• Participaron en el Foro Interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro” 

La pandemia de Covid-19, dijeron, ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo enfoque

Karina de la Paz Reyes Díaz 

30/04/2021, Xalapa, Ver.- Integrantes de la comunidad científica reflexionaron sobre la importancia del desarrollo de las ciencias básica y aplicada, así como la interdisciplinaria y el respeto a la libertad de investigación, lo cual debe ser considerado en la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del país.

Se trató de la Mesa 9 “Ciencia básica, ciencia aplicada, interdisciplina” del Foro Interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro”, organizado por instituciones de educación superior (IES) del país, públicas y privadas. 

El encuentro se desarrolló el 27 de abril vía remota y participaron: Rosalba Casas y Antonio Lazcano, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Eduardo Gamaliel Hernández Martínez, de la Iberoamericana (Ibero), y Héctor Raúl Solís, de la Universidad de Guadalajara (UdeG). 

En calidad de comentaristas: Germán Álvarez Mendiola, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; Margarita Hernández, de la UdeG, y Juan Alfredo Hernández Guerrero, de la Autónoma de Querétaro. La moderación estuvo a cargo de Claudia Díaz, de la Autónoma Metropolitana. 

Rosalba Casas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, remarcó que no hay una forma única de hacer ciencia y son numerosos los conceptos generados al respecto para caracterizar esas diversas formas de investigación, mismas que se retroalimentan e interactúan entre sí. 

“La noción de ciencia que se promueve en el gobierno actual, para incidir en problemas nacionales, conlleva una visión única y el desconocimiento o que no se promuevan otras formas de producir conocimiento.” 

A su parecer, los planteamientos del anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), asumen “un enfoque determinista”. Además, en éste impera una visión “única, gubernamental y centralista de la política”. 

En ese tenor, la concepción de la nueva ley “tiene que incluir un amplio abanico de hacer ciencia y no estimular una por encima de otras”. En su opinión, esto se logra en los planteamientos hechos por Pro CienciaMX, donde no se distinguen formas de producir conocimiento. 

Para Antonio Lazcano, científico mexicano distinguido a nivel internacional y abocado a la biología evolutiva y a la divulgación de la ciencia, no tiene sentido cuestionar cuáles son los límites que separan a la ciencia básica de la aplicada. Es más, para él uno de los grandes problemas que se tiene es que siempre se habla de “la ciencia”, como si se tratara de una entidad única y “la ciencia en modo alguno es así”. 

Por otro lado, a nivel mundial hay un problema de reducción de la inversión pública en la investigación académica y, en su opinión, quienes leyeron adecuadamente la lección derivada de la pandemia de Covid-19 son países como Alemania, Inglaterra, Francia o Canadá. 

“Pero en muchos lados, incluyendo México, lo que vemos es una reducción pavorosa de la investigación académica, olvidándose de que las soluciones a problemas como los de salud requieren de décadas de una inversión sostenida que no dependa de los vaivenes sexenales.” 

El científico desarrolló varios puntos sobre la manera en que se genera conocimiento en el país y opinó que el anteproyecto del Conacyt no atiende tales situaciones. Por el contrario, “en el país tenemos, desafortunadamente, el desarrollo de una atmósfera anti-intelectual que ha sido fomentada por el Poder Ejecutivo mismo”. 

A decir de Eduardo Gamaliel, del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Ibero, “por parte del Conacyt es más que obvia la intención de marcar una llamada agenda de Estado, que aparentemente favorece la ciencia aplicada a las necesidades urgentes del país”. 

Pero tal agenda pretende acotar las prioridades, lo cual es “riesgoso en detrimento de la libertad de investigación”. Incluso, predijo que los proyectos de investigación fuera de esa agenda no podrán continuar por la falta de recursos y “viviremos en la inmediatez y las prioridades que cada gobierno juzgue para su periodo sexenal”. Otro de los aspectos que analizó fue el de la necesidad de abordar los complejos problemas de manera interdisciplinaria. 

Para Héctor Raúl Solís, vicerrector de la UdeG, si bien es necesario hacer cambios, a la fecha ve un “exceso de crítica y de rigor” que lleva a pensar que todo está mal y que “sólo un grupo de personas virtuosas moralmente o con grandes capacidades de juicio ético debe tener la última palabra”. 

En ese contexto, remarcó que construir una política de Estado no debe ser sinónimo de “implantar relaciones de mando y obediencia entre las instituciones de gobierno y las comunidades científicas, y menos de coartar libertades y suprimir la creatividad”. 

Citó un texto de Ruy Pérez Tamayo dedicado a desmitificar lo que es ciencia básica y aplicada, él dice que “hay ciencia bien hecha o mal hecha”. Añadió que todo proceso científico es también creativo e implica la serendipia, espontaneidad y búsqueda de conocer por conocer. 

“La ciencia de suyo tiene que ser libre, espontánea”, y calificativos como “ciencia neoliberal yerran completamente” pues en ella no intervienen elementos ideológicos, sino intelectuales, comprensivos, analíticos, explicativos, lógicos, entre otros. 

Y, sintetizando lo dicho por los demás participantes, dijo: “Quizá no haya nada más democrático, en el fondo, que una comunidad inteligente, científica, dispuesta a colaborar entre sí en aras de la búsqueda de la verdad, de reconocer los propios errores y argumentar las razones de sus puntos de vista; quizá ese sea, paradójicamente, el recurso más importante que una sociedad tiene para profundizar en su vida democrática”. 

Al igual que sus colegas, hizo votos porque prevalezca el consenso para la ley de CTI, como sucedió en la Ley General de Educación Superior.