marginación y negación de los derechos fundamentales, en las que operan las categorías de la diferencia social.

Asimismo, la realidad nos obliga a considerar los distintos circuitos en los que se construyen y funcionan las instituciones de la democracia y tienen lugar las complejas relaciones entre ellas y la sociedad. No podemos ignorar, pues, que son los escenarios concretos los que permiten observar y transformar el vínculo y las relaciones específicas entre los ciudadanos y el sistema político, identificar las singularidades y posibilidades de las instituciones políticas y dar cuenta de los procesos de democratización en la sociedad, en su temporalidad y espacialidad.

Frente al actual panorama de una política desarraigada de sus implicaciones cotidianas, vitales y grupales, a lo que Norbert Lechner se refería como pérdida de la centralidad de la política y erosión de los mapas interpretativos de la realidad, emergen preocupaciones e interrogantes en torno a la construcción de la ciudadanía del presente y del futuro de México. Se entrelazan y acumulan percepciones, datos, reflexiones teóricas y constataciones empíricas poco alentadoras, sobre todo cuando apostamos por el orden democrático y el ejercicio pleno de las ciudadanías: el “analfabetismo democrático”; la decadencia de los partidos políticos; la ruina del capital social y el debilitamiento de los vínculos sociales y del compromiso cívico; el desencanto hacia la política y los políticos; el malhumor y el descrédito de la política junto con el déficit pedagógico y de socialización.

En esta época de desencanto frente a la política y de dificultades, la ciudadanía nos exige, en primer lugar, reconocer que la desafección hacia la democracia tiene que ver con las formas de hacer política, las cuales a su vez derivan, en buena medida, de los modos de pensar la política; en segundo lugar, priorizar los temas de la cultura política democrática, las prácticas ciudadanas y la formación de la voluntad ciudadana, sobre todo cuando pensamos en la consolidación de la democracia en nuestro país y, por tanto, en la exigencia de ciudadanos participativos que den sentido.

La dimensión subjetiva de la política importa y mucho; ofrece a los ciudadanos la oportunidad de reconocer su experiencia cotidiana como parte de la vida en sociedad y la vinculación entre la biografía personal (intereses, creencias, emociones e imágenes) y la política. En suma, esta dimensión refiere la imbricación de la experiencia subjetiva y el orden político. Sin embargo, observamos que la dimensión de lo público aparece como un universo ajeno y poco confiable, junto con múltiples e inquietantes déficit asociados con el atraso cívico y cultural que existe en nuestro tejido social.

Desde este nexo complejo entre política, democracia y educación, comparto la idea de que la educación es un hecho político que puede contribuir a la transformación social y cultural y que, como proceso dinámico, desborda los límites de los aprendizajes formales para vincularse prácticamente a la realidad social y política con una intencionalidad transformadora. Lo cierto es que la educación se mueve fundamentalmente en el terreno de la producción simbólica, esto es, de la cultura; en esa medida, juega un papel crucial en el proceso de construcción de las ciudadanías y le corresponde dotar de densidad simbólica a la política, es decir, de símbolos para crear y fortalecer lazos de pertenencia e identificación con la democracia.

Por otra parte, el vínculo entre la política, la democracia y la educación exige abordar la relación existente entre la ciudadanía y la desigualdad social, y valorar el papel clave de la educación en la disminución de las desigualdades, de las desigualdades que produce la misma ciudadanía al tratar de homogeneizar las diferencias de diverso tipo para imponer su universalidad. Se precisa, pues, considerar las formas en que la desigualdad determina un acceso diferenciado a los derechos y a las prácticas ciudadanas.

El proceso de construcción de la democracia tiene que ver con los niveles de construcción de la ciudadanía, no sólo con el perfeccionamiento de las leyes que rigen los espacios políticos. Por sus mismos fundamentos, la democracia requiere de las energías de los ciudadanos para que contribuyan a su sostenimiento y profundización. Dicho en otras palabras, no hay democracia que se sostenga con firmeza y permanencia sin una base ciudadana enterada e interesada en la «cosa pública», es decir, en sus instituciones, actores, problemas, proyectos y aspiraciones.

