Dijo el investigador Alfredo Zavaleta

En México no hay un Estado de derecho democrático

Los investigadores Alberto Olvera Rivera, Jaime Hernández Díaz y Alfredo Zavaleta Betancourt

El poder judicial carece de autonomía: Alberto Olvera

Persiste una crisis en los sistemas de justicia y de seguridad: Jaime Hernández

Susana Castillo Lagos

Las viejas instituciones policiacas y del Poder Judicial están caracterizadas por arcaísmos, constituyen verdaderos mercados de ilegalidad y de justicia, provocando que los derechos civiles y humanos elementales no se ejerzan ni se respeten, sostuvo el investigador Alfredo Zavaleta Betancourt en el foro internacional “México: Los Centenarios a debate”, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2010.

Dicha situación, agregó, ha llevado a la mayoría de los analistas de lo que acontece con dichas instituciones, “a que no contamos con un Estado de derecho democrático”.

Junto con el analista Alberto Olvera Rivera –ambos del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV)– y el investigador michoacano Jaime Hernández, participó en la mesa 3, dedicada al tema “Justicia”.

Zavaleta Betancourt aseguró que el viejo federalismo tiene que reconstruirse si en verdad se quiere garantizar el acceso a la justicia penal, pues hasta el momento “han sido enormes los esfuerzos, en comparación con los escasos resultados, que se han hecho para modernizar a las policías y al proceso judicial penal”.

En tanto, Alberto Olvera Rivera habló de la falta de autonomía que históricamente ha caracterizado al sistema de impartición de justicia en México.

Comentó que la idea de un poder judicial autónomo desde el cual pudiesen exigirse los derechos –sociales, políticos, laborales– no está presente en la organización institucional derivada del régimen de la Revolución.

Agregó que éste se caracteriza por “evitar que existan espacios reales de justiciabilidad, de exigibilidad de derechos en un ámbito independiente del Poder Ejecutivo”.

Sostuvo que si bien a partir de la gesta revolucionaria se trajo a México la idea de la justicia social, creando derechos sociales tempranos, al mismo tiempo éstos se mediatizaron “al administrarlos y sujetarlos a las reglas internas del Poder Judicial”.

Por su parte, Jaime Hernández –quien en la actualidad se desempeña como secretario de Cultura del gobierno de Michoacán– habló de la crisis que se vive en el sistema de justicia y en los sistemas de seguridad, y de la problemática que representa el ámbito de competencia de las policías.

“En el fondo es una reminiscencia no de éstas en cuanto a órganos de vigilancia y de control, sino de impartición de justicia. Digamos que son los últimos aleteos de la vida municipal, hoy no dan muestras de tener capacidad ante los grandes retos de un Estado superado por el crimen organizado, y que tiene que ir imaginando otras formas de control de este tipo de organizaciones criminales”, explicó.

Todo lo anterior, opinó, pone en evidencia la necesidad de un nuevo diseño de las instituciones y de los aparatos encargados de la impartición de justicia.