• La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y el Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas realizaron mesa de análisis sobre el tema 

Saúl Cortés, Bertha Alicia Ramírez, Nora Ponce, Perla Aguilar, Karina Ramírez y Luis Eduardo Montano, participantes de la mesa de análisis

Paola Cortés Pérez 

09/12/2021, Xalapa, Ver.- Estudiantes y académicos de los programas educativos (PE) de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional (MDHJC) y el Doctorado en Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), reflexionaron sobre los resultados y retos jurídicos que dejará este año. 

La mesa de análisis “2021: Resultados y retos jurídicos en el contexto nacional”, se realizó el 6 de diciembre y fue organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y el programa de MDHJC, a través de un convenio de colaboración entre ambos PE. 

En el conversatorio participaron Bertha Alicia Ramírez Arce, académica de la Facultad de Derecho; Perla Crisol Aguilar Guízar, Elvia Karina Ramírez Juárez, Luis Eduardo Montano Hernández y Nora Hilda Ponce Castro, estudiantes del Doctorado en Derecho, bajo la moderación de Saúl Cortés Viveros, del IIJ.

Derecho a la salud
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; no solamente es la ausencia de afecciones y enfermedades. Considerando esto, el Estado debe garantizar que la dignidad de las personas será superpuesta a todas las cosas. 

Perla Aguilar, en su plática “La responsabilidad del Estado mexicano en la condición de salud de sus integrantes”, mencionó que en materia de derecho a la alimentación, el Artículo 4 constitucional establece que no sólo se trata de allegarse de productos para el consumo humano, sino que deben ser nutritivos, suficientes y de calidad. 

En el país, más del 70 por ciento de la población padece sobrepeso y una tercera parte tiene obesidad, que en 2005 fueron las principales causas de muerte. En 2016 el sector salud estableció como emergencia sanitaria el sobrepeso y la obesidad, que provocan diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. 

En el trabajo de investigación que desarrolla, plantea que las actuales políticas públicas no son suficientes, ya que son meramente fiscalistas. 

Si un producto tiene un alto contenido calórico de azúcar, debe gravarse; es decir, se aumenta el arancel, pero no se restringe su producción, comercialización y venta, por lo que las personas siguen consumiéndolo. 

“Señalo al Estado como responsable a partir de lo que dice el Artículo 1 constitucional, en su párrafo tercero: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana; también deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos en términos de ley. 

”Buscamos políticas diferentes, no fiscalistas que le suban un peso, porque no importa el precio pues el consumidor lo pagará porque tiene una adicción.” 

El reciente reetiquetado de productos no puede llamarse una política de prevención; se necesita hacer una reforma coyuntural de las políticas, que el Estado tome la responsabilidad, corrija la normativa y regule la comercialización de productos con exceso de sodio, grasa y azúcares.

Reproducción asistida
Elvia Karina Ramírez, en la ponencia “El interés superior de la infancia en las técnicas de reproducción asistida”, mencionó que en América Latina la técnica de reproducción asistida es un tema reciente, que ha generado diversas discusiones. 

Por ejemplo, en Costa Rica está prohibida desde el año 2000; en Brasil sólo hay resoluciones del Consejo Federal de Medicina y proyectos de ley; en Argentina no hay regulación alguna, lo que es peligroso porque no puede verse si se infringe algún derecho humano; mientras que en México, aunque existen legislaciones, sólo se permite para parejas estables. 

Entre los retos jurídicos en la materia, señaló la ponente, está el observar si la legislación aplicada es la adecuada y si protege a los menores cuando se llevan a cabo las técnicas de reproducción asistida.

Litigio estratégico de derechos humanos y políticas públicas
En su plática “Litigio estratégico de derechos humanos y políticas públicas”, Luis Eduardo Montano dijo que existen herramientas, argumentos y libertad para promover cambios reales, que generan un impacto social. 

El fin principal del litigio estratégico de derechos humanos y políticas públicas es que haya una reparación materialmente posible y plantea cambiar la realidad social a través del derecho, estableciendo medidas legislativas, sociales o sentencias que tengan un impacto real sobre las necesidades de quienes plantean estos asuntos, comentó. 

Se puede definir y establecer un verdadero uso del derecho para la protección de los derechos humanos y la modificación de la realidad, siempre guardando y respetando la separación de poderes.

Digitalización de los procedimientos judiciales
La pandemia ha dejado un importante rezago en el avance de juicios; se tienen menos juzgados para atender a los justiciables, existen casos con situaciones que no pueden avanzar, porque las medidas restrictivas no permiten las labores al 100 por ciento. 

Nora Ponce, en su conferencia “La digitalización de los procedimientos judiciales en materia familiar, una necesidad apremiante del sistema judicial veracruzano”, dijo que es necesario un sistema jurídico digitalizado en el área familiar, ya que durante el confinamiento los juzgados familiares trabajaron a puerta cerrada y sólo se realizaron trámites de inicio. 

“Nos estamos quedando atrás en la aplicación de las herramientas tecnológicas que podríamos aprovechar e implementar. El acceso a la justicia tiene que ser pronto y expedito, y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ayudarían a sacar el rezago procesal que se tiene en el estado.”