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Garantizar
calidad educativa, compromiso esencial de las universidades públicas
Edith
Escalón |
En
torno a las universidades públicas giran opiniones positivas,
pero también críticas que afectan a estas instituciones
que tienen como objetivo no sólo formar capital humano para
la economía, sino también ciudadanos autónomos
con valores, con criterio, con educación. Se dice, por ejemplo,
que son fábricas de desempleados, que permiten la saturación
de alumnos en carreras tradicionales, que cada año rechazan
a miles de jóvenes que aspiran a ingresar a ellas, que están
politizadas… pero la realidad es que estas instituciones no
son responsables de lo que sucede en el campo laboral, sino los
gobiernos que no han sido capaces de generar los empleos que hacen
falta; que en México no es posible determinar cuántos
profesionistas se necesitan para cada área; que las universidades
no rechazan, sino que deben elegir a los mejores aspirantes, dado
que no tienen cupo para todos; que han trabajado para defender y
consolidar su autonomía, y que se esfuerzan por retribuirle
a la sociedad lo que ésta les ha dado.
También se opina que las instituciones de educación
superior pública se han fortalecido en los últimos
años, que están tratando de diversificar su oferta
académica para formar profesionistas en diversos campos,
que están realizando un enorme esfuerzo por mejorar la calidad
de sus programas académicos, que están ofreciendo
transparencia en el manejo de los recursos que reciben y que casi
la totalidad de la investigación científica del país
se realiza en ellas. Esto aclara el panorama de lo que es verdaderamente
la universidad pública y del papel que desempeña dentro
de la sociedad.
Si bien dichos avances son reales y visibles para muchos, en este
sector educativo existen diferentes retos que es necesario atender,
como el de adaptarse y transformarse con la rapidez que exige el
mundo actual; el de actualizar el proceso de enseñanza aprendizaje
(lo que implica que los docentes adopten nuevas técnicas
pedagógicas y se capaciten); el de impulsar un sistema para
que los profesores asuman la investigación como parte de
su labor y que los investigadores acojan la docencia; de mejorar
la infraestructura, y el de garantizar la calidad educativa.
Por otra parte, para poder avanzar y cumplir con sus objetivos,
las universidades públicas tienen que sortear una serie de
obstáculos: el principal, el bajo presupuesto que el Gobierno
Federal destina a las mismas, al que hay que sumar la distribución
desigual de los recursos económicos que se les asignan. Y
es que en el país existe una ceguera que impide ver que el
invertir en el sistema educativo y de investigación es la
llave para llegar al desarrollo económico y social que México
requiere, además de que son errados los criterios que se
siguen para repartir el subsidio a las instituciones.
Sobre esos temas y otros –como la propuesta de crear el Sistema
Único de Educación Superior, la proliferación
de universidades privadas de muy baja calidad y los valores que
debe promover la universidad pública– habla el rector
de la Universidad de Guadalajara, José Trinidad Padilla López,
quien fue entrevistado durante la XXXVII Asamblea General de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), celebrada en junio de 2006 en Boca del Río,
Veracruz.
En
los últimos años, los alarmantes índices de
desempleo profesional en México y el hermetismo del mercado
laboral han llevado a algunos sectores a calificar a las universidades
públicas como “fábricas de desempleados”.
¿Qué opina de esta crítica recurrente?
Pienso que es una crítica mal dirigida. En todo caso, la
crítica sería válida para los gobiernos que
no han sido capaces de concebir estímulos para generar los
empleos calificados que hacen falta en el país. Las universidades
no tienen mayor responsabilidad en el asunto del mercado laboral,
pues sólo generan profesionistas, es decir, recursos humanos
calificados que –se supone– deberían poder encontrar
un empleo. La única parte de la crítica que se le
podría hacer a las universidades es la que se refiere a la
matrícula, la cual se podría antojar excesiva en algunas
carreras de corte tradicional, cuyo mercado laboral, supuestamente,
está ya saturado, carreras como Derecho, Administración
o Contaduría. Sin embargo, también esa parte de la
crítica la encuentro inexacta, porque México no se
rige por la planificación centralizada del Estado al estilo
del antiguo modelo soviético, en donde es posible determinar
exactamente cuántos profesionistas se necesitan para tal
o cual rama, y sólo producir esos recursos humanos y no otros.
