Indiferencia política favorece luchas sociales

Susana Castillo Lagos

La pobreza, el desempleo, la crisis del agro, la baja cobertura educativa, la falta de prestaciones sociales y, sobre todo, la nula disposición de los gobernantes para diseñar políticas públicas que generen condiciones diferentes, han favorecido el desarrollo de luchas sociales en Veracruz.

Así lo expusieron los investigadores Patricia Ponce, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Golfo; Martín Aguilar, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV); Ángel Pérez, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Guadalupe Rebolledo.

Ellos participaron en la mesa “Poblaciones vulnerables y movimientos sociales”, realizada dentro del Coloquio Veracruz 2010, organizado por el IIH-S de la UV, el CIESAS-Golfo y El Colegio de Veracruz. Coincidieron en que el dinamismo de los movimientos sociales y las organizaciones civiles, contrasta con la complejidad que existe para que sus demandas se traduzcan en innovaciones institucionales y reformas legales.

Tras hacer un recuento de los movimientos más significativos en la entidad –indígena, ecologista y obrero–, Martín Aguilar aseguró que actualmente no hay uno que articule a todos los actores sociales. Dijo que las organizaciones en el área rural e indígena mantienen un proceso de resistencia; que en el sector obrero, el corporativismo sostiene condiciones mínimas laborables a cambio de una relación clientelar.

De las redes ecologistas, destacó la vinculación entre expertos y habitantes de comunidades para frenar decisiones estatales que van en detrimento del medio.

Respecto de las políticas públicas para grupos étnicos, Ángel Pérez comentó que el actual gobierno estatal carece de ellas y que las dependencias encargadas de atenderlos no son autónomas ni cuentan con recursos económicos. En el aspecto jurídico, mencionó, no hubo ninguna ley o reformas a favor de los pueblos indígenas.

Luchas traducidas en leyes
Guadalupe Rebolledo habló de la incidencia de la organización de las mujeres y sociedad civil para la elaboración y aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Veracruz, publicada en 2008 y cuyo reglamento se emitió hasta 2010.

Mencionó algunas cifras que contextualizan la importancia de atender, prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de agresiones contra el género femenino. Por ejemplo, que entre el año 2000 y septiembre de 2005 fueron asesinadas en Veracruz mil 494 mujeres; la mayoría tenía entre 21 y 30 años de edad.

Muestra de la necesidad de articular los saberes universitarios con quienes experimentan riesgos, vulnerabilidad y exclusión estructural en la entidad, es el trabajo del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA de Veracruz.

Patricia Ponce explicó cómo a través de una consulta pública para reunir 30 mil firmas –apoyados por la UV– lograron elaborar y presentar el proyecto de Ley para Enfrentar la Epidemia de VIH-SIDA en el Estado de Veracruz, aprobada y vigente desde 2008. Informó que el estado ocupa el primer lugar nacional por el número de casos de esta enfermedad; el primero en mortalidad y en nuevos casos anuales.