• La Presidenta de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios opinó que el ingreso, la promoción y el egreso de las universidades deben obtenerse a través de mecanismos de evaluación
• Defensores universitarios discutieron en torno al tema, en el XV Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios

Defensores de los derechos universitarios participaron en el conversatorio

Claudia Peralta Vázquez

23/10/18, Xalapa, Ver.- En el marco del XV Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), representantes de siete instituciones de educación superior (IES) nacionales e internacionales discutieron en torno al derecho a la educación en universidades públicas y a la demanda de jóvenes que aspiran a ocupar un lugar en las aulas.

María del Carmen Gaytán Brunet, defensora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y presidenta de la REDDU, aseveró que el acceso y el egreso deben lograrse por mérito propio; ello, durante el primer conversatorio del encuentro, efectuado el 18 de octubre en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, moderado por José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV).

Gaytán Brunet dijo que es minúscula la cifra de estudiantes y egresados que sirven a la sociedad, por ello los exhortó a ser un grupo de élite, lo cual significa ser humildes y poner  sus conocimientos al servicio de los demás.

Se refirió a la postura del presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado que todos los aspirantes deben tener acceso a la educación superior, sin que medien exámenes de admisión. Opinó que el ingreso, la promoción y el egreso de alumnos a las universidades deben obtenerse por mérito propio.

“A estas alturas y en pleno siglo XXI, quien siga temiendo a la evaluación está muy equivocado, pues nos tenemos que evaluar permanentemente para ser mejores personas, mejores universitarios, defensores, madres, padres de familia y seres humanos.”

Al hablar sobre las defensorías universitarias, propuso replicar en México el modelo europeo para que se instauren a fuerza y a priori. Los defensores universitarios somos líderes morales y de opinión, debemos estar a favor de las denuncias que expongan los estudiantes, siempre y cuando éstas sean claras, reflexivas, fuertes, pacíficas y conscientes.

También, recalcó los conceptos de autonomía e independencia que deben prevalecer en cualquier universidad.

A la par de este pronunciamiento, José Martín Casado Márquez, defensor de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, expuso la situación que prevalece en su país, donde la constitución establece que el acceso a la educación superior no es un derecho fundamental, sino que se gana previo concurso de méritos, pero sí garantiza la educación básica escolar para todos los jóvenes.

En su oportunidad, Víctor Manuel Orozco Orozco, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, planteó que los derechos humanos han sido históricos y en materia de educación México empezó con gran optimismo pretendiendo extender el derecho a la educación en beneficio de todos.

Sin embargo, cuestionó si en la actualidad el Estado está en posibilidad en garantizar el derecho a la educación superior a todos los jóvenes de este país. “Lo que podemos decir es que tanto el Estado como la sociedad tienen la obligación de hacer el máximo esfuerzo, como se hizo después de la Independencia, durante la Reforma Liberal y la Revolución”.

Recordó que en la década de los sesenta se asfixió al sistema de universidades públicas en México, debido a que el gobierno federal disminuyó al máximo los subsidios a las mismas.

Orozco Orozco confió en que el gobierno entrante realice un esfuerzo histórico por garantizar ese derecho y se extienda a la mayoría de los jóvenes mexicanos que se quedan fuera de las IES.

Afirmó que sí es viable lograrlo, mediante la implementación de una serie de políticas públicas relacionadas con la ampliación de la matrícula e infraestructura.

“El gobierno debe darles capacidad a las universidades para ejercer el derecho.”

María Isabel Aránguez Alonso, defensora de la Universidad Complutense de Madrid, comentó que a mediados de los ochenta, dicha institución fue la primera en insertar esta figura.

A partir de 2001, dijo, fue obligatoria esta defensoría en todas las universidades públicas y privadas, ya que garantiza la independencia y autonomía de los poderes orgánicos.

“En España, la figura del defensor universitario semeja al defensor del pueblo.”

Explicó que, aunque su formación profesional está orientada hacia la biología y bioquímica molecular, un defensor puede ser cualquier persona que goce de la confianza del claustro, cualquier profesor o estudiante.

Además, con esta función se espera promover que el ejercicio de los derechos sean los que den calidad al sistema universitario.

En tanto, María Taidé Garza Guerra, representante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, subrayó que el ingreso a la universidad pública es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo humano, social y económico, y un elemento clave para conseguir una paz duradera y un desarrollo sostenible.

Asimismo, llamó a prohibir la discriminación en cuanto al acceso al derecho a la educación y que la falta de recursos no justifique en ningún momento el aplazamiento indefinido de medidas para implementar esta acción.

Aseveró que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como organismo internacional en materia de educación, señala obligaciones en este sentido pues habla de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, flexibilidad y adaptabilidad por parte de las universidades, las cuales también deben responder a las transformaciones de la sociedad.

Por su parte, Alejandro de la Fuente Alonso, director de la Facultad de Derecho de la UV, dejó en claro que el acceso restringido a la universidad no es un problema particular de México o de Veracruz, sino de todo el mundo.

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los tratados internacionales, establecen que la educación debe darse en todos los niveles, por lo tanto se debe considerar como una política pública.

Expuso que el reto siempre ha sido la marginación y la falta de espacios, por ello la UV ha atendido esta problemática mediante un programa permanente de ampliación de la matrícula, así como de adquisición de recursos propios para lograr una mayor cobertura y hacer el revelo generacional.

Con base en los resultados del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), pocos son los estudiantes que deciden el máximo de las cargas y optan por concluir la carrera en un lapso de cuatro a cinco años, dijo.

Con relación al derecho de los jóvenes a acceder a la educación superior, destacó la corresponsabilidad que también debe haber, pues no se trata de una cuestión de política pública, sino de que culturalmente tienen que aprovecharse las oportunidades.

“Una vez que lo logramos, nos corresponde mantenerlo”, advirtió.

Mientras que Armando de la Cruz Arteaga, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se pronunció porque la educación superior debe ser garantizada por los gobiernos y brindar las condiciones que requiere la sociedad, pues se trata de un derecho humano fundamental y habilitador.