Es
inevitable. Las universidades públicas en América
Latina enfrentan hoy quizá el más desafiante de los
retos impuestos por el contexto de la época contemporánea:
responder a las transformaciones de una sociedad caracterizada por
la revolución científica y tecnológica, por
el ascenso del conocimiento como un elemento crucial para abrirse
paso en la sociedad de la información y, desde luego, por
las vicisitudes propias del esquema económico de la globalización.
Como apunta Brunner2, la universidad enfrenta una incapacidad radical
en el sentido de que no expresa, ni lejanamente, una síntesis
reflexiva de la época y sus cambios. No se trata de una crisis
del funcionamiento de la universidad (organización, gobierno,
etcétera), sino que es la propia «idea de universidad»
–su espíritu, por decirlo así– la que
está desalineada, en desequilibrio, respecto del entorno.
Pensar la universidad pública es una tarea compartida; sin
embargo, el peso específico recae en ella misma. Sólo
enfocándola como una institución destinada a la producción
de conocimiento es posible precisar el rol que deberá jugar
actualmente y en los próximos años. Reflexionar acerca
de ella nos obliga a ubicarla como una institución que requiere,
con cierta urgencia, acelerar sus respuestas a los cambios del entorno.
Y es que las redes sociales se encuentran en un proceso constante
de reorganización, siguiendo patrones comunes con las redes
tecnológicas que abren paso a un mundo de información
y comunicación anteriormente impensable.
La nueva dinámica social de estructuras en red impone serias
encrucijadas a la institución universitaria. Según
Castells3, las redes constituyen la nueva morfología social
de las sociedades y la difusión de la lógica en redes,
que modifica sustancialmente la operación y resultados de
los procesos de producción, experiencia, poder y cultura.
Ante las infinitas posibilidades que se abren con la sociedad de
la información, la cultura (con todas sus implicaciones simbólicas,
de conocimiento y educación) cuenta ahora como uno de los
capitales más sólidos en el desarrollo de cualquier
país; se transforma en factor decisivo para la riqueza de
las naciones.
Para Brunner, las expresiones de educación –encarnadas
en signos, ideas, imágenes e información– empiezan
a circular a través de una vasta red de medios y canales
e interactúan de las más diversas maneras entre sí.
La educación pasa, entonces, a ser considerada como la principal
industria encargada de incorporar conocimiento en las personas y
desarrollar la capacidad de absorción social del conocimiento.
En el mundo de la información, uno de los principales retos
de las universidades no es sólo la formación y capacitación
disciplinaria, sino también el desarrollo de habilidades
para el manejo, uso, interpretación y desciframiento de la
información misma; es decir, la posibilidad de convertir
en conocimiento la vasta información disponible, aprender
a seleccionarla, procesarla y aplicarla. El saber y el saber hacer
tienen ahora una génesis multivariada, donde la información
y el conocimiento escapan, trascienden, el esquema tradicional de
la institución universitaria. |
En
México, como en otros países, durante casi tres décadas
creció sólo el Estado, es decir, éste incrementó
sus poderes y atribuciones, por lo tanto, se hizo cargo de más
funciones sociales, pero esto tuvo sus costos. Más tarde,
el Estado reajustó sus márgenes de intervención
y descentralizó funciones, en un ejercicio de repensar la
forma de asignación de recursos a la gestión pública,
tal como ha ocurrido con el sector empresarial. Es legítimo
pensar, entonces, que analizar las políticas, estudiarlas,
darles seguimiento y evaluarlas no son tareas irrelevantes, por
el contrario, su estudio permite calcular y anticipar sus costos
y beneficios. No existen en un plano abstracto los problemas de
salud pública, educación, campo, desempleo o migración,
sino diversas situaciones, modalidades, causas, oportunidades, problemas,
percepciones.
La universidad, a pesar de todas sus restricciones, es el espacio
que otorga la posibilidad de pensar y repensar los viejos y nuevos
problemas que emergen en el contexto de las necesidades de desarrollo
de un país. En ese sentido, es un espacio académico,
pero también un agente socioeconómico. Además,
aparte de ofrecer marcos de conocimiento, debe contribuir a la consolidación
de valores necesarios para el desarrollo social, como la vida democrática,
la justicia, la igualdad, la libertad, tarea impensable desde la
perspectiva de una educación privatizada. Por ello, la universidad,
además de espacio académico y agente socioeconómico,
es agente social y cultural.