En una sociedad abierta y democrática, obviamente hay que
generar oportunidades de estudio muy diversificadas y dar, de una
manera razonable, oportunidad para que la gente estudie carreras
en las que probablemente se sienta más sólido, en
las que el aspirante pueda considerar que va a tener un mejor desempeño.
De todos modos, las universidades no pueden abrir ilimitadamente
la matrícula en este tipo de carreras porque no alcanzarían
los recursos; tenemos que priorizar y hacer una distribución
adecuada de la oferta educativa. Sí tenemos escuelas de Derecho,
de Contaduría, de Medicina, pero también contamos
con carreras que en el futuro serán muy necesarias para el
desarrollo del país: todos los matices que se agrupan en
las ingenierías, en la Bioquímica, en la Ingeniería
Biomédica, en la Genética, en las distintas ramas
de la Informática, en Mecatrónica, en Robótica,
en toda una serie de áreas donde, es cierto, aún son
pocos los aspirantes. |
El
problema es que en la población todavía existe la percepción
de que la única manera (o la más fácil) de generarse
una movilidad social es estudiar una carrera que pueda hacerse sin
mayores contratiempos, y entre estudiar Robótica, Mecatrónica,
Genética o Ingeniería Biomédica a cursar Derecho,
muchos prefieren estudiar esta última licenciatura. Lo que
sí creo que hay que promover –pero éste es un
asunto sobre todo del Estado mexicano– es un mercado laboral,
una estructura ocupacional de empleo más amplia. |
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Uno
de los retos más importantes de las universidades públicas
es adaptarse y transformarse con la rapidez que los cambios del
entorno exigen. Las universidades tienen que aprender a adaptar
su currícula para que sea más flexible, para que incorpore
nuevos enfoques pedagógicos, nuevos conocimientos. Una estrategia
para enfrentarlo consiste en articular la docencia con la investigación. |
En
el caso de las universidades, nuestra responsabilidad fundamental
debe ser la de formar recursos humanos bien capacitados, garantizar
la calidad de nuestros programas educativos y, sobre todo, garantizar
el mayor número posible de egresados, independientemente de
la cantidad de estudiantes que ingresen. Si entran 100 –aun
cuando deberían entrar mil– y egresan 10, habrá
un desperdicio enorme de recursos para la institución; pero
si de cada 100 egresan 99, 98 o 95, creo que estaremos cumpliendo
razonablemente con nuestro cometido. Pero
si de esos 95, la mitad no encuentra empleo…
Insisto, eso no depende de las universidades, sino de qué
tan constreñido esté el mercado laboral. Podemos generar
muy buenos ingenieros civiles, pero eso no determina su contratación.
Por ejemplo, hace 10 años, después del desplome de
la economía mexicana en el 95, la industria de la construcción
se restringió de una manera espantosa; no había recursos,
ni créditos, ni nada, así de fácil. El verdadero
problema es que las contracciones de los mercados laborales para
mano de obra calificada, para recursos humanos calificados, no dependen
de las universidades. |
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Entonces,
¿qué importancia deben darle las universidades
al mercado? ¿Cómo y hasta dónde deben responder
a sus necesidades, exigencias y demandas?
Creo que en esto el mercado no debe tener primacía. En términos
de economía o macroeconomía, yo siempre he sido partidario
de la intervención y regulación del Estado frente al
mercado; de hecho, no existe en ninguna parte del mundo, ni ha existido
nunca en la historia, el mercado totalmente libre y desrregulado,
es una ficción. |
Un
mercado así se comería a sí mismo. Yo creo en
las bondades del mercado, en una sociedad moderna, en la posibilidad
de elegir, y eso tiene que ver con el tema de libertad, por ejemplo;
pero para la formación de recursos humanos, el mercado –entendido
como la presión de los aspirantes que quieren entrar a determinadas
carreras– no siempre es el criterio que debemos seguir, porque
de ser así nos condenaríamos a privilegiar ciertas áreas
en detrimento de otras que también son importantes y que, aunque
quizá no tengan mucha demanda, son esenciales para el desarrollo
de un país.
