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Quiero
agradecer a la Universidad Veracruzana esta sorprendente y fantástica
distinción de la que me hace objeto, al rector Raúl
Arias Lovillo, a las autoridades de la UV y a la comisión
que decidió incluirme en esta distinción. Al reconocer
a Gilberto Guevara se está reconociendo a mi generación,
la del 68, la aportación que este grupo de jóvenes
estudiantes hizo a la democracia, que no fue poca, por cierto.
Comenzaré
con una reflexión sobre educación
La democracia requiere de una educación democrática,
como lo dijo Norberto Bobbio en un estudio de cultura política
a principios de los sesenta, en que señala que “se
necesita una cultura política democrática para que
haya democracia”. Pero esa cultura democrática se forma,
no es algo natural. Ninguna sociedad hereda la democracia biológicamente;
es un resultado de interacciones, decisiones, reflexiones, mediaciones,
etcétera. La principal manera de aprender política
democrática es en la práctica democrática.
Los ciudadanos aprenden democracia viendo, como dijo José
Woldenberg, a los políticos. Éstos son los primeros
maestros en democracia.
El segundo papel lo juegan los medios de comunicación –que
son como una mediación entre los políticos y la sociedad–
en los que, a veces, desaparece la mitad del mensaje o llega adulterado.
Por eso el problema de los medios es un problema de la democracia.
¿Cómo lograr que tengamos medios honestos y cómo
hacer que los mediadores, los comunicadores, tomen actitudes éticas
y de responsabilidad ante la comunidad nacional cuando cumplen su
oficio de mediadores en la comunicación?
Otra forma de aprender política es al ejercer nuestros derechos
como ciudadanos, por ejemplo cuando una comunidad se organiza para
reclamar la vigencia de un derecho o la satisfacción de una
demanda específica, como pedir que les pongan drenaje o que
les construyan una escuela. En las décadas de los sesenta
y setenta, desde la izquierda se decía: «La clave pedagógica
para aprender política es la participación, y participación
quiere decir acción y acción significa acción
colectiva», aunque esta fuera o no respetuosa de las normas
jurídicas.
La
principal escuela política son los movimientos
Se dice que la mejor escuela de educación política
es la participación en los movimientos. La reflexión
crítica de quienes intervenimos en movimientos, como el de
1968, es muy clara: a veces la actividad, en sí misma, es
un principio de irracionalidad. En ocasiones, la agrupación
o la constitución de una multitud –como decía
Freud– liquida la racionalidad y prevalece ante las emociones,
pasiones y conductas irracionales. A veces la acción se convierte
en una escuela de civismo negativa porque no toma en cuenta los
derechos de los demás, ni las normas que, en el marco de
una sociedad democrática como la que tenemos ahora, debemos
entenderlas como producto de la sociedad, de la soberanía,
del acuerdo de los mexicanos. Las normas son producto de una relación
de reciprocidad entre los mexicanos y su fin es regular a la comunidad.
Cuando un movimiento pierde de vista las normas o, por ejemplo,
cuando unos vecinos deciden que por tener un problema de electricidad
van a cerrar una avenida, el interés de unos pocos se pone
por encima de los derechos de los demás. La ciudad de México
frecuentemente está trastornada por grupos de no más
de 50 personas que tienen un problema concreto. En este caso, el
interés de un pequeño grupo se pone por encima del
de la ciudad o de la comunidad y hay un conflicto de intereses mal
resuelto porque trastoca el orden jurídico que se dio en
la sociedad democrática.
La escuela, en los niveles preescolar, primaria y secundaria, así
como en la universidad, tiene también un papel importante
en la educación de los ciudadanos. La universidad forma líderes
y debemos preocuparnos de que forme líderes democráticos.
¿Cómo vamos a formarlos? Para esto hay que resolver
varios problemas. Primero, necesitamos que la universidad genere
conciencia ciudadana. Es importante reconocer que en el nivel universitario
los educadores tenemos una responsabilidad, en las preparatorias
sobre todo, pero también en las licenciaturas.