La construcción de ciudadanías demanda una tarea educativa forjadora de ciudadanos interesados y responsables, de personas que comprendan que los problemas sociales son de todos y nos afectan a todos. Es necesario formar a la ciudadanía no sólo en el conocimiento de sus derechos, sino sobre todo en la participación y en el ejercicio de la razón y la deliberación asociada a lo público, de manera que se pueda ligar el ejercicio de los derechos ciudadanos con el compromiso de los individuos y grupos con el destino de la sociedad.

Hay que tener en cuenta que, como todo concepto, la ciudadanía es una construcción social y en esa medida es importante conocer las ideas que la fundan y las condiciones materiales e institucionales que la soportan. Como práctica, y referido al ciudadano que ejerce sus derechos, la ciudadanía también implica un proceso de formación que arranca en las primeras etapas de socialización política del individuo y se desarrolla durante la vida en común.

El hecho democrático pasa, de manera obligada, por la formación y la acción de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la sociedad. De ahí que se requiera de un trabajo cívico que asuma que lo cívico siempre hace referencia al reino de lo público y que garantice que los derechos ciudadanos se conviertan en una realidad social palpable. Desde mi punto de vista, en sintonía con las reflexiones previas, es indispensable impulsar estrategias de educación cívica basadas en el desarrollo de competencias y de capacidades de los ciudadanos y futuros ciudadanos para actuar en el contexto de una esfera pública plural, que:

· Promuevan y construyan condiciones que alienten y favorezcan una participación ciudadana intensa, responsable, informada y crítica en torno a los asuntos de interés público. Se trata de la formación de ciudadanos que contribuyan al funcionamiento de la democracia, con capacidad de intervenir e influir efectivamente en ella y con un interés sostenido por la vida pública en el curso del tiempo.
· Formen ciudadanos dispuestos y capaces tanto de formular y gestionar sus demandas por los cauces institucionales como de resolver conflictos en el marco del Estado de derecho.
· Contribuyan a transformar la información en conocimiento y el conocimiento en acción, en una sociedad en la que su pluralidad exige el tolerante tratamiento de la diversidad y de las diferencias.
· Recuperen la dimensión creativa del ser humano, uno de los rasgos que nos hacen sentir la excelencia de sus capacidades y la magnitud de sus posibilidades, y logren conjugar la acción política y la acción pedagógica en el terreno de la innovación.
· Habiliten a las personas para ejercer sus derechos ciudadanos y responsabilidades públicas, esto es, para participar en las decisiones y proyectos que se asumen desde la vida política y social.
· Pongan a dialogar la dimensión de los derechos y la dimensión de las responsabilidades ciudadanas.
· Generen conocimientos renovados, susceptibles de ser incorporados con éxito en la agenda de la educación cívica.
· Recuperen la política como capacidad propia de los ciudadanos.

La formación de la ciudadanía, en un proceso siempre inacabado, acompaña necesariamente las transformaciones democráticas y la renovación de nuestra cultura política. No sólo es deseable, sino que recae en el apremiante y exigente campo de las necesidades, el desarrollo y la afinación de las capacidades de intervención de los ciudadanos en la esfera pública. «Nosotros» y los «otros» son un asunto de la democracia, de la política y de la educación, de la convivencia democrática y del régimen democrático. En esto radica su sentido: en la naturaleza de lo diferente, en la recreación de la pluralidad y en el reconocimiento de la diversidad.

Notas
1. Norbert Lechner, Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política, LOM ediciones, Santiago deChile, 2002, p. 8.
2. Los derechos sociales tienen que ver con la participación en el bienestar producido por la colectividad.
3. Sinesio López Jiménez, Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú, Instituto de Diálogo y Propuestas, Lima, 1997.