- Organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV
- En el marco de una investigación con impacto social, somos corresponsables de difundir el conocimiento acerca de la situación de los derechos humanos en México y América Latina, dijo Arturo Miguel Chípuli Castillo
José Luis Couttolenc Soto
12/06/2024, Xalapa, Ver.- El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV) llevó a cabo el conversatorio virtual “Prisión, derechos humanos (DDHH) y grupos en situación de vulnerabilidad”, que contó con la participación de expertas en la materia de México, Colombia, Brasil y Argentina.
Arturo Miguel Chípuli Castillo, director del IIJ, destacó la importancia de difundir actividades de corte académico; agregó que en el marco de una investigación con impacto social, la institución es corresponsable de dar a conocer la situación de los DDHH en México y América Latina.
Ángela Marcela Olarte Mercado y Ana Lucía Moncayo Albornoz, del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, de Colombia, expusieron el contexto y características generales de la Ley de Servicio de Utilidad Pública como medida alternativa de la privación de la libertad de las mujeres en ese país.
Mencionaron que la ley, aprobada en 2023, es una normativa que ofrece un trato diferenciado a mujeres privadas de la libertad; está orientada a las que hayan cometido un delito relacionado con su vulnerabilidad socioeconómica y cumplan una pena fuera de la prisión, prestando un servicio de utilidad pública no remunerada.
Con la pena sustitutiva a la prisión pueden ser beneficiadas quienes cometieron delitos relacionados con hurto, tráfico de estupefacientes u otros, cuyas penas no superen los ocho años de encarcelamiento.
Refirieron que Colombia tiene una política criminal “reactiva, poco reflexiva, volátil, incoherente, subordinada a una política de seguridad y sin enfoque de derechos humanos”.
Adela Rebolledo Libreros, docente del Programa Educativo de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), región Veracruz, mencionó que los niños que viven con sus madres en centros de reinserción social, son sujetos merecedores de la protección legal y sus derechos deben de ser garantizados por el Estado y su gobierno, así como crear leyes, normas y políticas públicas efectivas, concretas, certeras y eficientes, partiendo del principio de corresponsabilidad institucional.
Flor de Magdalena Vargas Ortiz, doctoranda del IIJ, comentó que el racismo, los estereotipos discriminatorios, la marginación y la violencia de género, son violaciones interrelacionadas que sufren las mujeres y las niñas indígenas: “La discriminación y violencia de género amenazan la autonomía individual, la libertad y seguridad personales, la privacidad e integridad de todas las mujeres y niñas indígenas, y pueden perjudicar al colectivo y su bienestar”.
En tanto, Cátia Nancy de Oliveira Husemann, abogada de defensoría pública del Estado de Sao Paulo, Brasil, y Doctoranda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se refirió a un proyecto que se puso en marcha en Brasil, relacionado con niños y adolescentes en conflicto con la ley.
Detalló que el proceso utiliza los principios de justicia restaurativa y la aplicación del método de psicodrama; a su vez, agregó que la criminalización de jóvenes en Brasil pasa por un contexto histórico de lucha de resistencia que data del principio de la dictadura militar.
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