Los jóvenes posponen cada vez más su ingreso a la
madurez, a la vida ciudadana. Es una especie de complejo que he
nombrado en otras charlas como «Síndrome de Peter Pan»,
es decir, los niños que quieren ser siempre niños
y que cuando cumplen la mayoría de edad quieren seguir siendo
niños, viviendo en la casa y tener la protección de
papá y mamá. Este es un fenómeno actual, no
lo había hace 30 ó 40 años.
Lo que ocurre es que esta infantilización va asociada a muchas
otras cosas. Por ejemplo, un fenómeno sorprendente que advertimos
quienes somos maestros en cualquier escuela es la inteligencia de
los jóvenes de las nuevas generaciones, su capacidad de asociación
y, también, no son tan aprensivos como nosotros lo fuimos
en nuestra edad juvenil. Las nuevas generaciones son más
libres. Nosotros peleamos porque hubiera respeto a los derechos
de los niños y de los jóvenes en los años pasados,
y ahora hay más respeto, aunque todavía es insuficiente.
Para educar en ciudadanía, la universidad necesita dialogar,
tomarse en serio esa educación como un fin y, desde luego,
revisar sus prácticas pedagógicas, pero también
es muy importante que la universidad se organice, que revise conceptos
que hasta ahora han pasado como moneda corriente en la institución,
como el de autonomía, lo cual no significa que la universidad
se aísle de la sociedad. Esto es muy importante. Muchos académicos
insisten –por razones de las inercias corporativas que ahora
dominan en el mundo académico– en defender sus comunidades
académicas de la influencia del Estado, y no cabe duda que,
en ciertos momentos de la historia, el Estado se ha excedido, sobre
todo después de la Revolución Mexicana, en que hubo
muchos abusos y qué más abuso que el ocurrido en 1968.
Por ello se debe revisar el concepto de autonomía universitaria.
La universidad debe someterse a la vigilancia democrática
de la sociedad, tiene que rendirle cuentas, no puede estar de espaldas
a la democracia y a la soberanía democrática, tiene
que responder a los ciudadanos. Por otro lado, hay que combatir
toda esa idea republicana de la universidad.
En los años setenta, los del Partido Comunista luchamos mucho
en la UNAM porque algunos defendían la idea de que sí
debíamos ser como un gobierno. Esta es una idea que vino
de Argentina, del Manifiesto de Córdoba, pensar falsamente
que la Universidad es una república y, por lo tanto, en esa
república del conocimiento, los estudiantes deben tener la
soberanía, ya que son equivalentes al pueblo; sin embargo,
la verdad es que, en estricto sentido, si existe una soberanía
estudiantil, necesariamente entra en conflicto con la popular. No
puede ser que dentro del Estado exista otro Estado, no puede ser
que exista, paralelo o en conflicto, dentro del Estado nacional
un Estado universitario. En otras palabras, el concepto democracia
en la universidad no necesariamente significa elegir por voto universal
a los rectores. Aunque se practica y existe, desde el punto de vista
de la salud académica de las universidades tenemos que poner
en entredicho ese mecanismo, porque al final tenemos los rectores
más populares y no necesariamente a los administradores o
académicos más competentes, que es lo que las universidades
necesitan para mejorar.
¿Cómo hacer líderes democráticos? Primero,
hay que formarles conciencia de lo que es la democracia y la nación;
en segundo lugar, desarrollar su responsabilidad, y en tercer lugar,
ampliar sus competencias para gobernar. Algo sorprendente es que
sólo la escuela privada está recogiendo los perfiles
de competencias que tienen los gobernantes y los está metiendo
en sus planes de estudio. La universidad pública lamentablemente
va rezagada en eso. En la maestría en Políticas del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
están tomando los perfiles que debe de tener un Secretario
de Educación y están tratando de aplicar esos perfiles
a la práctica de entrenamiento de cuadros. Hay que formar
líderes con ética y competencias técnicas en
la Universidad.
La
educación básica es la educación universal
Evidentemente estamos ante un problema. Primero, porque en una sociedad
democrática los ciudadanos adultos, además de elegir
a sus gobernantes, tienen derecho a decidir cómo se va a
educar a la nueva generación de ciudadanos. Si los adultos
volvemos la espalda a esa obligación y a ese derecho, la
facultad de educar a los nuevos ciudadanos se diluye. Eso es lo
que está ocurriendo en México: los ciudadanos no nos
damos por enterados de la obligación y el derecho que tenemos
de educar a los nuevos ciudadanos.
