• “Necesitamos escucharnos todos para construir una política migratoria que hasta ahora se encuentra ausente en México”: Carlos Garrido 
• “Es fundamental que el Estado mexicano vincule las leyes con el propio sistema jurídico de las comunidades indígenas, y las trate con pleno respeto a sus usos y costumbres”: Jorge Martínez  

Rosalba Hernández Hernández

Carlos Hugo Hermida Rosales 

02/10/2021, Xalapa, Ver.- Expertos en política migratoria y en legislación y derechos indígenas participaron el 30 de septiembre en la Mesa “Sociedad y pluriculturalidad en el contexto del Estado constitucional actual”, dentro del 9º Coloquio Iberoamericano: Estado Constitucional y Sociedad, y Primer Foro sobre Grupos Vulnerables y Personas en Situación de Vulnerabilidad (migrantes) en Contexto de Post-pandemia. 

Este evento fue organizado por el cuerpo académico (CA) Ratio Legis de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV). 

Rosalba Hernández Hernández, magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, presentó la ponencia “Avances en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, en la que mencionó que la reforma constitucional realizada al Artículo 2º de la Constitución en 2001 que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, quedó limitada. 

Declaró que los pueblos indígenas son tenidos como entidades de interés a las que se debe proteger, y no como sujetos de derecho a los que se les deje señalar lo que quieren, proponen y piensan.

Carlos Alberto Garrido de la Calleja

Enfatizó que para poder atender los problemas que enfrentan las personas que pertenecen a pueblos indígenas se debe realizar un esfuerzo para entender sus visiones y concepciones particulares, ya que sin ello será imposible se les brinde un acceso real a la justicia.  

Al exponer el tema “Hacia una política migratoria integral e incluyente: reflexiones, acciones y propuestas”, Carlos Alberto Garrido de la Calleja, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S), comentó que las instituciones mexicanas más que desaciertos han generado ciertas áreas que resultan invivibles para poblaciones migrantes. 

Enfatizó que en tanto la actual institución mexicana no incorpore las propuestas y el sentir de los migrantes, no se podrá tener una política migratoria integral basada en el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural.  

Es fundamental transitar hacia una alteridad social que exige una implicación de instituciones, actores, académicos y personas que ayuden a construir un diálogo horizontal. 

José Luis Cuevas Gayosso

“Necesitamos escucharnos todos para construir una política migratoria que hasta ahora se encuentra ausente en México”, enunció.  

José Luis Cuevas Gayosso, catedrático de la Facultad de Derecho, participó con la ponencia “La jurisdicción indígena en la perspectiva pluricultural”, que elaboró en conjunto con Bertha Alicia Ramírez Arce, docente de la misma entidad académica. 

Mencionó que después de una enorme lucha los derechos indígenas lograron tener una inserción en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Explicó que la jurisdicción especial indígena en México abarca el criterio de objetividad que marca que una controversia en una comunidad indígena debe ser resuelta allí mismo; además del criterio territorial, que dicta que la comunidad puede juzgar cualquier conducta cometida en su ámbito geográfico espacial. 

Jorge Martínez Martínez

Jorge Martínez Martínez, académico de la Facultad de Derecho, cerró la mesa con el tema “El acceso a la justicia en el Estado multicultural”, en donde aseguró que acceder a la justicia es complicado para cualquier ciudadano y por ello que existen instituciones gubernamentales encargadas de auxiliar en ese rubro.  

Manifestó que la lengua es uno de los principales obstáculos para que la justicia permee en las comunidades indígenas, y afirmó que cuando a ella se suma la cosmovisión de cada pueblo, esto se complica aún más.  

Declaró que es fundamental que el Estado mexicano vincule las leyes con el propio sistema jurídico de las comunidades indígenas, y las trate con pleno respeto a sus usos y costumbres.