• Participaron en la primera mesa del Foro Interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro”
   

Investigadores y docentes de universidades del país analizaron el mandato de la Constitución para garantizar el derecho humano a los beneficios de la CTI

José Luis Couttolenc Soto 

29/04/2021, Xalapa, Ver.- Investigadores y docentes de universidades del país participaron en la primera mesa del Foro Interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro”, donde expusieron su perspectiva en torno al mandato de la Constitución para garantizar el derecho humano a los beneficios de tales rubros. 

Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), señaló que el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) no es resultado de un diagnóstico ni de una plataforma en donde se tomen decisiones, tampoco es producto de trabajos realizados en años anteriores en relación a la ciencia y la tecnología. 

Lamentó que en su elaboración no se tome en cuenta la opinión de las universidades como protagonistas y generadoras del conocimiento; refirió que quien está tomando las decisiones sobre la ciencia que México requiere “es un consejo de Estado vertical, hegemónico y popular”, conformado por autoridades y secretarios de Estado, “en donde las universidades y los centros de investigación no entramos, sino hasta un punto muy inferior del proceso, y únicamente como usuarios y no como generadores de conocimiento y ciencia”. 

Restringirá la libertad de investigación y de cátedra 

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reflexionó en torno a lo que establece el Artículo 3 constitucional después de la reforma de 2019, remarcando la perspectiva de derecho que se da a la práctica y los beneficios del desarrollo y de la investigación científica, tecnológica y humanística. 

Mencionó que existen preocupaciones respecto al proyecto de ley, entre ellas la plena garantía de la libertad de investigación y cátedra en su más alto sentido, que se podría ver condicionada, conculcada o restringida cuando se contemplan figuras como la “agenda de Estado” y “consejo de Estado”, que limitarían dicha libertad puesto que establecerían las prioridades temáticas para ser apoyadas con recursos del Estado, con una reducción potencial para las de interés científico, humanístico y tecnológico. 

LGHCTI con visión centralista 

Josefina Cortés Campos, profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), hizo un llamado a no permitir que la consecución del derecho humano a la ciencia, la tecnología e innovación “se plantee en un proyecto de ley con una visión centralista y unitaria”, que iría en contra de lo que establece el texto constitucional. 

Dijo que las instituciones públicas y privadas están llamadas a hacer posible este derecho, y que cualquier proyecto de ley o norma secundaria que desconozca la función, papel y responsabilidad que tienen las instituciones privadas en este derecho, tendría claramente un problema de constitucionalidad. 

Por su parte Andreas Schedler, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se refirió a “dos derechos imaginarios”: el anteproyecto de la LGHCTI “que no protege ningún derecho reconocido, pero sí pretende introducir uno nuevo”. 

Desde su perspectiva, el anteproyecto de ley no aspira a que la ciudadanía disfrute de los avances de la ciencia, busca que la nación obtenga los avances científicos necesarios para resolver sus problemas, en lugar de proporcionar fondos ilimitados para que la ciencia realice investigación básica y aplicada en todas las áreas que puedan aportar posibles soluciones a los problemas durante las dos próximas décadas. 

Por último, la vicerrectora Académica de la Universidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes, habló del derecho humano a la ciencia como un derecho de la sociedad al gozar de sus beneficios; del derecho a hacer ciencia con las condiciones necesarias; del derecho a la ciencia, y el derecho a la educación. 

Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro