• En México sólo seis de cada 100 delitos son registrados: ONC
• Sinergias civiles asumen un papel vital en el combate por la transformación de la realidad social

Mesa inaugural del Foro “La seguridad, justicia y legalidad en Veracruz. Una mirada desde los observatorios ciudadanos”

Lucero Mercedes Cruz Porras

Xalapa, Ver., 29/11/2016.- El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) y la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) de la Universidad Veracruzana (UV) celebraron el miércoles 16 de noviembre el Foro “La seguridad, justicia y legalidad en Veracruz. Una mirada desde los observatorios ciudadanos”, en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” de dicho instituto.

En esta intensa jornada de análisis se presentaron dos mesas de reflexión en torno a temáticas con gran relevancia en la esfera pública estatal y nacional, con un especial enfoque a las acciones que diferentes instancias proponen y realizan en beneficio de la calidad de vida de la sociedad.

El encuentro fue inaugurado por Ernesto Treviño Ronzón, José Alfredo Zavaleta Betancourt y Filiberta Gómez Cruz, investigadores y directora del IIH-S, respectivamente, y José Othón Flores Consejo, titular de la CUO, quienes agradecieron la presencia del conferencista Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Los presentadores acotaron que la organización del foro respondió a la necesidad de tratar académicamente un “tema vivo en la agenda pública desde hace años, cuando el estado de Veracruz entró en un ciclo de violencia del que no ha podido salir”.

José Othón Flores Consejo, coordinador de Observatorios Universitarios

Durante la conferencia inicial, Leonel Fernández ofreció un repaso por los diagnósticos de indicadores delictivos realizados con una metodología científica por el ONC, “organismo que se encuentra actualmente en un fuerte debate en el Senado de la República sobre el tema del uso de armas de fuego en México”. Aclaró que una de las principales labores del observatorio consiste en la elaboración de reportes mensuales sobre los 10 delitos de alto impacto con mayor incidencia en la estabilidad social en el país (robo a casa habitación, extorsión, robo de vehículo, secuestro, violación, robo a transeúnte, robo con violencia, robo a negocio, lesión con arma de fuego y homicidio doloso), así como el monitoreo e investigación del desenvolvimiento de los mismos.

Dichas actividades “cuestionan la pertinencia de las políticas públicas en materia de seguridad, porque se requiere información sólida y constante para determinar un tratamiento eficaz para las problemáticas”, aclaró el investigador.

Posteriormente mostró datos contundentes del último corte mensual (septiembre de 2016) revisado por el ONC, en el que es posible observar que “los delitos de alto impacto han tenido tasas de crecimiento muy grandes que inciden en la percepción de inseguridad en regiones donde aún no se rebasa la media porcentual”; por ello, afirmó, el compromiso de las autoridades a partir de estas cifras “no debería basarse únicamente en el combate de los índices delictivos, sino en mejorar las condiciones de vida de las personas para que se sientan más seguras y hagan su día a día, sin cambiar sus rutinas”.

Las tasas de incremento de los 10 delitos de alto impacto, por cada 100 mil habitantes, parten del registro de carpetas de investigación de los civiles afectados ante las entidades responsables, las cuales hasta septiembre de 2016 reportan una alarmante “profesionalización de la violencia en los grupos de crimen organizado”.

Esta constante se refleja en varios casos, sobre todo en la crisis de homicidios dolosos en el país, pues en agosto de este año se registró el mayor índice de homicidios dolosos relacionados con la portación de armas de fuego, desde 1997. En este aspecto 12 entidades federativas superaron la media nacional; dicha lista está encabezada por Colima, con un 304.12 por ciento mayor, seguida por Guerrero, con un 193.96 por ciento de diferencia respecto de meses anteriores.

Filiberta Gómez Cruz, directora del IIH-S

En cuanto al secuestro, el investigador explicó que se hace una particular distinción entre los fueros común y federal, debido a que “en los últimos años la Procuraduría General de la República ha comenzado a atraer muchos de estos delitos, ante la falta de capacidad de los gobiernos estatales para contenerlo”.

El último reporte arroja un promedio de 4.27 carpetas de investigación por secuestro diario, excluyendo los casos que no son denunciados por diversas causas como el temor o el desconocimiento de los procedimientos oficiales, y que se etiquetan como “carpetas negras”, al no corresponder a ningún fuero.

Este aspecto se ha generalizado en un 94 por ciento en México, “donde solamente seis de cada 100 delitos se registran”, tendencia que no permite diseñar estrategias para contrarrestarlo, pues “la información que se reconoce como oficial parte del número de carpetas de investigación”. El expositor destacó que el delito de secuestro es el único en el que Veracruz rebasa la media nacional, situación que resulta paradójica cuando “es uno de los estados con mayor percepción de inseguridad”.

El representante del Observatorio Nacional Ciudadano resaltó que en el país existe una dualidad de policías, entre la de investigación, que depende de un Ministerio Público, y las estatales o municipales, conocidas como policía de prevención, por esta razón si no existe comunicación entre ambas es imposible que se elaboren políticas públicas coordinadas.

También aclaró que este problema se agrava, cuando además de no lograrse una vinculación interna, los dos entes no trabajan en conjunto, por ello “lo ideal sería que de manera integral se generara inteligencia para confrontar los delitos porque en la actualidad las estrategias son únicamente de contención, en las que se espera hasta que sucede el delito para tratar de minimizar su daño y resolverlo”.

Concluyó su presentación remarcando tres puntos principales: que la crisis de seguridad que aqueja a los mexicanos no se ha superado desde hace 10 años, que existe una debilidad del Estado por el control del territorio, y que el incremento de homicidios dolosos en buena medida se debe a la mayor disponibilidad de armas.

Por ello, argumentó, la tarea de los observatorios ciudadanos es imprescindible para realizar diagnósticos desde lo local para “ayudar a la autoridad, que debería ser la encargada de generar estos diagnósticos, con información eficaz para identificar la modalidad de acción de bandas delictivas en la articulación de los eventos de alto impacto… porque lo que no se mide no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar no se puede mejorar”.

Leonel Fernández Novelo, miembro del Observatorio Nacional Ciudadano