Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA: QUINCE AÑOS DE

AUTONOMÍA Y JUNTA DE GOBIERNO

Carlos Pallán Figueroa¹

1. En términos muy sencillos la autonomía universitaria significa un reconocimiento que el Estado, o poder público, hace de una serie de facultades y prerrogativas otorgadas a una institución pública de educación superior para auto regularse en sus distintos órdenes. Desde esa perspectiva podría decirse que se trata de una figura conceptual y jurídica aplicada a la Universidad Pública, concebida originariamente en América Latina y explicable, en buena medida, en función de un medio y contexto determinados. De ahí los usos tan diversos que históricamente se le ha dado a la autonomía asociada con las Universidades Latinoamericanas: refugio de la insurgencia frente a las dictaduras, fuente de poder político y económico para personas y grupos que la capturan, espacio para la vigencia de los derechos humanos básicos, ámbito natural para el desarrollo de la docencia, la investigación y la cultura. Todo eso ha cabido y ha sabido acomodarse dentro de las casas de estudio de América Latina.

Hay, por supuesto, definiciones que atienden al deber ser, por tanto jurídicamente predominante, de ese órgano social llamado Universidad, como son todas con las cuales se inicia cada una de las leyes orgánicas de nuestras casas de estudio en México. Hay también conceptos que, enfatizando lo académico, la definan por su valor intrínseco y su reconocimiento externo. Algunos, como Tunnerman, ponen su acento en la libertad (“la verdadera autonomía deriva del ámbito de libertad reconocida por el Estado por razón de que acepta la autoridad que ésta posee ya por sí misma»), otros, como Didriksson, erigen a la autonomía como la atmósfera vital de cualquier institución y estudios superiores («la autonomía es como el aire, se siente, pero no se ve; se escucha como un murmullo o, a veces, como un alarido de miles de voces y, a menudo, es sólo silencio»).

Los cumpleaños son, o debieran ser, una especie de alto en el camino para festejar, pero también para reflexionar. En este último sentido se inscribe este acto de conmemoración de los 15 años de autonomía y de instalación de la primera Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Tuve el privilegio y la responsabilidad de ser miembro fundador de la Junta de Gobierno y, con ello, asistir al alumbramiento y primeros pasos de esa nueva creatura institucional. Mis reflexiones tienen que ver con tres aspectos históricos que confluyen en el momento de la instauración de la autonomía para la Universidad Veracruzana. Dichos aspectos son: a) el acceso o vía de arribo a la autonomía, b) el objetivo o sentido social de la Universidad y c) la orientación académica o uso interno de la autonomía.

2. El primero, el acceso u origen de la autonomía en la Universidad, se inscribe esquemáticamente en dos extremos: a partir de un conflicto y como medida de solución al mismo o por maduración de la casa de estudios, una nueva etapa de transformación institucional. En América Latina y México encontramos en la primera mitad del siglo XX el predominio de la primera forma, la del conflicto. En los últimos 30 años del mismo se presenta la segunda, de maduración y asociada también a Universidades que así nacieron; el caso típico sería la Universidad Autónoma Metropolitana, mi Universidad, en 1974.

El movimiento de Córdoba, Argentina, se erige en el paradigma de la autonomía como instrumento para la solución de un conflicto. Inclusive, si se prescinde de las querellas iniciales interpuestas por los estudiantes, podría decirse que la autonomía fue el deux et machina que logró súbitamente la resolución de un conflicto que había crecido y se había desbordado a todo el sistema universitario de ese país. El distintivo de Córdoba es que se asocia a un movimiento de reforma universitaria, expuesto en su famoso Manifiesto Liminar, mismo que se va a convertir en la carta de navegación de la Universidad Latinoamericana en las siguientes décadas.

En México se vivió la autonomía primero como concesión. Las Universidades de Michoacán (1917), Sinaloa (1918) y San Luis Potosí (1923) recibieron de parte de la entidad federativa correspondiente un estatuto de autonomía. Había una idea avanzada por parte de los ejecutivos estatales, pero la norma reguladora no tuvo repercusión mayor en los quehaceres, estructuras y formas de designación, por lo que posiblemente las comunidades de ese tiempo poco apreciaron el gesto gubernamental. En el caso de la última, su estatuto de autonomía es muy avanzado, esto significaba en 1923: tener personalidad jurídica propia, gozar de plena autonomía en su organización (administrativa, técnica y docente) llegando a administrar con toda libertad los bienes que le pertenezcan; además, en materia de representación, el Rector sería nombrado por la Asamblea General, en la cual estarían representadas todas las dependencias de la Universidad en proporción de un trabajador y un estudiante por cada una de ellas.

