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En las últimas décadas el sistema nacional de educación pública ha sufrido modificaciones profundas en respuesta a las exigencias del mundo contemporáneo. Uno de estos cambios importantes ha sido la incorporación del estudio de lenguas extranjeras en los planes y programas de las universidades, y la actualización y reforzamiento de estos programas en el nivel medio-superior de enseñanza. Cada país debe decidir qué lenguas extranjeras enseñar y cómo hacerlo, justificando su selección con una política de planeación lingüística. Según Cooper (1997:52), estas decisiones se toman pensando en las necesidades de las mayorías y obedeciendo, por lo general, a factores políticos, económicos, científicos, sociales, culturales y hasta religiosos. Por lo tanto, es en función de un macro-nivel que los gobiernos destinan recursos a la enseñanza de los idiomas extranjeros, aunque las consideraciones que se plantean para grandes núcleos de población pueden ser igualmente válidas en el micro-plano. Hay ejemplos de planificación lingüística iniciada en comunidades pequeñas, que posteriormente ha sido adoptada por las autoridades y aceptada por comunidades amplias.
