- En la pandemia se ha observado otro fenómeno social, la conducta antagónica que agrede al personal de salud, afirma la docente de la Facultad de Derecho
José Luis Couttolenc Soto
05/06/2020, Xalapa, Ver.- La solidaridad no significa confrontación o conflicto de intereses, es la suma de esfuerzos, ideas, propuestas y alternativas en la búsqueda y construcción conjunta de soluciones para un bien común, señaló Bertha Alicia Ramírez Arce, coordinadora del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), al referirse a la importancia que tienen las diversas manifestaciones en la materia durante el desarrollo de la pandemia por COVID-19
Sin embargo, durante la misma emergencia sanitaria se ha podido observar otro fenómeno social como es la “conducta antagónica a la solidaridad, en la que algunas personas –las menos-, muestran repudio, incluso agresión, en contra de los miembros del sistema de salud y de la Guardia Nacional (GN), que por su cercanía en sus lugares de trabajo conviven con pacientes COVID-19, y ellos son médicos, enfermeras, enfermeros, asistentes, personal de intendencia, y otros son los encargados de custodiar la seguridad de la ciudadanía, protección y vigilancia”.
La profesora universitaria refirió que “la solidaridad es un término que en el uso común ha formado parte del sentir de nuestra sociedad de manera frecuente, cuando asumimos con unidad los embates de la naturaleza, como son catástrofes climáticas, sismos o circunstancias especiales como la actual, y es aquí en donde ese sentimiento de unión y comunión debe manifestarse de forma espontánea y activa, orientado hacia un objetivo común, salir adelante como sociedad ante la crisis o tragedia”, indicó.
La catedrática de la Facultad de Derecho destacó también que estas reacciones lógicas–sociales, “se deben compensar por parte del Estado con información oportuna, transparente y confiable que pueda transmitir el mensaje de unidad necesario y de confianza en los defensores en la primera línea en esta crisis sanitaria por COVID-19, así como en los encargados de la seguridad pública y la Guardia Nacional”.
Mencionó que partiendo del factum principis de que la política como instrumento de generación de acuerdos “en este momento se encuentra en crisis por causa de la polarización y radicalización de posturas ideológicas partidistas”, se hace imprescindible y necesario apelar a nuevas formas de diálogo y de instrumentos que permitan diseñar y construir alternativas creativas y efectivas para afrontar los efectos de la pandemia a nivel nacional y local.
Por último, puntualizó que la solidaridad como derecho humano y como deber del Estado “se debe asumir como una actitud que favorezca el diálogo inclusivo, con el objetivo de alcanzar soluciones para el bien común, dejando de lado los fundamentos ideológicos partidistas y adoptando un compromiso ético en beneficio de todos los sectores sociales y económicos de la mano ciudadana, como corresponde en un momento de crisis que constriñe a todos los actores a ser solidarios y responsables por un bien superior, alejándonos de la tentación de crear mayores radicalizaciones”.
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