• Coincidieron panelistas del conversatorio “La Universidad pública en México”, del Coloquio Internacional “Educación Superior y Gobiernos Progresistas en América Latina” 
• Participaron Hugo Casanova, Vicente Hugo Aboites, María Guadalupe Olivier y Axel Didriksson 

Elizabeth Ocampo, Axel Didriksson, Vicente Hugo Aboites, María Guadalupe Olivier y Hugo Casanova

Paola Cortés Pérez 

Fotos: Omar Portilla Palacios

22/05/2024, Xalapa, Ver.- El actual sistema universitario tiene un insuficiente crecimiento cuantitativo que no le permite absorber y atender la demanda de ingreso, coincidieron los participantes en el conversatorio “La Universidad pública en México”, del Coloquio Internacional “Educación Superior y Gobiernos Progresistas en América Latina”, organizado por la Universidad Veracruzana (UV). 

En la mesa de análisis, realizada en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, estuvieron como invitados: Hugo Casanova Cardiel, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Vicente Hugo Aboites Aguilar, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. 

Así como María Guadalupe Olivier Téllez, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, y Axel Didriksson Takayanagui, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. 

Hugo Casanova hizo un breve recorrido histórico desde el surgimiento de las primeras universidades en México y América Latina en el siglo XVI, hasta llegar al siglo XX con la creación de institutos de Investigaciones científicos y de las artes para extender el saber; sin embargo, desde sus inicios ha sido una institución selectiva.

Hugo Casanova, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de la UNAM

“Hoy tenemos que, en términos normativos y programáticos, la educación superior es considerada como derecho social, lo que implica en primer lugar un lineamiento en el que el Estado asume la responsabilidad de brindar este servicio y una serie de obligaciones operativas del sistema y financiamiento, así como de gratuidad.” 

Sin embargo, el gran “pero” es que no tiene mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, entonces, ¿a quién se le reclama que no esté cumpliéndose ese derecho?, cuestionó  

Además, las universidades se enfrentan a una insuficiencia de crecimiento cuantitativo, esto les impide absorber la demanda; en términos de tamaño es asimétrico; se enfrenta a una problemática estructural, que arrastra de hace cuatro o cinco décadas, y continúan enfrentándose a un régimen de presiones políticas y financieras.

Vicente Hugo Aboites, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM

Casanova Cardiel mencionó que la matrícula universitaria es de cinco millones 192 mil 618 estudiantes, de ellos el 89% cursan una licenciatura, con 8.5% en posgrado. Cuatro de cada 10 jóvenes, de 18 a 24 años, están dentro de las universidades, pero seis de cada 10 están fuera del sistema educativo universitario. 

“Esta última cifra es relevante porque habla de la tragedia educativa, porque esos jóvenes están en los mercados, subterráneos, atrapados en la delincuencia o –en el mejor de los casos– emigraron hacia los Estados Unidos.” 

En su participación, Vicente Hugo Aboites apuntó que en la actualidad ingresar a una universidad significa un alto costo para cubrir todos los requisitos que plantean las instituciones públicas y privadas, de tal manera que ellas deciden quiénes pueden tener derecho a una educación profesional, de ahí que no se vea claramente un antes y después en el tema del derecho a la educación superior porque nada ha cambiado.

María Guadalupe Olivier, docente de la Universidad Pedagógica Nacional

Cada vez más, la universidad pública y autónoma ha dejado de ser una oportunidad abierta para todos los jóvenes, así lo reflejan las cifras: en la década de los ochenta, el 70% de la matrícula en educación superior estaba en instituciones autónomas; al inicio de 1990, ya sólo era el 48%, y en la actualidad es sólo el 36%. 

“La universidad no es una especie en peligro de extinción, es una especie en proceso de extinción. De lo anterior, se desprende que el rescate y ampliación de la universidad pública y autónoma es una tarea que los gobiernos realmente progresistas deberían asumir como indispensable.” 

María Guadalupe Olivier dijo: “estamos presenciando una transformación en términos de la política educativa para subsanar las desigualdades sociales, regionales y económicas. Lo que sí sé y lo vivimos todo el tiempo es que las instituciones de educación superior sí profundizan esas desigualdades en términos regionales.”

Axel Didriksson, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM

En el país se tienen registradas un total de mil 134 instituciones de educación superior de carácter público, frente a tres mil 386 instituciones particulares, con una matrícula de más de cinco millones de estudiantes. 

“El gran problema que tenemos actualmente es que el centro de las disputas está en dos grandes planteamientos normativos: la ley de austeridad republicana y la ley anticorrupción, estos dos mecanismos me parece que están haciendo una pinza que en diferentes medidas acotan la aplicación y la dispersión del financiamiento en las universidades.” 

Por último, Axel Didriksson Takayanagui propuso una educación universitaria con enfoque social, creando instituciones de educación superior en cada estado, con nivel de posgrado e investigación, utilizando el modelo de educación flexible, para incrementar la matrícula y lograr mayor cobertura en las zonas marginales. 

Destacó que desde las universidades se debe asumir una política de ciencia, tecnología e innovación para garantizar la autodeterminación de los conocimientos científicos y así hacer frente a la hipertecnologización, lo que permitirá avanzar hacia la transdisciplina; propuso también la vinculación del conocimiento generado en las instituciones de educación superior con los grandes problemas sociales del país, y un nuevo sistema de evaluación del trabajo académico. 

“Nuevos criterios desde la perspectiva de la responsabilidad e incidencia social, así como la vinculación con problemas nacionales, regionales y locales, que permiten tener una corresponsabilidad con quiénes pagan los salarios, el financiamiento y la autonomía universitaria”.