• Cada vez son más los casos de desigualdad, exclusión social y discriminación, dijo Guillermo Flores Briseño

Paola Cortés Pérez

En materia de inclusión social, la tendencia a largo plazo en México es que va en retroceso, aseveró Guillermo Flores Briseño, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), durante su participación en la I Jornada por los Aprendizajes y la Educación y la V Jornada de Educación Especial, en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV).

Cabe mencionar que México es el país con mayor desigualdad, entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al impartir la conferencia “Discapacidad: las metas para el desarrollo del milenio”, lamentó que en el país aún se considera –tradicional e históricamente– que los recursos destinados a la atención de la discapacidad son un gasto y no una inversión.

“Desde el punto de vista sociológico y de la economía social, por cada peso que se invirtió al tema de la discapacidad, en el futuro se regresarán seis pesos al sistema público, en un periodo de cinco a 10 años.”

Guillermo Flores Briseño, investigador de la UANL

El también consultor de políticas sociales y de discapacidad, reiteró que en el país hay una tendencia negativa en términos de igualdad, cada vez son más los casos de desigualdad, exclusión social y discriminación.

“Lo peor es que esta tendencia es largo plazo, no es algo relacionado con el cambio de administración federal o con una crisis económica. México va en retroceso en el proceso de inclusión, debido a factores sociales, culturales y económicos propios del país.”

Por último, Flores Briseño advirtió que el avance del país sólo será posible si las políticas de desarrollo son diseñadas en función de las necesidades de toda la población, porque no se puede hablar de un país, estado o municipio, cuando una sola persona es excluida.

“El tema de la discapacidad no se incluye y no se reconoce dentro de las políticas públicas; es más, cada vez son menos las instituciones públicas y privadas que cuentan con recursos etiquetados especialmente para la atención de la discapacidad y la exclusión.”