Los padres de familia llegan y dejan a los niños en la escuela
a las ocho de la mañana y los recogen a la una de la tarde,
pero se preocupan muy poco por saber qué les enseñan,
qué están viviendo los niños, qué valores
y conocimientos están adquiriendo, y mucho menos se responsabilizan
de apoyar la vida escolar y de ayudar a atender los problemas de
la escuela; en consecuencia, tenemos una ciudadanía que no
está cumpliendo su responsabilidad ni ejerciendo su derecho
de educar.
Además, ¿qué tanto sabemos los ciudadanos de
la política educativa? Si hacemos una encuesta en este momento
para saber qué tanto conocen los ciudadanos de México
sobre el programa Escuelas de Calidad, sobre el Instituto Nacional
de Evaluación o Enciclomedia, vamos a encontrar, para nuestra
sorpresa, que hay una gran ignorancia de la política educativa,
porque tampoco hay en México un sistema que esté informando
a la sociedad sobre aquella. En gran parte, por eso inventamos la
revista Educación 2001 hace 11 años.
No hay información y el debate es deliberación. La
democracia es, fundamentalmente, deliberación y la deliberación
pública en materia educativa es muy pobre; incluso, ahora
el Secretario de Educación confiesa que el programa de la
Reforma Integral para la Educación Secundaria (RIES) es un
documento secreto, confidencial, y que por lo tanto no lo han podido
dar a los periodistas. Esto, además de absurdo, es una fuerte
tradición en la Secretaría de Educación Pública.
La información de las estructuras educativas no fluye, pero
además, si alguien va a una escuela y se quieren informar
de qué pasa en la escuela o intenta entrar a ésta,
es muy difícil lograrlo si no es maestro o alumno. Esto pasa
en preescolar, primaria y secundaria. Es muy difícil entrar
a las escuelas porque hay un régimen de hermetismo inexplicable
dentro de las mismas. Por ejemplo ¿cómo nos enteramos
que en 1995 hubo el examen del IEA que incluyó a 28 a países
dentro de los cuales estaba México y que este ocupó
el último lugar? La Secretaría de Educación
Pública guardó los resultados hasta hace dos o tres
años. Quienes son maestros saben que hay, por lo menos, dos
exámenes en primaria y por lo menos uno en secundaria que
hace la SEP y la información no fluye o fluye muy lentamente,
o si alguien quiere saber los resultados tiene que ir al Instituto
de Transparencia.
Si quieren saber cuánto cobra el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación por cuotas y cuánto le toca a la profesora
Elba Esther Gordillo, vayan al Instituto de la Transparencia porque
no hay información.
Cuando se lanza la reforma de la secundaria, ¿quiénes
protestan por esas reformas? Los profesores son los primeros que
se oponen. Los buenos profesores dicen: “Aquí viene
más trabajo, entonces tengo que cambiar mis hábitos”,
o por otro lado: “La materia que enseño va a desaparecer
y me voy a quedar sin chamba”. Son los profesores, el sindicato
y los padres de familia quienes reclaman, pero principalmente los
profesores. ¿Recuerda alguien alguna reforma educativa en
los últimos 50 años que no haya generado controversia?
En 1959 el plan de 11 años, el libro de texto gratuito, es
decir, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, las reformas en los libros de historia, etcétera.
Cada vez que se toma una decisión educativa sucede.
En lo que tenemos que pensar es en cómo está estructurada
la autoridad educativa y no en cuál es la decisión.
Necesitamos que haya una autoridad educativa democrática
porque lo que hoy ocurre es, reconozcámoslo, que tenemos
un sistema en donde todo lo normativo está en manos de la
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP,
lo que quiere decir que, por ejemplo, los grupos de técnicos
deciden los programas de educación preescolar, así
como los libros de texto y la RIES. El problema de la RIES –quienes
estamos en educación lo sabemos– es que quienes han
encabezado la reforma son un pequeño grupo de gente muy pretensiosa,
con todo respeto, pero manejan la información educativa patrimonialmente
como una propiedad privada. Hay una competencia entre grupos de
investigación y expertos y, finalmente, la información
y el conocimiento son un poder que usan unos contra otros. Esto
es algo muy lamentable que ocurre en el sector educativo y eso pasa
con la RIES. La autoridad educativa no es democrática, hay
una tecnocracia que decide la norma.
