• Carlos Martín Gómez Marinero
• Plantea que no es la única solución para tutelar los derechos; también está el Sistema de Protección de Derechos Humanos y el de Justicia Penal

Claudia Peralta Vázquez

Carlos Martín Gómez Marinero, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), presentó su libro Manual del Juicio de Amparo, el cual, aseguró, es el primero en el país que aborda de manera sistemática los nuevos parámetros previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección jurisdiccional de derechos humanos.

En el evento, que se llevó a cabo en el aula magna “Guillermo I. Ortiz Mayagoitia” de la entidad universitaria, participaron Enrique Córdoba del Valle, académico e investigador de la Facultad de Derecho; María del Pilar Hernández Martínez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Andrés Salomón, magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Carlos Martín Gómez Marinero presentó su libro Manual del Juicio de Amparo.

Carlos Martín Gómez explicó que “el juicio de amparo (que tutela los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales vigentes en los que México sea parte) tiene la posibilidad de impugnar un mayor número de actos que puedan afectar a quien lo promueve: digamos que legitima la posibilidad de que las personas satisfagan sus derechos violados o desconocidos por parte de las autoridades e incluso de particulares”.

Detalló que la aplicación de este instrumento aún se hace de manera tradicional, a pesar de que las reformas constitucionales en Materia de Amparo de 2011 y 2013 prevén la utilización de medios electrónicos, entre ellos: firma electrónica, sistema de notificaciones y un juicio en línea que se considera desde hace dos años.

El autor recalcó que el planteamiento plasmado en el libro considera que en la actualidad este tipo de juicio no es la única solución para proteger los derechos, como ocurría hace 50 o 60 años. Ahora hay otras alternativas como el Sistema de Protección de Derechos Humanos, e incluso el Sistema de Justicia Penal.

En la Facultad de Derecho se efectuó la presentación de Manual del Juicio de Amparo.

Sin embargo, sí puede ser aplicado durante el trámite de los juicios por violaciones indirectas, dependiendo del proceso penal o contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio.

Gómez Marinero señaló que el juicio de amparo generalmente es aplicado en sentencias definitivas, privativas de la libertad, “es cuando opera porque esas resoluciones son emitidas por las autoridades estatales y los órganos de las entidades federativas”.

Resaltó que abordar este tema tiene mucha relevancia porque la Reforma Constitucional viene acompañada de otra serie de modificaciones en materia de derechos humanos y del Sistema Penal Acusatorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2008, misma que entrará en vigor de forma paulatina.

El juicio de amparo también juega un papel importante porque la reforma en materia de amparo y del Sistema de Justicia Penal son las más importantes bajo la vigencia de la Constitución.

Otro aspecto importante y que está pendiente de analizar es la valoración de pruebas y videograbaciones derivadas de juicios orales, ya que “algunas personas pensaban que sería difícil y no ha sido así porque se sigue dando un desahogo de pruebas a través de la videograbación de juicios orales.”

En este sentido, los estudios son escasos todavía, por lo que se pretende dar una explicación desde la perspectiva de las principales instituciones educativas, acotó.

Destacó que el libro presentado es resultado de experiencias y cursos impartidos sobre materias de procesos de amparo, por lo que confió en que será una herramienta útil para los alumnos que cursan la carrera de Derecho, ya que actualmente dichos estudios son muy escasos.

Al dar su opinión sobre la gubernatura de dos años para el estado de Veracruz, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y propuesta por el Congreso Local, Carlos Martín Gómez comentó que es una decisión política resuelta por la corte y se ajusta a parámetros constitucionales.

“Realmente en ese tipo de plazos las personas apenas van implementando las reformas y planes de desarrollo que normalmente son a seis, 12 y 18 años, en este caso la única función que va a poder cumplir es la de la transición.”