Expertos en derecho y migración de la UV, comentan

Ley antiinmigrante de Arizona: efectos y oportunidades

Por criminalizar la ilegalidad basándose en características raciales, la ley viola derechos humanos esenciales: abogados

De los 500 mil hispanos concentrados en Tucson, Phoenix y Maricopa, ciudades de Arizona, más de 10 mil son veracruzanos: RAEM-UV

Se ha reavivado el tema de la reforma migratoria y México podría aprovecharlo a su favor

Susana Castillo Lagos

En 1848, tras la firma de los Tratados de Hidalgo, México cedió dos terceras partes de su territorio a Estados Unidos a cambio de 15 millones de dólares. El espacio que hoy comprende el estado de Arizona formó parte de esos dos millones 378 mil 539 kilómetros cuadrados perdidos.

La cercanía con la frontera de nuestro país propició un intercambio de saberes entre campesinos mexicanos y vaqueros de esa región. Los primeros los aconsejaron sobre el uso de la tierra, cuidado del ganado y formas de aprovechamiento del agua en un clima árido, contribuyendo –indirectamente– a la mejora de sus prácticas y actividades agropecuarias.

Años después, a medida que el flujo migratorio fue en aumento, más mexicanos –y latinoamericanos– llegaron a Arizona en busca de empleo. Hoy día, 30 por ciento de sus habitantes son hispanos y 91 por ciento de éstos, mexicanos.

El pasado 24 de abril, la gobernadora de Arizona Jan Brewer promulgó la ley “Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios seguros”, también llamada SB1070. Su intención, según consta en el decreto de la Asamblea Legislativa de ese estado, es desalentar e impedir la entrada ilegal de extranjeros, su permanencia, y que realicen cualquier actividad económica en esa entidad.

Para ejecutarla, basta con que existan “sospechas razonables de que la persona es un extranjero que está ilegalmente en Estados Unidos”. Los oficiales de policía podrán interrogar a quien ellos consideren y, si no demuestra la documentación necesaria, detenerlo.

Si bien la nueva legislación entrará en vigor 90 días después de haberse pronunciado, sus efectos han sido inmediatos: expresiones de rechazo por parte de autoridades, organismos internacionales, organizaciones civiles, ciudadanos norteamericanos e integrantes de la comunidad hispana, independientemente de su estatus migratorio.

En contraste, la postura del gobierno de Arizona, de los legisladores que votaron a favor de la medida y de los grupos ultraconservadores que la apoyan.

Y mientras el presidente de México declara que la medida “abre la puerta al odio” y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advierte de los riesgos que implica viajar a esa entidad norteamericana, la última semana de abril se llevaron a cabo redadas antiinmigrantes en el condado de Maricopa, al tiempo que algunos indocumentados empezaron a desplazarse a estados vecinos, como Colorado, Utah y Texas.

Violación a los Derechos Humanos
Además de su carácter discriminatorio, la medida SB 1070 hará más factible la violación a los derechos humanos de los inmigrantes ilegales que permanezcan en el territorio de Arizona, opinó Namiko Matsumoto, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV).

“Cualquier persona podrá ser cuestionada con base en sus características raciales y, si en ese momento no trae los papeles para demostrar que es ‘regular’, ser detenida. Si el oficial tuviera un acto de benevolencia y le dijera ‘vamos por tus papeles’, cualquier ciudadano americano puede denunciarlo”.

La catedrática consideró que la ley va en detrimento de la solidaridad, genera un ambiente más ríspido para los indocumentados y hace a un lado el hecho de que los derechos humanos son inherentes a cualquier persona y están por encima de cualquier legislación.

En el mismo tenor se expresaron los alumnos Rafael Beltrán Ramos y Chasel Colorado Piña, así como el egresado Argel Humberto Aguirre García, todos de la Facultad de Derecho y con experiencia tanto en derechos humanos como en derecho internacional.

“A diferencia de antes, cuando sólo ameritaba sanciones administrativas como la deportación, la nueva legislación criminaliza la inmigración ilegal y faculta la discriminación en contra de los migrantes”, expresó Beltrán.

Sostuvo que afecta no sólo a aquellos que carecen de papeles, sino a todas las personas de origen hispano que tienen un estatus regular o son ciudadanos norteamericanos, obligándolos a portar siempre los documentos que así lo demuestren.

En ese sentido, Argel Aguirre destacó que la forma en que está redactada puede generar hostigamiento contra toda persona que tenga ascendencia hispana.

Para Chasel Colorado, si bien la medida representa un retroceso, a la vez reavivó el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos y en el contexto internacional. En cuanto a la respuesta del Estado mexicano, consideró que la dependencia económica que tiene con ese país le impide negociar abiertamente. “Pero puede recurrir a ciertas medidas políticas y diplomáticas para señalar que esta ley vulnera los derechos humanos”.

Los tres coincidieron en que también impactará las condiciones laborales de los migrantes irregulares, pues al desalentar a los patrones a contratarlos, imponiéndoles multas y sanciones como la revocación definitiva de su licencia, amplía el margen para que sean explotados.

