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Federación, estado y municipio deben colaborar en materia ambiental

  • La Mesa 1 del Seminario Nacional de Gestión y Políticas Públicas Ambientales trató de la concurrencia de los tres niveles de gobierno en materia ambiental

 

Rosa Luz Hernández, Isis Arlene Díaz, Gloria Cuevas y Tania García

 

Karina de la Paz Reyes Díaz 

21/09/18, Xalapa, Ver.- Académicas de la Universidad Veracruzana (UV) y funcionarias públicas coincidieron en que los tres niveles de gobierno deben trabajar de manera coordinada el aspecto ambiental; lo anterior, durante su participación en el Seminario Nacional de Gestión y Políticas Públicas Ambientales. 

Este tema se abordó porque en la cotidianidad la población no sabe con qué instrumentos legales cuenta o a qué instancia recurrir cuándo requiere denunciar un tema relacionado con una problemática ambiental. 

La Mesa 1 “Políticas públicas ambientales” del evento organizado por el cuerpo académico (CA) Gestión y Políticas Públicas Ambientales, adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas, fue moderada por Tania García López, profesora-investigadora del CA en mención. 

En su participación con el tema “Principio de concurrencia y políticas públicas ambientales en México”, García López explicó que el principio de concurrencia en materia ambiental aparece previsto en el artículo 73, Fracción 29 C de la Constitución. “Lo que nos dice es que en materia ambiental deben existir competencias de los tres niveles de gobierno para actuar en este tema”. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otros instrumentos legales referentes a la materia, establece tal principio de concurrencia. Sin embargo, dijo, “deberían establecer quién tiene la competencia o la facultad para actuar en un tema determinado”, toda vez que en la práctica priva la discusión y la falta de claridad sobre quién debe actuar. 

“Tal situación genera en el gobernado una falta de certeza jurídica sobre cuál es la instancia competente para resolver un asunto. Es muy habitual encontrarnos con varias dependencias con competencias sobre el mismo asunto, a esto hay que sumarle un aspecto que es fundamental: el principio de la participación pública en materia ambiental.” 

Enseguida, Gloria Cuevas Guillaumin, asesora de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó el tema “La política mexicana de adaptación frente al cambio climático”. 

Recordó que la Ley General de Cambio Climático fue promulgada en 2012 y a partir de ese momento a la fecha se han creado una serie de instrumentos relacionados con la materia, mismos que han apoyado el diseño y planeación de la política nacional del cambio climático. 

“Hay que reconocerlo, México ha sido un líder en el tema; sin embargo, creo que ahora el reto está en la implementación, y retomando las reflexiones de García López, están las atribuciones”. Aunque la funcionaria habló de las acciones de la Federación, admitió que “es indiscutible que debemos trabajar en conjunto”. 

Después participó la profesora-investigadora de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, Isis Arlene Díaz Carrión, quien habló de “Políticas y turismo para la conservación”. Afirmó que en el país se han desarrollado iniciativas interesantes en la materia; sin embargo, una de las principales deficiencias es que la planeación no es a largo plazo, sino política gubernamental. “El problema es que cuando llega el cambio político no se retoma ni se reconoce lo que ha funcionado y se parte de cero”. 

Subrayó que la academia, como parte de sus funciones, ha sido una voz crítica respecto a las políticas públicas, y que la parte más interesante de éstas es aplicarlas, lo cual habitualmente presenta dificultades. Por ejemplo, las políticas públicas de las reservas de la biosfera como Sian Ka’an, Mariposa Monarca y Los Tuxtlas han favorecido la generación de trabajo e ingresos, así como la mitigación de la migración laboral de los habitantes, pero también han aumentado las diferencias sociales y económicas, al tiempo que se ha identificado una baja calidad del empleo creado. 

La académica habló de la importancia y necesidad de estrategias incluyentes e integrales, así como de la consideración de las acciones de sensibilización medioambiental y sociocultural para potenciar el ecoturismo en los espacios de conservación.  

Igualmente, subrayó que se deben aprovechar los diversos mecanismos de conservación y manejo de la biodiversidad para promover una conservación incluyente que pueda mejorar la calidad de vida de los residentes y turistas en las reservas de la biosfera. 

Finalmente, Rosa Luz Hernández García, jefa del Departamento de Supervisión y Protección Ambiental del municipio capitalino, intervino con “Políticas ambientales municipales: el caso de Xalapa”. Habló específicamente de dos políticas ambientales: concienciación de la contaminación acústica y valoración ecosistémica de arbolado. 

“Creo que las políticas públicas, tanto municipales, estatales y federales, deberían contribuir de manera concurrente pero ordenada, no traslapando y generando conflicto, para tener un efecto en la ciudadanía y que realmente haya cambios en el medio ambiente, y con ese marco lograr la garantía de un derecho humano al medio ambiente sano.” 

El Seminario Nacional de Gestión y Políticas Públicas Ambientales se desarrolló el 20 de septiembre en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil.

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