Por ejemplo, si nos guiáramos por el mercado, en la Universidad
de Guadalajara tendríamos que abrir cuatro o cinco escuelas
de Derecho como la que existe ahora, tres o cuatro más de Administración
y, además, cerrar carreras como Letras, Historia, Filosofía,
Sociología, Física o Matemáticas, simplemente
porque hay muy pocos alumnos y eso hace que el costo por estudiante
sea altísimo; sin embargo, hacen falta matemáticos,
físicos, técnicos, filósofos, sociólogos,
etcétera. De guiarnos sólo por el mercado, estaríamos
cancelando posibilidades futuras para el desarrollo del país
y limitando la perspectiva universal que debe tener la universidad.
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Si
se aumentara el presupuesto a las universidades, éstas ofrecen
a cambio garantizar programas educativos de calidad, así
como la transparencia en el uso de los recursos, esto es, que se
sepa claramente cómo se invierte el subsidio, cuáles
son los resultados y cuál es el valor social que tienen las
instituciones. |
Sin
embargo, la exigencia social plantea que sea así.
Sí, pero hacerlo sería una ficción, un falso
positivo, una salida por la puerta falsa. Si abriéramos cinco
escuelas de Derecho, egresarían cinco veces más abogados
y luego ¿dónde iban a encontrar trabajo?
Por otro lado, es una ficción porque no es cierto que el mercado
le diga a una institución educativa cuál es su demanda.
No hay forma. Los empresarios no te dicen: “vamos a necesitar
tantos ingenieros durante los próximos cinco años”;
te dicen lo que requieren ahora, pero en cinco años, cuando
acabes de formarlos, la exigencia será otra, sobre todo porque
estamos hablando de ramas cambiantes de la industria o de servicios
que evolucionan muy rápido y que están generando otro
tipo de necesidades. Mi respuesta concreta es no, no es pertinente
regir por el mercado la formación de recursos humanos. Yo lo
diría al revés: son las instituciones públicas
las que determinan de alguna manera la oferta para el mercado en lo
que viene.
Usted
dirige una de las universidades más importantes del país
que, al igual que el resto de las públicas, enfrenta retos
de toda índole todos los días. ¿Cuáles
son los principales retos que tienen en común?
Uno de los más importantes es el reto de adaptarse y transformarse
con la rapidez que los cambios del entorno exigen. Te voy a poner
un ejemplo. Parte del conocimiento adquirido por un estudiante de
Informática o de Ingeniería Química en los primeros
semestres resulta obsoleto cuando egresa, tres o cuatro años
después; está bien tenerlo pero no va a tener aplicaciones
concretas o va a ser sustituido por conocimiento nuevo.
Las universidades tienen que aprender a adaptar su currícula
para que sea más flexible, para que incorpore nuevos enfoques
pedagógicos, nuevos conocimientos.
Una estrategia para enfrentarlo consiste en articular adecuadamente
la docencia con la investigación, es decir, la generación
de conocimiento nuevo con la transmisión de conocimiento nuevo,
y eso sólo se logra con ambientes de aprendizaje acordes que
le permitan al estudiante aprender permanentemente, actualizarse constantemente,
innovar y, al mismo tiempo, no perder pertinencia.
Esto sí se está haciendo, aunque ahí tenemos
problemas prácticos, porque gran parte de este reto tiene que
ver con un cambio de paradigma en el elemento humano que echa a andar
estos procesos: los profesores. |
El
paradigma educativo moderno se centra en el aprendizaje y no en la
enseñanza. Más claro, mientras el esquema tradicional
concibe al profesor como poseedor del conocimiento que transmite a
un alumno, el esquema moderno concibe al estudiante como un autodidacta,
cada vez más autosuficiente, orientado –eso sí–
por un facilitador que le ayuda al estudiante a adquirir conocimiento
y a lograr el aprendizaje; parece un cambio de matiz, pero es muy
esencial. |
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Las
universidades no son sólo formadoras de capital humano para
la economía, sino también de ciudadanos, de personas
con criterio, cada vez más autónomas, esto es, un
ciudadano auténtico, en términos reales. Éste
es un plus intangible, difícil de cuantificar, pero importantísimo
porque genera sociedades mejor educadas, más participativas,
y una mayor calidad de vida. |
Si
el paradigma actual es claro, ¿cuál es el problema?
Es que ese cambio viene de los últimos 15 años, incluso
menos. A las universidades no les resulta fácil reciclar a
un profesor que durante 25 años ha enseñado de la manera
tradicional, con gis y pizarrón, con técnicas de memorización
y acostumbrado a transmitirles a los alumnos información (conocimientos).
No es nada fácil que adopten nuevas técnicas pedagógicas
y una concepción distinta en la cual el estudiante es sujeto
de su propio aprendizaje y tiene que fomentar ambientes grupales para
que ellos aprendan. Hacerlo implica desarrollar en los académicos
habilidades en competencias distintas de las que tienen tradicionalmente.
El reto, en síntesis, radica en capacitar a los profesores
en este nuevo enfoque, porque de esa capacitación depende que
este nuevo paradigma se pueda aplicar.
Creo que este proceso empieza por dos elementos. El primero es el
humano. Fomentar una capacitación para que los docentes sean
cada vez más investigadores, y los investigadores se integren
cada vez más a la docencia; no separar esos dos mundos donde
el investigador de cubículo no tiene contacto con estudiantes
–salvo con pequeñísimos grupos de posgrados–
y el docente tiene 40 muchachos frente a grupo, pero no hace investigación.
Esa brecha debemos reducirla e incluso eliminarla. Debe haber una
plena identidad entre investigación y docencia. |
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El
otro elemento es el de la infraestructura, que implica los recursos,
apoyos y servicios complementarios de un ambiente de aprendizaje –por
ejemplo: centros de acceso, bibliotecas virtuales, bases de datos
para maestros e investigadores–, y esto implica tener grandes
bibliotecas –tradicionales y virtuales– que integren ese
tipo de servicios. Y para tener todo eso las universidades públicas
han insistido en un aumento considerable del presupuesto. Pero dígame,
usted que dirige una de las más importantes del país,
¿qué está dispuesta a hacer la universidad pública
a cambio de un mayor porcentaje del producto interno bruto (PIB)? |
El
compromiso esencial es garantizar programas educativos de calidad.
Y aquí debo ser muy claro, lo que no queremos es dar gato por
liebre. No con el cuento de que vamos a recibir a todo el mundo vamos
a dar bazofia educativa a un número mayor de muchachos, eso
sería contraproducente.
Decir que se pueden recibir más estudiantes de los que permite
la capacidad de infraestructura instalada es demagogia. Yo estoy en
contra de recibir tres veces más estudiantes nada más
por decir que no estamos rechazando a nadie; si lo hiciéramos,
convertiríamos a la universidad no en un conjunto de ambientes
de aprendizaje, sino en guarderías de adolescentes. Lo que
tiene que quedar claro es que tenemos que garantizar la calidad.
Un segundo elemento que es de interés para la sociedad y el
Gobierno es la transparencia y la rendición de cuentas. Todas
las universidades públicas están comprometidas con la
transparencia en el uso de los recursos, esto es, que se sepa claramente
cómo se invierte el subsidio, cuáles son los resultados
y cuál es el valor social que tiene esta institución.
Por eso, uno de los compromisos es ajustar nuestra administración
de recursos financieros y humanos a través de procesos planeados
y documentados, con apego a un plan de desarrollo institucional, para
que nuestra actuación no se determine por la improvisación
o el capricho. Éste es otro de nuestros compromisos: institucionalizar
los procesos cada vez más para que el margen de arbitrio sea
el razonable. Digo, la improvisación te sirve para resolver
problemas prácticos, pero hay que tener un punto de referencia
básico, un camino central que permita hacer las cosas por mandato
de toda la comunidad, con parámetros con los cuales medir el
desempeño, con indicadores para saber si las metas se desvían…
En fin, hay que racionalizar la administración de los recursos
que la sociedad confía a nosotros. |
El
modelo de universidad pública no sólo es viable, sino
además deseable. Este modelo se ha fortalecido mucho en los
últimos años, y digo esto sin demérito del
sistema privado. Lo que ocurre ahora es una paradoja, porque por
la incapacidad tanto del sector público para absorber gran
parte de la demanda, como de la población para pagar el costo
de las universidades privadas, se está generando un fenómeno
que afecta negativamente tanto a unas como a otras: el fenó-meno
de las institu-ciones patito. |
¿Está
de acuerdo con la manera en que se reparte el dinero en la educación
superior?
Éste es uno de los temas que se están debatiendo.
