• Registra las tasas de homicidio más elevadas con incidencia de fenómenos como violencia urbana, secuestro, justicia por mano propia y conflictos ambientales

Arturo Miguel Chípuli Castillo disertó sobre “Vigilancia electrónica, seguridad pública y derechos humanos”

José Luis Couttolenc Soto

Fotos: Luis Fernando Fernández

25/10/2022, Xalapa, Ver.- De acuerdo a comparaciones internacionales, analistas coinciden en señalar que América Latina (AL) es la región más violenta del mundo, con las tasas de homicidios más elevadas y mayor incidencia de fenómenos como violencia urbana, secuestro, justicia por propia mano y conflictos ambientales, con una tasa promedio de 17.2 homicidios anuales por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior fue expuesto por Arturo Miguel Chípuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), durante su participación, el lunes 24 de octubre, en el Seminario Internacional de Educación Continua en Derechos Humanos Emergentes 2022, en el que ofreció la conferencia “Vigilancia electrónica, seguridad pública y derechos humanos”.

Apuntó que a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatir el crimen en AL y el Caribe, persisten altos niveles de victimización y miedo entre la población de la región, que propone que buena parte del presupuesto de seguridad deba usarse en tecnologías de detección de delitos.

Al respecto, agregó, el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica ha visto un aumento importante en el discurso y las políticas de seguridad pública en las últimas dos décadas, lo cual ha llevado a la instalación de cámaras de videovigilancia y mecanismos de reconocimiento biométrico, la vigilancia electrónica se ha ampliado significativamente en espacios públicos y privados.

Pese a ello, la región de AL y el Caribe es propensa a escaladas repentinas de violencia que ha motivado un ominoso aumento de la inseguridad y el crimen, “que sumado a sistemas de justicia penal ineficaces han llevado a la consolidación de la delincuencia y las deficiencias en la política de seguridad como elementos medulares de la discusión y la opinión pública”, planteó el titular del IIJ.

La implementación de la vigilancia electrónica puede suponer serios riesgos para los derechos humanos y la democracia

Precisó que la seguridad pública comprende la tranquilidad que deben gozar las personas ante riesgos –naturales o humanos– que pongan en peligro el orden y la paz social, para lo cual el Estado establece políticas y acciones coherentes y articuladas que garanticen la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos.

No obstante, dijo que la mayoría de los gobiernos tienen baja capacidad de gestión en general y para la formulación de políticas públicas con efectos a mediano y largo plazo en particular.

Lo anterior conlleva a que los gobiernos prometan soluciones rápidas que generan un rédito político inmediato, las cuales en muchos casos han motivado la incorporación de políticas de “mano dura”, énfasis en el derecho penal y el uso de la fuerza, lo que paradójicamente abona a profundizar la problemática.

Chípuli Castillo reconoció que pese a los puntos positivos para la prevención y sanción de ciertos delitos con la vigilancia electrónica, los resultados son debatibles pues no son claros en relación con la función preventiva; su adopción está sujeta a la sensación de seguridad que generan sobre la población o a la percepción positiva intrínseca de las tecnologías y su eficacia.

El uso de los dispositivos de vigilancia ha visto un aumento importante en las últimas dos décadas

Enfatizó que debido al carácter altamente intrusivo de los sistemas de vigilancia electrónica, es importante recordar que su implementación puede suponer serios riesgos para los derechos humanos y la democracia, sobre todo en contextos como el latinoamericano con serias deficiencias en las instituciones democráticas y en la vigencia del Estado de derecho.

En México es posible advertir estos abusos en la aplicación sin controles democráticos de tecnologías de vigilancia como las cámaras, software de obtención de datos biométricos y software espía.

“La democratización de los dispositivos de vigilancia electrónica conlleva un conjunto de obligaciones para los estados que hacen uso de tales tecnologías, los cuales deben poner énfasis en el respecto, protección y garantía de los derechos humanos, así como crear el marco institucional y legal que permita el control y la rendición de cuentas de los operadores de estos dispositivos”, concluyó el jurista.