Por otra parte, la universidad pública enfrenta una encrucijada,
pues, por un lado, requiere de autonomía, de la posibilidad
de pensar sin las presiones que propicia la vigilancia de los recursos
financieros con los que produce conocimiento, pero, por otro lado,
con toda su autonomía, está sujeta a una rendición
de cuentas cada vez más restringida en cuanto a las acciones
que debe reportar. Este sector educativo tiene, pues, una doble
necesidad: reportar detalladamente que el uso de su presupuesto
se corresponde con un modelo preconcebido y atender sus propios
problemas, los que devienen de su historia institucional, los que
son producto de su ámbito interno. Aquí es donde las
agencias externas encuentran las mejores condiciones para financiar
la educación superior.
Además, la universidad pública ha incrementado cada
vez más su dependencia con el Estado y se encuentra sometida,
por lo menos parcialmente, a ritmos, tiempos y restricciones marcados
también por el propio Estado. La idea de autonomía
institucional ha caído en el abandono, pues las universidades
cada vez encuentran mayores dificultades y retos para plantearse
y cumplir sus propios objetivos.
Las
universidades públicas en los albores del siglo XXI
De acuerdo con los trazos generales que caracterizan a la educación
superior de nuestro país y de América Latina, se advierte
que los retos que imponen la revolución tecnológica,
la sociedad de la información y el efecto de la globalización,
entre otros, se perfilan como «buenos pretextos» para
completar una tarea inconclusa desde hace varias décadas:
la evaluación de los objetivos institucionales para definir
cuáles de las prácticas universitarias deben ser reconsideradas
y cuáles definitivamente deben permanecer de cara a las demandas
del siglo que inicia.
Es lamentable que, en el contexto que enfrentan actualmente, las
universidades públicas tiendan más a la burocratización
del uso y aplicación de recursos tecnológicos, que
a garantizar a todos el acceso a dichos recursos. Como ya hemos
visto, las nuevas tecnologías ofrecen a dichas instituciones
–y a otras en general– amplias oportunidades para reorganizar
tanto sus funciones de conocimiento como sus procesos de gestión
interna. De hecho, son innumerables las universidades que empiezan
a reestructurarse y adoptan modalidades de coordinación que
las alejan del modelo burocrático, jerárquico, centralista
o piramidal, al tiempo que las aproximan a modalidades de funcionamiento
en red4.
Tampoco conviene que los planes y programas de estudio continúen
siendo una tarea pendiente en cuanto a su redefinición, saturados
de actividades dentro del espacio escolar y con poca proyección
a los mercados laborales. Actualmente, tenemos que un número
creciente de puestos de trabajo requiere que las personas descifren
información técnica, es decir, saberes especializados
en el terreno de la informática. Los cambios en las estructuras
del empleo parecen estar lejos de ponerse en la frecuencia del ritmo
de producción de capital humano especializado que corresponde
a las instituciones de educación superior.
Por otra parte, no se puede soslayar el hecho de que las instancias
universitarias operan bajo la base de una reglamentación
obsoleta, cuando los vaivenes que impone el ritmo de financiamiento,
el cumplimiento de indicadores y las demandas externas exigen una
flexibilidad normativa que necesariamente debe acoplarse a la frecuencia
con la que se replantea el hecho educativo.
La tarea de evaluación puede extenderse, asimismo, a las
políticas públicas, para convertir en prioridad la
construcción de estrategias que renueven y atiendan los rezagos
que las universidades tienen desde varias décadas, entre
ellos, las organizaciones verticales que todavía caracterizan
a muchas instituciones, el poder concentrado sólo en unos
cuantos que deciden las políticas dentro de la institución,
los mecanismos de atención a las cuestiones de gobernabilidad
basados en prebendas y otro tipo de prácticas que terminan
por hacer un gran daño a los principios que se plantearon
originalmente las universidades.
Desde la implementación de una bolsa de recursos provenientes
de la propia federación (FOMES, PIFI, etcétera), se
ha propiciado que las universidades estén a la expectativa
de un financiamiento etiquetado, predeterminado en una lista de
acciones que, según los expertos en políticas, pueden
definir el rumbo de la educación superior. Un ejemplo de
ello está representado en la idea de innovación, la
cual ha sido considerada como una de las acciones más relevantes
en el ámbito de la educación superior en las últimas
dos décadas; de hecho, las universidades han sostenido, por
lo menos parcialmente, un ritmo de innovación que demanda
que nuevas acciones y procesos sean incorporados en las agendas
institucionales.
