• Las consecuencias se reflejarán en el aula, investigación, innovación, desarrollo científico y tecnológico, infraestructura y actividades administrativas, afirmó el investigador Arturo Chipuli  

Arturo Miguel Chipuli Castillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (foto de archivo)

José Luis Couttolenc Soto 

09/03/2021, Xalapa, Ver.- La reducción del presupuesto a las universidades públicas representa un problema grave, con consecuencias en el corto, mediano y largo plazo que afectarán el desarrollo planificado de las actividades académicas, lo cual se reflejará en el aula, la investigación, innovación, el desarrollo científico y tecnológico, la infraestructura, así como en las actividades administrativas. 

Arturo Miguel Chipuli Castillo, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), señaló que además conllevaría importantes problemáticas en torno a la matrícula que se podría ver limitada ante la capacidad de las universidades para ampliarla, y en algunos casos mantenerla, dificultando con ello el acceso de los aspirantes a la educación de nivel superior. 

El Doctor en Derecho y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, advirtió que por lo general las reducciones presupuestales tienden a tener efectos marcadamente negativos y desproporcionales, afectando a personas y grupos en situación de desventaja histórica y marginación, por lo que es importante que en el diseño de los presupuestos, como de las políticas públicas, sean con enfoque de derechos humanos, poniendo énfasis en el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas por la Constitución y los tratados internacionales. 

“Es importante hacer hincapié en que los presupuestos públicos son la fuente de recursos para la materialización de muchas de las obligaciones en materia de derechos humanos, en este caso la educación superior, y que sin ellos resulta inviable satisfacer los requerimientos en materia de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.” 

Puntualizó que aunado a lo anterior, el contexto de la pandemia por Covid-19 ha traído importantes consecuencias en la deserción escolar, que resulta inevitable enfrentar y enmendar mediante medidas correctivas ante un actual y complejo entorno de la educación superior, en donde la participación activa de los diversos actores en la construcción de los presupuestos es esencial. 

Finalmente se refirió al pago de la deuda de la UV, acción que consideró “digna de celebrarse”, dado que “la universidad pública es el semillero de las futuras generaciones, del desarrollo del país y de una sociedad más justa e incluyente; por tanto, cualquier acción que se encamine al mejoramiento de las condiciones de ella es plausible y abona al cumplimiento de esos propósitos”.