Ahora, ¿cómo se deciden las relaciones laborales en
México en el sector educativo? Primero se negocia un presupuesto
entre el Congreso y el Presidente, además ahí hay
un conflicto que se soluciona democráticamente acudiendo
a la Suprema Corte de la Nación, que este año lamentablemente
ya se está anunciando. El siguiente problema viene con la
negociación nacional, en mayo. El 15 de junio hay un acuerdo
laboral a nivel federal con el sindicato nacional. ¿Con qué
se regula esa relación laboral? Con el Convenio Colectivo
de Relaciones de Trabajo en Educación, que es un convenio
que se firmó en 1946, en la época de Miguel Alemán
y sigue siendo el convenio actual. Ese convenio establece una serie
de disparates corporativos, por ejemplo, que los directores, supervisores,
jefes de sectores y otros sean trabajadores de base de la empresa
y del sindicato y, por lo tanto, la relación de jerarquía
que debe haber entre jefes y subordinados en cualquier empresa,
en el sector educativo es muy difícil de establecer porque
los directores son trabajadores de base de acuerdo con ese contrato.
¿Quién nombra a los directores? Oficial y legalmente
el sindicato. ¿Quién nombra a un supervisor? Oficial
y legalmente el sindicato. Entonces, se ha permitido que en una
cierta zona del sector educativo en escuelas primarias y preescolares,
los directores se nombren a través de concursos de oposición;
por cierto que en Veracruz se ha extendido bastante, pero de iure,
como se dice, la facultad es del sindicato. O sea, la ley está
con el sindicato, éste debe nombrar al director, sin embargo,
no es una estructura democrática.
Si los grupos tecnocráticos con criterios menores y mezquinos
deciden las normas y, por otro lado, en la operación de los
poderes hay normas tan obsoletas y además se le da tanta
facultad de decisión a la organización gremial, estamos
ante una autoridad educativa mal educada y mal estructurada, pero
lo peor es que la sociedad, en ese núcleo educativo, no cuenta
para nada. ¿Qué papel tienen los ciudadanos en la
educación? Si alguien tiene una queja contra la escuela donde
van sus hijos, ¿qué puede hacer contra la escuela?
Va uno a hablar con el director pero no hay una estructura donde
se pueda quejar, hay una estructura muy secundaria sin ninguna facultad
normativa de decisión que se llama asociación de padres
de familia. Se necesita reunir un buen grupo de padres para poder
presionar al profesor. Las asociaciones son fuertes en las zonas
ricas de clase media alta pero son muy débiles en las zonas
pobres; en éstas los profesores cometen, a veces, abusos
excesivos. En contrapartida, cuando a un profesor se le pasa la
mano en una escuela, por ejemplo de Tlalpan en el DF, la asociación
de padres lo presiona muchísimo.
Necesitamos, entonces, revisar en profundidad la educación
superior, los términos de la democracia y la estructura de
la autoridad educativa, así como los fines de la educación.
La calidad educativa no abarca necesariamente la educación
cívica, ni la necesidad del profesor o su obligación
de formar niños autónomos, autocríticos, libres.
La calidad es una palabra que viene de economía y que se
refiere, sobre todo, a los aspectos técnicos, instrumentales
de la educación. Por lo tanto, hay que revisar los conceptos
que usamos para esta reforma educativa democrática. Necesitamos
cambiar las escuelas. Veamos, con mucha distancia crítica,
a Foucault, en cuanto a vigilar y castigar. No es gratuito que Foucault
se refiriera al ordenamiento de las escuelas. Los niños experimentan
esto 10 meses del año durante cinco horas: “Siéntate”,
“no te muevas”. Muchas veces, el profesor más
prestigiado es el que más guarda la disciplina en el salón
de clases. Esos son los valores que siguen rigiendo el sistema educativo.
Entonces todo esto es lo que tenemos que cambiar.
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