• Alberto García García, jefe del Departamento de Protección de Riesgos y Evaluación de la Secretaría de Protección Civil, participó en el Foro Riesgo Ambiental organizado por la UV
• Entre 2000 y 2015 ocurrieron 226 sucesos de este tipo

Alberto García García

Claudia Peralta Vázquez

04/10/18, Xalapa, Ver.- De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) relacionada con el impacto socioeconómico de los desastres ocurridos entre 2000 y 2015, el estado de Veracruz padeció 226 eventos hidrometeorológicos que ocasionaron 149 defunciones y cerca de tres millones de habitantes afectados.

Lo anterior representa que estos fenómenos son los más recurrentes en la entidad, seguidos de los geológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, reveló Luis Alberto García García, jefe del Departamento de Protección de Riesgos y Evaluación de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz.

El especialista dictó la ponencia “La gestión de riesgos de desastres” en el Foro Riesgo Ambiental realizado el jueves 4 de octubre, desarrollado por la Universidad Veracruzana (UV), a través de las facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería Civil.

Resaltó que de acuerdo con un resumen de encuestas de percepción local del riesgo, aplicado desde 2013 a nueve mil 409 personas de mil 200 localidades en el ámbito de 38 municipios, más del 70 por ciento de personas que habitan en zonas de riesgo se niegan a abandonar sus hogares.

En este sentido, Luis Alberto García también destacó la importancia de la Gestión Integral de Riesgos (GIR), que es un proceso global de planeación, participación y toma de decisiones que involucra a los tres órdenes de gobierno y a todos los sectores de la sociedad.

Ante estudiantes universitarios reunidos en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil, señaló que entre sus funciones está evaluar los problemas que se generan en el estado de Veracruz, con el fin de poder mitigarlos. Agregó que la mayoría de los daños difícilmente pueden ser evaluados pues sólo se obtienen resultados intangibles, por lo que las estrategias que se den en las instituciones deben llevar a una mejora continua.

Por tanto, la GIR se debe orientar hacia objetivos, métodos y resultados que permitan reducir de manera real los datos y las pérdidas por los desastres. Para ello se manejan ochos fases: identificación de los riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.

Asimismo, mencionó tres elementos tradicionales del riesgo: amenaza, exposición y vulnerabilidad. El primero, se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso dado; el segundo, toma en cuenta la cantidad de personas, bienes, valores, infraestructura y sistemas susceptibles de ser dañados o perdidos; el tercero, tiene que ver con la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados.

García García expuso que en 1994 se empezaron a generar las primeras estrategias de protección civil, una de ellas fue la de Yokohama y el Marco de Acción de Hyogo, Japón.

En esta materia, dijo, hay avances significativos que deben ser constantemente evaluados y modificados.

Puso como ejemplo el caso de Japón, nación que seguramente a raíz de los últimos acontecimientos de temblores y tsunamis, ya debe haber establecido nuevos parámetros sobre gestión de riesgos.

“Lamentablemente en este aspecto México aún está en pañales”, expresó.

Actualmente, nos rige el Marco de Sendai, el cual fue aprobado en 2015 y su meta para 2030 es reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres, el número de personas afectadas, pérdidas económicas, daños en las infraestructuras y servicios básicos.

También, incrementar considerablemente el número de países que cuenten con estrategias de reducción de riesgo de desastres, así como mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo.

En el estado de Veracruz, la Ley 856 de Protección Civil y Reducción de Riesgos de Desastres establece en su Artículo 5 que la política pública de Protección Civil debe privilegiar la GIR.