Opciones legales
Derivado del rechazo a esta ley, hay determinados grupos que llaman a hacer un boicot comercial contra Arizona, lo cual ha sido señalado como inapropiado porque afectaría a los mexicanos que trabajan en dicho territorio. La opción, aseguran algunos analistas, está en el marco jurídico.

Al respecto, Namiko Matsumoto comentó que la Constitución de Estados Unidos, en su Enmienda XIV, establece que toda persona que esté en la jurisdicción “tiene derecho al debido proceso legal cuando se afecten sus garantías”.

Al ser esto independiente de su ciudadanía o estatus migratorio, sería una opción para que las personas afectadas por la medida accedan a un órgano jurisdiccional o administrativo que determine, con una garantía de audiencia y de defensa, el derecho que está en juego. “Es decir, que se les escuche para determinar si es factible que continúen o no dentro del territorio”.

Respecto del papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó que ésta no tendría injerencia directa pues Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni firmado la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, procedimiento que posibilitaría su actuación.
Sin embargo, mediante la Opinión Consultiva número 18 (OC-18/03) sobre la Condición jurídica y derechos de los migrantes, señala que los derechos de los trabajadores surgen de la relación laboral y no de su estatus migratorio.

“Desde esa perspectiva los trabajadores migrantes, aun aquellos que no son regulares, tendrían derecho a todas las prestaciones de naturaleza económica y social a que están obligados los patrones que los contraten.”

Si bien existen otras convenciones y tratados internacionales con estándares similares –exigibles a los estados–, el problema es que la nación norteamericana no los firma ni ratifica ni, por lo tanto, los aplica.

Responsabilidad conjunta
Alejandro Martínez Canales, profesor investigador de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), consideró que la ley es una muestra más de la incongruencia entre una política global de apertura comercial y restricciones sociales.

“Se enmarca en el contexto de indefinición generado desde Washington y no desde Arizona. Estados Unidos como nación soberana posee un alto índice de inmigrantes. Mucho de su desarrollo y de su éxito económico y tecnológico –por mencionar algunos– se ha basado en las aportaciones de aquellos que han llegado a su territorio.”

Aseveró que el endurecimiento no detendrá las aspiraciones de los migrantes, pero sí aumentará “dramáticamente los riesgos de su periplo hacia el norte”.

Para el investigador Carlos Garrido de la Calleja, coordinador de la Red Articuladora de Estudios Migratorios (RAEM) de la UV, la reforma migratoria deber ser un tema multinacional que involucre a los países de origen de los indocumentados, y no sólo a Estados Unidos.

En el caso particular de México, sostuvo que es necesaria una política migratoria nacional que incluya mecanismos susceptibles a ser fiscalizados. “Por ejemplo, existen las condiciones para que el gobierno apoye con créditos e
insumos al sector cañero, el problema es que no hay garantía de que sean entregados a los productores”.

Si esos recursos fueran recibidos por quienes sí los necesitan no se frenaría de tajo la migración, pero paulatinamente se observaría un cambio positivo en el sector y disminuiría la necesidad de buscar opciones fuera del país.

Informó que de acuerdo con estudios realizados por el Pew Hispanic Center, universidades de la frontera y de la RAEM, de los 500 mil hispanos concentrados en sólo tres ciudades de Arizona (Tucson, Phoenix y Maricopa), más de 10 mil son veracruzanos.

Esto da una dimensión del impacto que a nivel estatal tiene la ley SB 1070. Recordó que la Constitución Política de México faculta a las entidades para atender sus propios asuntos en materia migratoria, tanto a nivel nacional como internacional.

“El Congreso veracruzano puede y debe enviar una solicitud al presidente de la República y a la SRE para denunciar formalmente al gobierno de Arizona ante la Organización de las Naciones Unidas y manifestar su rechazo por la ley antiinmigrantes a la gobernadora Jan Brewer, a la Cámara de Representantes y al Senado de Arizona.”

Al tiempo, comprometerse mediante propuestas concretas como la creación de “una Comisión Legislativa permanente, una Comisión interinstitucional y de un Instituto estatal en asuntos migratorios”.

Con esto se sentarían las bases para crear una política migratoria local, necesaria en un estado que no sólo genera migrantes, sino que es paso obligado para miles de centroamericanos que viajan a Estados Unidos.

México y el trato a indocumentados
La medida SB 1070 dio pauta para señalar las fallas que tiene la política migratoria de nuestro país.
El miércoles 28 de abril Amnistía Internacional presentó en el Distrito Federal el informe “Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento a través de México”, el cual revela gran parte de las vejaciones que enfrentan en su tránsito hacia Estados Unidos.

Denuncia, entre otras cosas, que en un lapso de seis meses más de 10 mil indocumentados fueron secuestrados (según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) y que al menos en la mitad de los casos hubo participación de autoridades federales. También que seis de cada 10 mujeres sufren algún tipo de abuso sexual.

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, declaró que a pesar de que en México no se cuenta promulgada una ley como la de Arizona, en los hechos se discriminan y violan las garantías individuales de los centroamericanos.

El informe completo puede consultarse en www.amnistia.org.mx.