• Nidia Buenfil Burgos, investigadora del Cinvestav, manifestó que existe incapacidad por parte de los diseñadores de políticas educativas
• Participó en el Foro Académico “Cien años de la Constitución de 1917: diálogos interdisciplinarios”

Rosa Nidia Buenfil Burgos, maestra en Ciencias por el Cinvestav

Claudia Peralta Vázquez

Xalapa, Ver., 16/02/2017.- Rosa Nidia Buenfil Burgos, maestra en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, señaló que en México los equipos y diseñadores de políticas públicas en materia educativa no dan un seguimiento a la investigación, lo cual permitiría evaluar las condiciones laborales y pedagógicas antes de decretar las nuevas reformas.

Más allá de esos condicionantes externos al propio campo educativo y acción pedagógica, está otra dimensión que establece que existe una incapacidad mostrada por los diseñadores mexicanos de políticas públicas, destacó la especialista durante su participación –el jueves 9 de febrero– en el Foro Académico “Cien años de la Constitución de 1917: diálogos interdisciplinarios”.

También afirmó que el ritmo sexenal en México no evalúa lo que ha pasado con la anterior reforma: “Aunque esté hecha por un equipo muy serio y capaz, no responde a las demandas específicas de una sociedad mexicana con todos sus territorios, diversos niveles de desarrollo, demandas y demás”.

Al dictar la ponencia “El Artículo 3 constitucional, notas analíticas, un siglo de vicisitudes ideológicas y fronteras políticas”, Buenfil Burgos aseguró que la legislación educativa es ejemplar por el lugar que ocupa en la constelación ideológica del país; sin embargo, pensar en la Constitución y en el Artículo 3 sólo como un ejercicio de regulación, resulta insuficiente.

En presencia de estudiantes, académicos, historiadores y público en general, quienes asistieron al evento realizado en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), dijo que se habla de la calidad educativa desde la época de Lázaro Cárdenas del Río y que la evaluación no es ninguna invención de la reforma de 2013, ya que viene desde antes de la modernización.

Sin embargo, la forma como esta última ha penetrado en la vida educativa de México ha generado contestaciones serias.

La especialista, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también mencionó que las reformas de 2013 marcan con mucha fuerza el desmantelamiento del estado benefactor, lo cual representa “algo muy crudo para México”.

Asimismo, afirmó que la heterogeneidad política e ideológica es una condición de todas las reformas que ha sufrido el Artículo 3.

Al hacer un análisis de cada reforma, puntualizó que con relación a la Constitución de 1857, ésta marcó un viraje fundamental en la historia mexicana porque sentó las bases para la liquidación de los innumerables intentos de regresar al gobierno monárquico que por siglos avasalló nuestro país.

En este contexto se sitúa el Artículo 3 del liberalismo republicano, que se caracterizaba por la libertad de enseñanza, educación obligatoria, laica y gratuita, aunque también tuvo lugar la separación de la educación pública en la enseñanza religiosa y la reglamentación de las profesiones.

En la segunda década del siglo XX, como resultado del Estado emanado de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 consigna en el Artículo 3 que la educación es una conquista revolucionaria y el Estado federal su garante.

Aquí se mantiene que la educación es libre, obligatoria, laica y gratuita; precisa que los particulares pueden impartir educación pero no dirigir establecimientos.

Enseguida comentó que la extensa vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se debe a que simboliza la institucionalización de un proceso socialmente costoso, políticamente complejo y culturalmente dislocador.

Se trata de un momento histórico porque marca una discontinuidad constitutiva en la vida social, cultural y política de la nación y su constitución tiene lugar como resultante de la Revolución Mexicana, donde participaron fuerzas políticas a lo largo y ancho del país.

En 1934, otra reforma asentaba que la educación que impartiera el Estado sería socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatiría el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizó sus enseñanzas y actividades de tal forma que permitiera crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.

Las corporaciones religiosas, los ministros de cultos y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrían en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrían apoyarlas económicamente.

En 1945, la Reforma de la Unidad Nacional eliminó la coeducación; es decir, la educación que impartía el Estado, Federación y municipios tendería a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y le fomentaría el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia; se mantendría ajena a cualquier doctrina religiosa y las corporaciones religiosas no intervendrían en forma alguna.

Más adelante, en 1993, la reforma modernizadora incluyó un inciso que dictaba lo siguiente: los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios.

Otras modificaciones tuvieron lugar durante 2002, en el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quezada; sin embargo, más que una reforma profunda, los cambios fueron de corte administrativo y de gestión escolar, de escasa repercusión ideológica o pedagógica.

En la actualidad, la Reforma Integral de 2013 mantiene rasgos y añade en el inciso III: el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o de supervisión en básica y media superior que imparta el Estado, mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de conocimientos y capacidades. La ley reglamentará y fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.