Como afirma Acosta5, el discurso de la innovación, de la
creatividad y del autoaprendizaje ha opacado el viejo arte de la
transmisión de conocimientos y ha dejado de lado la generación
del conocimiento y la transmisión del saber como las prácticas
nucleares de la universidad. Para ello se ha requerido de insumos
como profesores calificados, bibliotecas equipadas para formar lectores,
estudiantes y ciudadanos, y centros de autoacceso. Estas prácticas
son las que hacen que la escuela represente, como ninguna otra institución
social, el tiempo y el lugar para cultivar el interés por
la lectura y el conocimiento.
La
universidad, un patrimonio educativo
Las universidades públicas son un patrimonio educativo, cultural,
social. Son las instancias que históricamente se han encargado
de redistribuir el conocimiento, de convertirlo en un bien social,
por lo que deberían continuar con estas funciones. Pero,
¿cómo debe enfrentar la educación los
grandes retos que impone su propio rol, como contribuir al desarrollo
social, económico, cultural?
El cuestionamiento anterior, sin duda, da lugar a una reflexión
pendiente: cómo hacer que en la universidad coincidan tanto
su rol social asignado desde mucho tiempo atrás, como el
nuevo papel que ha de jugar dentro del mundo globalizado.
Sin lugar a dudas, hay mucho trabajo por hacer, y pocas certezas
apoyan la redefinición de la educación superior y,
sobre todo, del papel que han de desempeñar las universidades
en el nuevo contexto. Quizá una de las pocas certezas es
que la privatización del conocimiento acecha como una pesada
sombra que presiona desde muchos escenarios, ya que, desde que el
conocimiento se convirtió en un bien, pasó a formar
parte de la dinámica de acumulación, muy asumida en
el modelo neoliberal del desarrollo y el funcionamiento económico
y social.
Por fortuna, la universidad no sólo es un conjunto de reglas
ya escritas, sino que su sentido como institución del conocimiento
se construye cada día, en virtud de que sus actores no son
entes estáticos que únicamente obedecen las disposiciones
establecidas, sino que juegan, crean y recrean sus estrategias permanentemente.
La universidad debe seguir siendo aquella instancia que garantiza
los derechos de opinión; de hecho, universidad significa
universalidad, el espacio de la crítica, de la construcción
de nuevo conocimiento, del seguimiento y análisis académico
especializado en cuestiones propias del sector social. Tiene sus
retos, claro ha quedado, pero por los objetivos que persigue, tiene
compromisos cada vez más serios, uno de ellos –quizá
el más serio de todos– es el de permanecer como la
instancia que trabaja con conocimiento, es decir, con el recurso
más preciado del hombre contemporáneo.
Bibliografía
- Acosta, Adrián. Estado, políticas y universidades
en un periodo de transición, FCE-UdeG, Guadalajara, 2000.
—————. “Educación: caminando
en círculos”, en Nexos, 2006, núm 338.
- Aguilar, Luis. El estudio de las políticas, FCE, México,
2000.
- Brunner, José Joaquín. Educación e Internet
¿la próxima revolución?, FCE, Chile, 2003.
—————. Universidad y sociedad en América
Latina, UAM-ANUIES, México, 1987.
- Castells, Manuel. La era de la información, Alianza, Madrid,
1997.
- Crozier, Michel y Erhard Friedberg. El actor y el sistema. 1ª
edición, Alianza Editorial Mexicana, México, 1990.
- Hannan, Andrew et al. La innovación en la enseñanza
superior. Enseñanza, aprendizaje y culturas institucionales.
1ª edición, Edit. Narcea, Barcelona, 2005.
- Vries, Wietze de. El exorcismo de diablos y ángeles. Los
efectos de las políticas publicas sobre el trabajo académico,
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Tesis Doctoral, 2001.
NOTAS
1. Académico de la Facultad de Pedagogía de la UV
y Coordinador del Sistema Institucional de Tutorías de esta
institución.
2.
Véase José Joaquín Brunner, Educación
e Internet, ¿la próxima revolución?, FCE, Chile,
2003.
3.
Véase Manuel Castells, La era de la información, Alianza,
Madrid, 1997.
4
José Joaquín Brunner, op. cit.
5
Adrián Acosta, “Educación: caminando en círculos”
en Nexos , 2006 , núm 338.
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