La falta de recursos, o el mal manejo y distribución de éstos, es el principal problema que enfrenta la Seguridad Pública en México, pues impide que se cumplan cabalmente los principios básicos de esta labor, sostuvo el académico y ex funcionario Lauro Rodríguez, durante su participación en el seminario “La incivilidad, la inseguridad, la reforma policiaca y la participación ciudadana en México”, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV).

“Cuando la mayor inversión que se hace en el país por este concepto es el Fondo Operativo para Seguridad Pública (Foseg) –70 por ciento Federación, 30 por ciento de los estados–, que actualmente es de seis mil millones de pesos al año y, en contraparte, se estima que el crimen organizado gana entre 20 y 39 mil millones de pesos anuales, hay poco más que decir en cuanto al déficit que se tiene”, dijo.

Lauro Rodríguez –quien ocupó varios cargos en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal– aseguró que durante el sexenio de Vicente Fox el presupuesto del Foseg fue reducido de cinco mil millones a dos mil 500 millones en 2002, 2003 y 2004; y sólo después de la marcha contra la inseguridad, el fondo regresó a los cinco mil millones de pesos en 2005.

“La propia Constitución establece que los principios de la seguridad pública deben ser: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Pero sin un presupuesto adecuado, es sumamente complicado cumplir siquiera uno de estos supuestos”, aseguró.

El experto sostuvo que las entidades federativas aportan recursos para sus secretarías de seguridad pública, pero ese dinero sólo alcanza a cubrir los gastos operativos, sueldos, insumos y vehículos; la investigación y capacitación de policías se tendría que dar con los recursos del Foseg, pero éstos también son insuficientes.

Lauro Rodríguez explicó que por su situación geográfica, México presenta cuatro principales fenómenos delictivos: contrabando, narcotráfico, tráfico de personas y migración ilegal.

“Antes se veía a México únicamente como paso de droga hacia Estados Unidos, pero ahora hay un consumo creciente de sustancias de este tipo en el país; se calcula que el número de adictos en México alcanza ya los 400 mil, lo que hace el fenómeno más complejo”.

El académico explicó que a pesar de ser la seguridad pública una función concurrente –con responsabilidad para la Federación, los estados y los municipios–, existe una gran desarticulación que no permite elaborar una base de datos certera del fenómeno a nivel nacional.