El paradigma de Córdoba, el del conflicto, que ya se había empezado a extender en Sudamérica, llega a México en 1929. A semejanza de aquélla, el estallido del conflicto se da por una razón aparentemente baladí o intrascendente. Pero atrás de ello se prefiguraba un movimiento político que aprovecha el espacio universitario para manifestarse. Ante una huelga general y dos o tres estudiantes muertos, el Presidente de la República cede a las peticiones estudiantiles, ofreciendo un marco de solución: la autonomía.

Eran tiempos de campañas electorales y el Gobierno Federal estaba empeñado en saldar las querellas fundamentales del Estado mexicano de la época: el conflicto con la Iglesia y con las fuerzas políticas del obregonato. Los universitarios no echarían a perder ese clima de tranquilidad que se estaba logrando. Como dice García Cantú: la autonomía “fue resultado de una coyuntura y de una transacción en un momento difícil: era la forma de segregar al contingente estudiantil de la campaña vasconcelista”.

Las leyes orgánicas de 1933 y 1945 de la Universidad Nacional son producto de sendos conflictos internos. La plena autonomía, otorgada como solución por el gobierno federal, en el caso de la primera serviría paradójicamente para ahondar dichos conflictos internos provocados fundamentalmente por la designación de autoridades, dejándola en la inopia, ya que desaparecía la figura del subsidio federal.

La segunda de las leyes tiene su origen, entonces, en el conflicto interno más agudo que haya vivido la máxima casa de estudios. En buena medida motivado por las rivalidades internas entre grupos, pero también por una ley, la de 1933, que parecía incitar dichos enfrentamientos en el intento de conseguir puestos y prebendas. La situación llegó a su límite y, para que se salvara la Universidad, fue necesario que el Presidente de la República, sin facultades legales para ello, pero con mucha prudencia, ofreciera una solución inicial de hecho para que luego la Universidad se pusiese otra vez en los rieles de la legalidad.

La solución final fue también paradigmática: una nueva ley de autonomía, la de 1945, que separando los aspectos políticos de los técnicos (creando órganos como la Junta de Gobierno, el Patronato y los consejos técnicos de escuelas y facultades) se constituyó en un modelo para la mayor parte de las Universidades Públicas del país, llegando ya la ley a una vigencia de 67 años sin una sola modificación.

Frente a estos casos, de la autonomía como solución a un conflicto, están los de maduración o de transformación institucional. A mediados de los años noventa, en tres Universidades se crean las condiciones para que pasen de un régimen estatal a otro autónomo. En esos casos coinciden además tres circunstancias que facilitan ese tránsito: a) rectores que creen en la causa y la promueven; b) ejecutivos estatales que la adoptan, influyendo positivamente en el poder legislativo; c) comunidades que se suman gustosamente a la causa. Tal fue el caso de la Universidad de Guadalajara, la de Guanajuato y la Veracruzana. Coincidentemente, ninguna de ellas cambió su denominación original, quedando la expresión «autónoma» en la ley y reglamentos, pero no en su denominación oficial.

3. El segundo aspecto de reflexión se refiere al sentido social de la Universidad. En términos históricos, dicho sentido o visión social puede observarse en la UNAM como una manifestación original y, por extensión, en las Universidades Públicas del país. Para simplificar, o como una licencia literaria, podría afirmarse que en sus 101 años de vida la UNAM se ha guiado, o en ella han estado presentes, dos modelos institucionales: el de Justo Sierra y el de José Vasconcelos.

El primero, el de Justo Sierra, es el de una universidad liberal, que profesa los valores de la ciencia, donde el contexto social sólo es el telón de fondo de su acción educativa. El segundo, de Vasconcelos, postula una universidad comprometida, que abraza las banderas de la Revolución y cuyas funciones se deben enlazar con causas populares y sectores sociales desfavorecidos.

El modelo del fundador de la Universidad Nacional resume las ideas liberales que habían consolidado a la nación en la segunda mitad del siglo XIX. En esos términos, la Universidad era un órgano del Estado que nacía con la idea de ser «el coronamiento de una grande obra de la educación nacional», la que había emprendido el régimen de Porfirio Díaz durante 30 años, buena parte de los cuales estuvieron bajo la coordinación directa de don Justo. La nueva institución, aparte de «no separar los ojos del telescopio o el microscopio», utilizando a ambos debía, además, «nacionalizar la ciencia y mexicanizar el saber». En eso consistía, fundamentalmente, su cometido social.

Once años después de esas palabras y aquella concepción, el noveno Rector de la Universidad, Vasconcelos, se asume como un “delegado de la Revolución que no viene a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las aulas, sino a invitaros a que salgan con él a la lucha, a que compartáis con nosotros las responsabilidades y los esfuerzos». El delegado viene a la Universidad con un objetivo preciso: crear el ministerio que «transformaría el alma de México», empresa en la cual invirtió 16 meses hasta que, abandonando el cargo de Rector, asume el de primer titular de la Secretaria de Educación Pública. Sin embargo, esto no lo aleja de la Universidad, pues las disposiciones en vigor lo convierten en el jefe nato de la misma, por encima del Rector. En esos términos, el Secretario Vasconcelos cuidaría que la Universidad estuviese al servicio de las “realidades sociales» y no del “saber abstracto”, de tal modo «que no se convierta en torre de marfil… (Y que sus maestros) pongan su ciencia al servicio de los ideales de mejoramiento populares”.

