- Marcela Alejandra Aguilar Vergara, alumna de Doctorado en Derecho, señaló que una de las consecuencias es la vulneración de los derechos humanos de los padres intencionales, de la mujer gestante y del ser concebido
José Luis Couttolenc Soto
Fotos: Omar Portilla Palacios
27/04/2022, Xalapa, Ver.- Marcela Alejandra Aguilar Vergara, estudiante del Doctorado en Derecho que ofrece el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), considera que México carece de una regulación adecuada en relación al acceso a la gestación por sustitución, que trae como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de los padres intencionales, de la mujer gestante y del ser concebido.
La alumna del posgrado es coautora de la obra Estudios contemporáneos de la ciencia jurídica, en la que los estudiantes pertenecientes a la segunda generación de ese posgrado concentran en tres tomos el producto de sus investigaciones doctorales, cuyos extractos fueron dados a conocer en un coloquio organizado por la entidad universitaria.
Aguilar Vergara realizó la investigación “La gestación por sustitución y el derecho a la libertad reproductiva en México”, vinculándola con el derecho a la libertad reproductiva; hizo un análisis de esta figura y la forma en que se encuentra legislada en algunas entidades federativas del país (Tabasco y Sinaloa), que tienen regulada esta práctica a través de códigos civiles y de familia, con variantes entre ellos.
En su trabajo precisa que el derecho no siempre va de la mano con las transformaciones que se realizan en la sociedad, lo cual deriva en que las legislaciones no se encuentren a la altura de la población.
Refirió que en la actualidad la relación filial ya no puede distinguirse solamente entre natural y jurídica, pues ahora se ha sumado la voluntad procreacional.
De acuerdo a la investigación y por los resultados obtenidos, propone que el Estado mexicano debe realizar las modificaciones pertinentes a la legislación tomando en cuenta las necesidades de la sociedad, y no obstante ser una actividad que no es penada por la legislación, tampoco se puede considerar que es una actividad legalizada.
Respecto a los beneficios, Marcela Alejandra apuntó que existiría un reconocimiento legal de la gestación subrogada, con lo que el Estado estaría protegiendo los derechos de los padres intencionales, mujeres gestantes y menor nacido; permitiría contar con estadísticas de quienes recurren a esta práctica y de las mujeres gestantes, y se crearían condiciones para evitar la muerte pues en ocasiones son sometidas a prácticas clandestinas.