Enfrenta México déficit monumental del Estado de derecho: A. Olvera La falta de sanciones en materia de rendición de cuentas, una de las principales carencias de la democracia Susana Castillo Lagos La falta de sanciones en materia de rendición de cuentas es una de las principales carencias de la democracia en México, declaró Alberto Olvera Rivera, académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV). Opinó que si bien hay mecanismos para castigar a quien infringe la ley, la realidad es que éstos no se cumplen ni son aplicados –la mayoría de las veces– por razones estrictamente políticas, evidenciando así un déficit monumental del Estado de derecho.

Alberto Olvera Rivera, académico del IIH-S de la UV

El investigador dictó la conferencia “Los problemas de la rendición de cuentas en México: leyes, instituciones y prácticas políticas” durante el Coloquio Iberoamericano Estado Constitucional y Sociedad, organizado por la UV.

Olvera Rivera expresó que a pesar de ser un concepto que ha ganado popularidad en los últimos años, la clase política no tiene claro qué es la rendición de cuentas, pues la mayoría piensa que se trata de informar los logros de un gobierno.

Agregó que rendir cuentas es la obligación y responsabilidad que el Estado tiene no sólo para revelar datos, sino para explicar por qué se tomó tal o cual decisión; además, conlleva una interacción con los ciudadanos e implica mecanismos de sanción: “Si no hay posibilidad o potencial de sanción no hay rendición de cuentas”.

Explicó que existen tres tipos de rendición de cuentas: la horizontal, que acontece al interior del Estado; la vertical, dirigida a los ciudadanos, y la transversal, vinculada a los órganos autónomos.

Respecto de la primera, dijo que los encargados de evaluar y vigilar la actuación de los tres niveles de gobierno y de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) son designados por convenios políticos con éstos mismos. “No ejercen sus funciones de manera adecuada pues tienen una dependencia política. En el caso del Poder Ejecutivo, el vigilado es quien nombra a su vigilante”. En cuanto a la sociedad civil organizada, comentó que aunque mantiene una constante vigilancia y denuncia las irregularidades en el espacio público (medios de comunicación, por ejemplo), no tiene capacidad de sanción.

De los órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) –y sus homólogos estatales–, refirió que es imposible que logren su autonomía si la designación de sus miembros está basada en pactos políticos.

Por lo anterior, señaló, es necesario que el Estado tenga mayor capacidad para rendir cuentas a los ciudadanos: “Esto no se logrará con reelección o candidaturas independientes si no se hacen al mismo tiempo todas las reformas que contrarresten la situación actual en esa materia.”