- En el escenario actual la autonomía puede tener muchos significados, uno de ellos puede ser el autogobierno, planteó Adrián Acosta de la Universidad de Guadalajara
- María Angélica Buendía dijo que la apuesta de la Ley General de Educación Superior fue la gratuidad y obligatoriedad de la misma
Paola Cortés Pérez
Fotos: Omar Portilla Palacios
22/09/22, Xalapa, Ver.- El significado y práctica de la autonomía ha cambiado en los últimos años, por ello es importante considerar la creación de nuevos espacios de participación para estudiantes, profesores y directivos, planteó Adrián Acosta Silva, coordinador académico del proyecto “Jalisco a futuro 2030” del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara.
El Maestro en Ciencias Sociales participó por videoconferencia en la Mesa 2 “Gobierno, políticas y escenarios de la relación entre la universidad y el Estado” del Coloquio “La universidad pública frente a su actual momento histórico”, organizado por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), en el Auditorio “Alfonso Medellín Zenil” del Museo de Antropología de Xalapa.
Moderados por Ernesto Treviño Ronzón, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, también participaron María Angélica Buendía Espinosa, académica de tiempo completo y secretaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y Armando Alcántara Santuario, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Adrián Acosta enfatizó que en los últimos años, y de manera acelerada, el concepto de autonomía ha cambiado de significado y prácticas; sin embargo, un aspecto que ha permitido la supervivencia de las universidades –durante casi mil años en el mundo– ha sido el gobierno colegiado, el gobierno compartido entre estudiantes y académicos, “éste es el núcleo de la vida académica”, expresó.
“Cómo se puede hablar de autonomía, cuando por un lado tenemos restricciones administrativas, económicas y políticas, a nivel estatal y federal. En el escenario actual puede tener muchos significados, uno de ellos puede ser el autogobierno.”
Ante este panorama, dijo estar convencido de que los consejos tradicionales de las universidades ya no son suficientes, por lo tanto, tienen que ser acompañados de espacios de participación cercanos a los estudiantes, profesores y directivos.
“Tenemos que abrir la imaginación a nuevas formas de participación universitaria que verdaderamente impriman una vida democratizadora y fortalezcan la autonomía.”
Con respecto a la relación con el gobierno federal actual, comentó que éste rompió con la lógica del financiamiento condicionado y competitivo para las universidades, lo que genera una nueva forma de relación con la educación superior basada en el presupuesto ordinario que crece muy poco y es claramente insuficiente.
La Ley General de Educación Superior, apuntó, contiene intenciones y objetivos específicos del gobierno federal actual; sin embargo, el problema es pensarla como una política pública, por lo que corre el riesgo de ser inoperante.
Pese a lo anterior, dijo que hay algunas oportunidades que pueden ser aprovechadas: un nuevo programa sectorial de educación superior, del que se ejecutarán los programas estatales, y el Fondo de Financiamiento a la Educación Superior, que permitirá garantizar las condiciones de acceso a la obligatoriedad a este nivel educativo.
Sobre este tema, a través de videoconferencia María Angélica Buendía mencionó que la apuesta de dicha ley fue la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, pero los puntos que deben ser revisados son qué tipo de instituciones y para qué estudiantes.
“El gran tema es la planeación de un programa nacional de educación superior que recoja y evidencie por dónde tienen que ser encaminadas las acciones de programación. Es importante que se rescaten programas federales, como el de becas para los estudiantes.”
Finalmente, Armando Alcántara dijo que los tiempos actuales son inéditos: la pandemia mostró –de una manera nítida– lo que es la globalización: un evento local que afectó no sólo a la salud, también a la economía y la educación.
“En el país vivimos una transición y cambios políticos que impactan en los diferentes niveles de la vida, por ejemplo, en la educación superior, específicamente con las modificaciones al Artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación Superior”, finalizó.