“Es una alternativa para promover la participación ciudadana en el debate de los problemas colectivos”, comentó durante su participación en el seminario La incivilidad, la inseguridad, la reforma policíaca y la participación ciudadana en México, que inició este miércoles en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales (IIHS) de la UV.

Aseguró que la desconfianza mutua entre autoridades y ciudadanos vuelve indispensable la creación de mediadores que pongan a discutir a las partes sobre problemas muy concretos de las escuelas, parques, canchas deportivas, plazas comerciales y espacios públicos donde se generan los conflictos urbanos.

Los “guardianes urbanos”, dijo, deben ser profesionales en Psicología, Trabajo Social, Antropología, Sociología u otras áreas afines, capaces de facilitar la solución de los problemas que enfrentan las personas día a día en los espacios públicos, hábiles para la concertación y para hacer respetar las reglas de convivencia.

Para remunerar su trabajo, podrían ser contratados por el gobierno con becas de los sistemas de empleo, convertirse en una modalidad de las brigadas en Servicio Social de la UV o financiarse con mecanismos semejantes al Impuesto a la Nómina: “Lo más importante es que tenemos recursos humanos con esas competencias y habilidades”, afirmó.

De acuerdo con el académico, quien ha estudiado la operación de figuras similares en países como Argentina, Uruguay y Francia, es indispensable que esos actores no tengan participación en ningún partido político u organización civil, que rindan cuentas a los ciudadanos, además de llevar una bitácora bajo un principio laboral a quienes los contraten desde el gobierno local o estatal.

Lo principal, advirtió, es que no alimenten el clientelismo político electoral, sino que estén pensando en la solución de los problemas de la gente en la vida diaria. “Sólo así podemos pensar en una mejor convivencia en lugar de preocuparnos por la intolerancia que resulta cada vez más peligrosa; ya hemos visto que incidentes tan insignificantes como un intercambio de insultos pueden convertirse en una tragedia”.

Además, los intermediarios tendrían que reclutarse a partir de convocatorias abiertas y públicas, y establecer mecanismos de revocación del contrato en caso de que no demuestren autonomía, eficiencia u honorabilidad en sus funciones, afirmó en la conferencia que fue moderada por Alberto Olvera, también investigador del IIHS.

Esta propuesta es resultado de un análisis comparativo del comportamiento urbano y su regulación en espacios públicos, así como su relación con la violencia, la comisión de nuevos delitos y la inseguridad, realizada por el sociólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, desde este instituto de investigación de la UV.