- En el marco del programa “La palabra y los decanos”
Karina de la Paz Reyes Díaz
01/05/2021, Xalapa, Ver.- Martín Aguilar Sánchez, académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV) y Decano de esta institución, disertó sobre “El sistema político veracruzano y la protesta social”, para lo cual incorporó la perspectiva histórica, sociológica y de la ciencia política.
“El sistema político veracruzano, históricamente, se caracterizó por este fenómeno llamado autoritarismo político”, dijo en el seminario web que se desarrolló el 29 de abril, en el marco del programa “La palabra y los decanos 2020” de la UV, a través de las vicerrectorías Veracruz y Orizaba-Córdoba, así como la Dirección General del Área Académica de Humanidades (DGAAH).
En este ejercicio académico estuvieron presentes: el vicerrector de Orizaba-Córdoba, José Eduardo Martínez Canales; el vicerrector y el secretario Académico regional de Veracruz, Alfonso Gerardo Pérez Morales y Ulises Gonzalo Aguirre Orozco, respectivamente; el titular de la DGAAH, José Luis Martínez Suárez.
Así como el académico Genaro Aguirre Aguilar, en calidad de moderador, y también de la región Orizaba-Córdoba, Rubén Eder Contreras Rojas, quien coordinó la sesión de preguntas y respuestas, y en su participación destacó la importancia de la investigación a largo plazo y el trabajo de campo que Aguilar Sánchez puso en evidencia en su presentación.
Por su parte, Martín Aguilar recordó el autoritarismo político que ejerció el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, donde la alternancia a nivel gobierno estatal se dio hasta 2016, cuando Acción Nacional (PAN), en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), logró la gubernatura; antes, se había dado a nivel municipal y del Poder Legislativo.
“Las características que teníamos en el sistema político eran muy claras: las distintas organizaciones sociales tenían una relación muy estructural-corporativa con el partido dominante que poco a poco fue perdiendo hegemonía, y en la medida en que pasan los años y se viene un proceso de transición política y democratización en el estado, vemos que el PRI empieza a perder esa fuerza hegemónica.”
Es más, en Veracruz las instituciones llamadas de la democracia, como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral Veracruzano, el de Acceso a la Información Pública, incluso los medios de comunicación, estaban subordinadas al gobierno estatal.
Con Miguel Alemán (gobernador de 1998 a 2004) inició el proceso de liberación política, toda vez que la oposición, el PAN y PRD, ganó ayuntamientos y curules en el Congreso Local y la elección para la gubernatura casi es perdida por el PRI. Con Fidel Herrera (gobernador de 2004 al 2010) se impulsaron acuerdos de gobernabilidad, que implicaban estrategias de cooptación de liderazgos políticos, hubo un gasto en propaganda “desenfrenado” tanto para el partido en el poder como para el titular del Ejecutivo y se hizo evidente la delincuencia organizada.
Mientras el gobierno de Javier Duarte (2010 a 2016) es de “los más oscuros de Veracruz”, con mayor presencia de la delincuencia organizada y más vínculos entre ésta y distintos niveles del gobierno estatal, así como endurecimiento de la política contra distintos movimientos y protestas.
El académico del IIH-S parafraseó al filósofo italiano Giorgio Agamben: “el estado de excepción se vuelve normalidad”; ello sucedió tanto en el periodo de Herrera como en el de Duarte, cuando “lo normal era la presencia de la delincuencia, la inseguridad”.
Por su parte, Miguel Ángel Yunes (gobernador 2016-2018), ya en la alternancia, promovió el encarcelamiento de su antecesor, pero en contraste impulsó a uno de sus hijos para ganar la gubernatura, “lo que creaba una dinámica del viejo régimen”. Con Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo periodo comprende de 2018 a 2024, se reconoció el grave problema de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y se hace evidente el conflicto con su predecesor.
Las protestas
Martín Aguilar citó el neoextractivismo y las protestas articuladas contra el proyecto hidroeléctrico “El Naranjal”, en la zona de Amatlán de los Reyes; el minero “Caballo Blanco”, en la región de Actopan-Alto Lucero; la hidroeléctrica en la Cuenca de la Antigua, específicamente en la región de Jalcomulco; contra la industria del petróleo y el fracking.
También habló de los movimientos sociales y protestas en la zona indígena del sur del estado, que se han caracterizado por: reconfiguración del territorio, protesta en contra del alto costo de las tarifas eléctricas y defensa de los derechos humanos en todas sus vertientes. Un caso que consideró emblemático fue el de Zaragoza, centro de protesta comunitaria y en donde realizó estudios a profundidad; ahí se conformó una especie de comité de defensa popular y ganaron en varias ocasiones el ayuntamiento.
Mientras de la sierra de Zongolica citó Tehuipango, donde alrededor de 1980 en el municipio planteaban una democratización y procesos de autogestión, “que después fueron brutalmente reprimidos en el momento más álgido del autoritarismo en el estado de Veracruz”. De ahí, dijo, surgieron otras movilizaciones como la Unión de Todos los Pueblos Pobres (Tinam, por sus siglas en náhuatl) o la organización de campesinos indígenas de Zongolica.
También citó como “fundamental” la lucha y el movimiento feminista, así como la visible “intensidad” de los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos tanto en el norte, centro y sur de Veracruz, y el movimiento magisterial ante la Reforma Educativa, así como de trabajadores pensionados.
Entre 2014 y 2016 había un pesimismo en la ciudadanía y daba la sensación de que no había capacidad organizativa entre la sociedad civil; por el contrario, recalcó, “a mí me parecía más bien que la orientación había cambiado, para pensar que eran procesos de resistencia en distintos ámbitos”.
Para el académico, el sistema político veracruzano llegó a caminar en un proceso de “autoritarismo al de descomposición”, con la vinculación y presencia que tenía la delincuencia organizada en el estado; por otro lado, “son las movilizaciones las que han puesto en entredicho una serie de problemas estatales”.
Ante el nuevo sistema político de la entidad, aclaró que las cuestiones no cambian de la noche a la mañana, pero “sí hay pistas, procesos que nos están dando nuevas perspectivas y expectativas de lo que puede pasar entre los sistemas de protestas y el sistema político”.
En su opinión, la estructura de oportunidades políticas en la negociación con los distintos grupos y colectivos “tiene que abrirse, mantenerse y consolidarse”.
Dejó en claro que “los movimientos y protestas no van a desaparecer en términos automáticos, hasta que haya respuestas claras y políticas públicas definidas para resolver las distintas problemáticas que se tienen en el estado”.
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