Tenemos más de cinco años trabajando con la Secretaría
de Educación Pública, a través del CUPIA (Consejo
de Universidades Públicas e Instituciones Afines), una fórmula
de distribución del subsidio que se base en indicadores de
desempeño, que premie el positivo, pero que también
considere medidas correctivas o compensatorias para aquellos que
tienen un déficit inicial o una desventaja inicial, con el
fin de que poco a poco las instituciones públicas de educación
superior, de una manera razonable, puedan cumplir con estándares
similares en todo el país. No es un asunto sencillo, por
supuesto, por eso se tiene que trabajar esto entre el Gobierno y
las propias instituciones de educación superior.
¿Cómo
se reparte ahora el subsidio?
Con base en la inercia. El principal criterio es el histórico,
lo que otorgan el año anterior más la inflación;
y si de ahí en adelante las universidades solicitan dinero
extra, lo ponen en bolsas de concurso o en fondos para evaluar los
programas académicos, como son PIFI o PIFOP, que –hay
que decirlo– tienen un aspecto positivo porque obligan a las
instituciones a sujetarse a procesos de evaluación, de planeación,
de jerarquización de prioridades, etcétera.
El subsidio ordinario se entrega, pues, únicamente con base
en el criterio histórico, pero muchas veces ni eso. Últimamente
se ha definido conforme a la gestión política que
se haga o se deje de hacer en el Congreso. En el periodo pasado,
en noviembre, los diputados decidieron arbitrariamente y dieron
millones de pesos adicionales a sus chiqueados y a los demás
nos dejaron en la lona. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo,
no tuvo ningún incremento, pero hubo universidades que tuvieron
400 millones adicionales, ¿con base en qué
criterio?, en ninguno, sólo porque había
un grupo parlamentario que podía negociar eso y ya.
Lo que el CUPIA busca es establecer criterios razonables, racionales,
transparentes, esto es, reglas del juego que todo el mundo conozca
de antemano y que premien el desempeño, pero que en principio
consideren medidas de compensación para las instituciones
que están rezagadas en relación con otras, porque
de lo contrario se ampliarían la brecha y las asimetrías
grandísimas que hay todavía entre las universidades
que tienen mucho y las que tienen muy poco.
¿Por
qué si países en desarrollo como la India y Brasil
han multiplicado la inversión en educación superior
y han registrado un crecimiento económico importante, en
México ésta no se asume como una alternativa para
promover el progreso nacional?
Creo que quienes han estado gobernando no tienen conciencia de lo
que implica, no les ha caído el veinte, por decirlo así.
Y aclaro que no se trata de un asunto meramente cuantitativo; no
se trata de dar un 8 por ciento del PIB a educación y ya.
También hay países como Noruega que le invierten el
5 por ciento, pero su PIB es mucho más grande que el nuestro.
Yo creo que el elemento cuantitativo debe ir junto con el cualitativo.
No sólo se trata de que haya más dinero, sino más
dinero mejor administrado, correctamente invertido y que produzca
dividendos sociales, porque hay que recordar que la rentabilidad
principal de un sistema educativo no es solamente económica.
Es cierto que los expertos hablan en términos monetarios
de la “tasa de retorno”, que puede ser medida en pesos
y centavos, pero todo sistema educativo tiene además un extra,
porque las universidades no son sólo formadoras de capital
humano para la economía, sino también de ciudadanos,
de personas con criterio, cada vez más autónomas,
esto es, un ciudadano auténtico, en términos reales.
Éste es un plus intangible, difícil de cuantificar,
pero importantísimo porque genera sociedades mejor educadas,
más participativas, y una mayor calidad de vida.
A pesar de que hace 30 años tenían los mismos indicadores
y estándares de México, las nuevas economías
industrializadas –Corea, Indonesia, China, Singapur y todos
los Tigres asiáticos– tuvieron un despegue importantísimo.
No digo que sea lo único, pero estoy de acuerdo: creo que
el elemento más importante, constante en todos esos casos,
fue precisamente una inversión sin precedentes en sus sistemas
educativos y de investigación.
Una de las propuestas de la ANUIES es crear un Sistema Único
de Educación Superior en el país. ¿Qué
beneficios traería en términos de desarrollo académico
y social? |
Principalmente, una optimización de los recursos humanos y
financieros en la formación de ciudadanos educados, porque
un sistema de este tipo implicaría una acción concertada,
un trabajo coordinado, pactado entre las distintas instituciones de
educación superior para cubrir todo el espectro de necesidades
de formación de recursos humanos calificados, y permitiría
disminuir el derroche de recursos en sectores estratégicos
derivado de los traslapes y las duplicaciones, por un lado, y de las
lagunas, por el otro. Obviamente, lo óptimo sería tener
un sistema integral educativo, desde nivel básico hasta posgrado. |
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¿A
qué se debe que las universidades públicas sean observadas,
criticadas y juzgadas con mayor frecuencia que las privadas?