Si bien la autonomía no existía como un dispositivo jurídico de la institución, sí como una característica implícita del quehacer académico. Para Sierra, la autonomía  constituía «un cuerpo suficientemente autonómico dentro del campo científico», pero nada más; al mismo tiempo, la institución era una «Universidad oficial, un órgano del Estado”. En contrapartida, con recelo, Vasconcelos reconocía ese mismo cuerpo autonómico a la manera de Sierra, advirtiendo «que no debería utilizarse para la pereza, la ineptitud y la intriga”, rasgos que habían estado presentes desde 1910 y que sus sucesivos rectores y la misma Revolución no habían logrado extirpar. La Universidad le advierte al undécimo de ellos, Ezequiel Chávez, «está obligada a convertirse en aliada de las reivindicaciones sociales».

Los dos modelos, nunca manifestándose puros, van a estar presentes a lo largo de los años. Van a nutrir, en mayor o menor medida, a sus leyes orgánicas, orientar la gestión de sus rectores e, inclusive, señalar tendencias básicas por las cuales se guía (o se enfrenta) el demos universitario.

En el conjunto de Universidades Públicas de educación superior y en cada una de ellas, en sus planes y programas de estudio, en sus actividades de investigación y difusión de la cultura, la disyuntiva entre ambos modelos es una cuestión permanente.

4. La tercera reflexión tiene que ver con el sentido académico o uso interno de la autonomía. Otra vez el ejemplo histórico de la Universidad Nacional. Influida por la reforma de Córdoba, la ley del 29 consignó la libertad de cátedra como uno de los aspectos esenciales de la autonomía. Cuatro años más tarde, el poder de Plutarco Elías Calles, el Jefe Máximo, se había consolidado plenamente. La corriente nacionalista de la Revolución se convirtió en dominante. Así se muestra con el reparto de tierras, el fortalecimiento de las organizaciones obreras y campesinas, el avance en la aplicación más precisa en las normas que separaban iglesia-estado, y la fijación de nuevos contenidos a la educación nacional.

En el marco de los enfrentamientos de sectores de la comunidad universitaria, mismos que van a culminar con la plena autonomía de 1933, se libra una batalla ideológica sobre el papel de la educación, vale decir también el sentido del ejercicio de la docencia dentro de las aulas. La polémica entre Antonio Caso y Lombardo Toledano, iniciada en el Primer Congreso de Universitarios y luego continuada en los periódicos, va a ilustrar sobre el clima y las posiciones prevalecientes en ese ámbito.

Para Caso, la Universidad Nacional «jamás preconizará oficialmente, como persona moral credo alguno filosófico, social, artístico o científico”. Para Lombardo, en cambio, y ante las condiciones sociales que prevalecían en el país, se preguntaba y respondía: «¿Seguirá la Universidad discutiendo todas las ideas, todos los principios, para ofrecer al alumno nada más que vacilación y duda? No. La Universidad ya no debe educar para la duda sino en la afirmación». Aquí estaba, en germen, lo que unos meses más tarde se convertiría en el gran debate legislativo y social sobre la orientación de la educación nacional, al discutirse la reforma constitucional del Artículo Tercero.

La polémica, una vez definida la nueva autonomía de 1933, se traslada, primero a la Convención del Partido Nacional Revolucionario que discutió las orientaciones que en materia educativa tendría el llamado Plan Sexenal que de ahí emerge, y luego a las propuestas de reforma al Artículo Tercero, cuyo proyecto de educación socialista, referido a la Universidad Nacional, se circunscribía a si aquella tendría que adoptar una orientación filosófica y política en el ejercicio de sus funciones o sí, por el contrarío, debería prevalecer el libre examen de las ideas y, por lo tanto, la libertad de cátedra.

En el ínter del debate legislativo el régimen presionaba a la Universidad mediante la celebración de un congreso de estudiantes y de Lombardo Toledano. Uno de los resolutivos del primero afirmaban que «la Universidad y los centros de cultura superior eran los responsables de formar profesionistas que contribuyan a la formación de una sociedad socialista”. Por su parte, el filósofo y líder sindical afirmaba que «la cátedra y la investigación podrán servir como instrumentos para ser posible la transición del capitalismo a un sistema que socialice los instrumentos y los medios de producción económica».

