• “Todas las iniciativas relacionadas con los temas de violencia estaban pendientes de revisión, por lo menos hasta junio de 2021”, comentó la profesora-investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP

Claudia Rivera participó en la Semana de la Mujer, Derechos Humanos y Ciencia

Paola Cortés Pérez

Fotos: Omar Portilla Palacios

13/03/2022, Xalapa, Ver.- El 85 por ciento de los casos de acoso suceden en la escuela y el 80 por ciento de los actos de bullying –que se han recrudecido con el uso de la tecnología– no son reportados, por lo que a la luz de estos datos es evidente la necesidad de legislar el aspecto educativo en términos de violencia escolar, comentó Claudia Rivera Hernández, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La profesora-investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, participó en la Semana de la Mujer, Derechos Humanos y Ciencia, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y el observatorio de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana (UV).

Al impartir la conferencia “Análisis del discurso que conforma la agenda de gobierno de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal en México en materia de violencia a través de las iniciativas de ley enviadas a la Comisión de Educación”, destacó que durante la pandemia por COVID-19 México se caracterizó por ser uno de los países con más acciones violentas hacia los infantes.

Tras la pandemia, el 30 por ciento de la matrícula se perdió en todos los sistemas educativos (privada, pública, básica, media superior y superior). “Estos estudiantes no están trabajando, tampoco están en la escuela, podemos saber que algunos de ellos están en manos del crimen organizado como dealers, vendedores de droga o captadores de otros recursos dirigidos a estas actividades ilícitas”.

Entonces, hablar de protocolos de violencia en el ámbito educativo no es un tema menor, por lo que representa en términos del impacto social.

Ante esta situación es que Claudia Rivera investigó y analizó la agenda legislativa, en particular su discurso para contrastarlo con el del Poder Ejecutivo.

Para el estudio se analizaron 180 iniciativas de ley turnadas a la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, en el periodo del 1 de enero de 2020 al 7 de junio de 2021. “El interés fue cruzar el discurso de los legisladores con la percepción de la desigualdad y la violencia”.

Rivera Hernández detalló que de las 180 iniciativas analizadas, el 24 por ciento fueron presentadas por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el 51 por ciento por diputadas mujeres, esto “muestra que están más atentas al tema de la violencia y de los temas educativos.

”Todas las iniciativas relacionadas con los temas de violencia estaban pendientes de revisión, por lo menos hasta junio de 2021. Pasaron las relacionadas con el factor de educación mediada por la tecnología o a distancia, porque durante la pandemia la problemática mayor fue cómo organizar la educación en el país, dejando a la violencia en segundo plano.”

Expuso que estos datos evidencian que el discurso legislativo sí contempla los temas de desigualdad y violencia; sin embargo, sólo se lograron acuerdos en materia de lectura, servicio social y educación virtual; en los que se centró el trabajo legislativo y pasaron a la Cámara Alta para ser discutidos y decretados.

“Aunque hay voces que hablen por la sociedad sobre el tema de violencia en el sistema educativo, aún no se logra llegar a acuerdos colectivos, falta deliberación pública para incidir en aspectos que la regulen y sea legislada.”

En conclusión, dijo, los efectos de la violencia se disparan ante la desigualdad y se perciben con mayor claridad en el espacio educativo.

“Esta situación representa un problema público que debe estar al centro de la acción legislativa; falta mucha iniciativa por parte de la opinión pública para posicionar este tema en la agenda de gobierno y se asignen recursos necesarios para la alimentación de la niñez, y puedan dedicarse a la educación en lugar de trabajar o caer en las redes del crimen organizado.”

Latinoamérica tiene rezago legal para atender violencia de género en línea

En este mismo evento, participó Marión Briancesco Arias, abogada internacionalista por la Universidad Nacional de Costa Rica y colaboradora de investigación en el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec).

En la conferencia “Violencia en línea: una mirada centroamericana”, detalló que entre marzo de 2020 y junio de 2021 realizaron en línea una encuesta pública, abierta y anónima, cuyos resultados demuestran que este tipo de violencia se cruza con otras formas de discriminación, y además registra un incremento durante la cuarentena.

En Centroamérica, como en otros países de la región latinoamericana, existe un rezago en la legislación y política pública específica sobre la violencia de género en línea, además de la impunidad, los procesos lentos y engorrosos, que provocan en las personas desistir de dirigirse a las autoridades

Brianesco Arias advirtió que “el proceso de aceptarse como víctima es complejo y no es un tema tan abierto, hay que trabajar en el aspecto educativo del problema y no existe un concepto explícito de violencia de género en línea dentro del marco normativo de la región centroamericana”.