Es una preocupación legítima. En la educación
superior y, sobre todo, en la universidad pública, se invierte
una gran cantidad de recursos, por lo que es obvio que los ciudadanos
quieran estar seguros de que se usan en lo que deben utilizarse y
no en otras cosas. Yo, personalmente, no veo con malos ojos que haya
una lupa permanente sobre nosotros; hay la suspicacia, como la hay
en otras áreas de la administración pública,
de que los recursos que van para funciones sustantivas de alguna institución
en realidad se usan para otras cosas. Tenemos el ejemplo de instituciones
públicas que, a través de los sindicatos, están
canalizando recursos a actividades que no tienen que ver con funciones
esenciales ni de sus agremiados ni de la institución. Por eso
creo que es legítima la preocupación y también
considero una obligación que las instituciones rindamos buenas
cuentas. |
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En
su opinión, ¿este modelo de universidad pública
sigue siendo viable?
Pienso que no sólo es viable, sino además deseable.
El sistema público de educación superior se ha fortalecido
mucho en los últimos años, y digo esto sin demérito
del sistema privado. Lo que ocurre ahora es una paradoja, porque
por la incapacidad tanto del sector público para absorber
gran parte de la demanda, como de la población para pagar
el costo de las universidades privadas, se está generando
un fenómeno que afecta negativamente tanto a unas como a
otras: el fenómeno de las instituciones patito.
¿Qué
es? ¿Cómo define a este fenómeno?
Una institución patito es una escuela particular que recibe
el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE) de alguna entidad
pública, gobierno estatal, gobierno federal o universidad,
pero que no cumple con los estándares mínimos para
garantizar la calidad, y que ofrece una educación de segunda
o de tercera y, sin embargo, compite con las universidades privadas,
con ésas que a pesar de ser muy buenas están fuera
del alcance económico de muchas familias. Y es que la educación
cuesta y en las universidades privadas –como no tienen subsidios–
la tiene que pagar el usuario. Mucha gente dice: “si yo tuviera
dinero, estaría en una universidad privada de las buenas,
pero como no es así, y tampoco me admitieron en la pública,
entonces entro a una escuela patito”. El problema, entonces,
es qué tanto va a valer esa educación. Todo eso contribuye
a generar el fenómeno de la depreciación de los títulos
universitarios.
Por eso, respondiendo a tu pregunta, creo que es esencial que se
apoye adecuadamente al sistema público de educación
superior, para garantizar así educación de calidad
lo más accesible posible para los usuarios, y que el segmento
de las universidades privadas sea claramente establecido y ahí
se ubiquen las muy buenas que tiene nuestro país. Pienso,
por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey o en la Universidad Iberoamericana, las cuales deben
seguir existiendo, cubren una franja importante de usuarios y, sin
embargo, a veces se ven afectadas por esta competencia con las que
parecen buenas y no lo son. |
La
mayor fortaleza de las universidades públicas es la investigación
científica: el 90 por ciento del conocimiento nuevo que se
genera en el país proviene de nuestro trabajo científico,
simplemente porque para las universidades privadas es muy costoso
y poco rentable en términos inmediatos.
Sin embargo, por costosa que parezca, la investigación científica
es esencial, porque de ahí surgen las derivaciones tecnológicas,
las aplicaciones tecnológicas del conocimiento básico. |
Precisamente
por su trascendencia y su impacto en el futuro de la vida nacional
se ha considerado a las universidades públicas como patrimonio
nacional. ¿Es real esta apreciación?
Claro que sí, y lo son porque implican tanto una inversión
de recursos públicos que administra el Estado mexicano a través
del Gobierno como una riqueza estratégica fundamental. Así
como los bienes del subsuelo, como el petróleo, la energía
eléctrica o las riquezas naturales que tiene un país,
una riqueza fundamental radica en su inteligencia organizada, en sus
entidades generadoras de conocimiento. Lo subrayo porque las universidades
no son simples reproductoras o transmisoras del conocimiento, sino
que lo generan, por eso son estratégicas. De hecho, el 90 por
ciento del conocimiento nuevo que deriva de la investigación
científica que se hace en el país surge en instituciones
públicas, y no en las privadas, aunque algunas también
hacen esfuerzos importantes en este sentido.