Después de un año de estar en comisiones del Congreso, la iniciativa de reforma del Artículo Tercero fue retirada por el Partido Nacional Revolucionario y reemplazada por un nuevo proyecto, donde la educación socialista ya no incluía a la educación superior. La libertad de cátedra quedaba firme como un aspecto esencial de la autonomía universitaria.

5. Estas tres reflexiones son pasado. Pero un pasado no concluido. Un pasado vigente, actuante, presente en actividades y funciones de la Universidad, pero ubicado y protegido por la autonomía de cada casa de estudios y por una reforma constitucional, la de 1980, que la convirtió en una garantía social.

En la autonomía de la Universidad Veracruzana convergen dos voluntades principales: la de su Rector y la del Gobernador del Estado. El primero, que impulsa la idea, la promueve, hace ver las ventajas y convence a su cuerpo de gobierno, el Consejo Universitario, de que la autonomía sería una característica que llevaría a la institución a una nueva etapa de desarrollo. El gobernador adopta la idea, la apoya y presenta las iniciativas correspondientes ante el Poder Legislativo para que aquélla se tornase una realidad.

En esa conjunción de voluntades al Gobernador le correspondió respaldar, en todos los sentidos del término, no solo la parte del proyecto de ley, sino también dar el impulso financiero y patrimonial a la institución que se transformaba en su naturaleza originaria.

Al Rector, entre las tantas cosas que tuvo que realizar, le correspondió una esencial: hacer creíble la autonomía. No se trataba de llevar a cabo algunos cambios para que todo siguiera igual, como en el canon gatopardista. Se pretendía, efectivamente, ingresar a una nueva etapa de transformación institucional. Por eso, teniendo derecho de presentarse a una eventual reelección, el Rector no lo hace, se abstiene: había que hacer creíble desde el primer momento ese nuevo marco.

La historia de cualquier institución es de razones, procesos y personas que tienen que ver con el interés público. En el caso de la Universidad Veracruzana la parte de personas fue fundamental. Patricio Chirinos y Emilio Gidi sumaron razones y dieron cauce a los procesos que culminaron con la autonomía de la Universidad Veracruzana.

A la primera Junta de Gobierno le tocó sortear situaciones que pusieron a prueba la autonomía. De inicio la designación del primer Rector dentro del nuevo orden jurídico; la decisión, insólita para cualquier institución similar, se prolongó durante 10 días. Luego, la Universidad lidió con la difícil adaptación a dos nuevos regímenes que, desprendiéndose de la Constitución federal, se expresaban en sendas leyes nacionales. Me refiero a la rendición de cuentas, con motivo de la puesta en vigor de la ley de Fiscalización Superior de la Federación y, casi simultáneamente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su momento varias Universidades vieron en ambas leyes una amenaza a su autonomía. Inclusive algunas acudieron a la justicia de la Unión para ampararse.

En la Veracruzana la cuestión fue discutida. La Junta le dio su parecer al nuevo Rector y la institución adoptó las decisiones correspondientes. Por su peso específico y prestigio, dentro del conjunto de las Universidades Públicas del país, la Universidad Veracruzana fue observada y marcó ruta en un asunto que ahora prácticamente ya no se discute: rendición de cuentas y transparencia son complementos indispensables de un sano régimen de autonomía y una garantía de sentido social en una institución que recibe recursos públicos, cuyo origen son los contribuyentes.

No me queda mucho por agregar. Quizá dos frases que sintetizan buena parte de lo aquí expuesto. Uno de nuestros compañeros de la Junta fundadora, Rafael Velasco Fernández, insistía en un principio que ese órgano debía aplicar dentro de sus funciones. El principio es: “la autonomía de la Universidad se defiende ejerciéndola». Con ello se pone de manifiesto su doble carácter: la autonomía es un derecho, un privilegio y una protección, pero también un deber y una responsabilidad. Tanto para directivos como para sus diferentes actores, para toda la comunidad.

La autonomía es un medio, no un fin. Es un instrumento para  el mejoramiento de las casas de estudios. Un medio que debe usarse con medida y apegado a la norma. Un instrumento que, por ejemplo, en su momento sirvió para  oponerse a un designio presidencial cuando, en 1968, la Junta de Gobierno de la UNAM le rechazó la renuncia al Rector  Barros Sierra, respaldándolo en toda la actuación que había tenido durante el movimiento de ese año. Un poderoso instrumento, en ese caso concreto, pero medio y no fin.

En un contexto como el mexicano, el de nuestras Universidades Públicas, la autonomía tiene una encomienda fundamental. Para utilizar la frase pronunciada por Rolando Cordera la semana pasada cuando su alma mater le hizo un homenaje, la autonomía debe salvaguardar a las instituciones para que sigan siendo, como él afirma, “un espacio para el diálogo y el respeto por las ideas».

En estos 15 años de su autonomía y de su Junta de Gobierno, larga y fructífera vida a la Universidad Veracruzana.

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