Si
tuviera que hacer una comparación, ¿cuál
diría que es la mayor fortaleza de las universidades públicas
frente a las privadas?
La investigación científica, sin duda. Aunque las
buenas instituciones privadas también hacen esfuerzos importantes,
su trabajo no se equipara con el de las públicas. Como dije
antes, el 90 por ciento del conocimiento nuevo que se genera en
el país proviene de nuestro trabajo científico, simplemente
porque para las universidades privadas es muy costoso y poco rentable
en términos inmediatos, porque la tasa de retorno de la que
hablamos no es a corto plazo. Sin embargo, por costosa que parezca,
la investigación científica es esencial, porque de
ahí surgen las derivaciones tecnológicas, las aplicaciones
tecnológicas del conocimiento básico. Y como en términos
de rentabilidad inmediata no es algo que se puedan proponer las
empresas privadas educativas, éstas se centran en ofrecer
posgrados profesionalizantes o carreras que les reditúen
de manera inmediata porque lo necesitan para su estabilidad económica.
Nuestra ventaja es, pues, toda la infraestructura de investigación
y generación de nuevo conocimiento que tenemos. Nuestra desventaja
muchas veces es la lentitud con la que nosotros podemos modernizar
algunos ámbitos y, a veces, los conflictos internos, intersindicales
o gremiales que suelen ponernos en jaque.
El compromiso social también es una de las grandes fortalezas
de las universidades públicas, ¿qué es lo que,
desde su perspectiva, podemos aportar a la sociedad?
Yo lo sintetizaría en una frase que te dije hace rato: generar
ciudadanos bien educados, y en estos dos conceptos lo englobaría
todo. Ciudadanos con todo lo que implica el concepto de ciudadanos:
individuos autónomo, que razonan, que son libres para tomar
sus decisiones y responsabilizarse por ellas, que se interesan por
los asuntos que afectan a su entorno, que participan de la vida
comunitaria, pero que hacen todo esto teniendo los elementos, las
herramientas conceptuales, los conocimientos, las habilidades para
hacerlo de manera óptima… en fin, ciudadanos educados.
Y educación implica también una concepción
de su relación con los demás y una dimensión
ética que tiene que ver con esa idea de sociedad, de conjunto,
de equipo. Y la educación genera dinámicas muy positivas,
en términos sociales. Ése es el compromiso que –creo–
sería válido hacer por parte de las universidades,
tanto públicas como privadas.
Es complicado llegar a la conciencia social, a la conciencia ecológica,
a la conciencia ética, por supuesto, porque implica muchos
factores y muchos procesos que confluyen. No es sólo tener
conocimiento, sino tener eso que llaman currículum oculto,
eso que va más allá de la parte escolarizada, del
conocimiento sistematizado en una unidad de conocimiento, eso que
tiene que ver con la sociabilidad, con la forma de concebir el aprendizaje
en común con otros, eso te va conformando una conciencia
más solidaria y más de grupo, más de preocupación
por lo que pase con los demás y no solamente contigo. Un
esquema educativo con estas características es lo que debemos
promover en las instituciones.
¿Qué
tanto se relaciona esta perspectiva con la educación de valores
que, se supone, deben promover las universidades?
Considero que los valores se aprenden o se introyectan en la vida
comunitaria, en la vida social, en la familia –me refiero
a los valores morales–. El valor que debe promover una universidad
pública es, sobre todo, el respeto a la ley. Yo creo en las
bondades del Estado laico y de la educación laica, y creo
que el principal valor que debemos cultivar, el valor de valores,
es justamente el respeto a las ideas y a las creencias de los demás.
Eso se da en un ambiente de educación laica, en un ambiente
en el que las creencias ideológicas, políticas o religiosas
de las personas sean respetadas, sean las que sean; lo importante
es que aprendamos a vivir en convivencia aceptando nuestras diferencias.
Claro, en una institución educativa se pueden ir fortaleciendo
valores positivos, pero no como algunos consideran, como si enseñar
valores fuera enseñar una ética o una religión
determinada. Insisto, el valor de valores que debemos promover es
el respeto a las diferencias y, sobre todo, la tolerancia. |
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