Incrementar el presupuesto
Manuel Martínez, científico del Departamento de Inteligencia Artificial (DIA) de la UV, dijo que habría que “dedicar al menos tres puntos porcentuales del PIB del país al desarrollo científico, en investigación básica y aplicada, reconocer y hacer públicas las investigaciones sobresalientes y acercar a la comunidad científica a los niños y adolescentes”.

Sobre cómo lograr que se invierta más en ciencia, Martínez dijo que el problema de la asignación de recursos públicos (o privados) a la investigación no depende, en el fondo, de la voluntad o las acciones de la comunidad científica, sino de la estructura económica. Aseguró que en nuestro país existe una economía dependiente, centrada esencialmente en la actividad de corporaciones transnacionales que realizan la investigación que requieren en sus matrices, mientras que las empresas nacionales consumen tecnología importada porque dicen que les sale más barato que desarrollar tecnología propia.

El investigador Adalberto Tejeda –quien es coordinador del Programa Veracruzano ante el Cambio Climático– señaló: “Desde luego que la lucha por el incremento de los recursos destinados a la investigación es necesaria, pero también se deben combatir a diario los vicios frecuentes, sobre todo en la provincia, que hacen menos eficiente el uso de los escasos recursos –sobre todo los locales– en investigación y es una obligación de autoridades e investigadores, de tomadores de decisiones y de estudiantes”.

El ex director de Investigaciones de la UV, cuestionó: “¿Cuántas veces no hemos oído a un investigador decir con orgullo que su proyecto será exitoso porque lo ve bien el gobernador o el rector? El dirigente no debería sentirse capacitado para juzgar la calidad de un proyecto ni el investigador verse precisado a recurrir al compadrazgo político para financiar su trabajo. Un exceso lo constituye la obtención de posiciones académicas en atención a relaciones y no a méritos.

”Otras caras de lo mismo son la partidización de la entrega de recursos para la investigación; la fotofilia y el control de los medios para hacer aparecer los resultados de la investigación locales como únicos en el país o quizás en el mundo; la sobrevaloración de los resultados y personajes locales que sin razón el imaginario colectivo equipara con innovadores mundiales”, explicó.

Una serie de acciones mínimas pero fundamentales para mitigar los vicios antes señalados, aseguró el investigador y académico, son, entre otras, “que los fondos –para investigación, organización o asistencia a congresos, becas– se distribuyan por méritos y con transparencia a través de convocatorias públicas, por ejemplo; que los programas de divulgación de la ciencia atiendan más al método que a los resultados, que a veces aparecen a los ojos del público como actos de magia; que se comprenda que más allá de las falsas disyuntivas sobre las llamadas prioridades en investigación, o ciencias duras contra ciencias sociales, está la calidad avalada por arbitrajes estrictos; que no se confunda el reconocimiento a los valores locales con la idolatría a vacas sagradas falsas”.

Por su parte el investigador del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, Ángel Fernández, respondió: “Una medida sensata será combatir la corrupción en los varios niveles de gobierno (y también en los de las universidades) y luego establecer un pacto, obligadamente de otro tipo, entre la comunidad científica y los órganos reguladores de gobierno para que la investigación científica reditúe a los centros educativos el valor agregado de sus aportes y que sea desde allí de donde emane la política de costo, el valor de lo que se produce y el reparto de la riqueza que este ejercicio implique.”

En cuanto a la asignación de los recursos dentro de las universidades sugirió: “El paso que deben dar las universidades es ahorrar. Por ejemplo: adelgazar su gasto administrativo, que es obeso, ineficaz y obsoleto casi siempre; desaparecer las partidas para lujos y los gastos de figurín y golpe publicitario, que sólo favorece a los funcionarios y nunca a la comunidad.”

Sacar a la ciencia del clóset
“La responsabilidad de establecer estrategias con el propósito de fomentar y consolidar una cultura científica en el país recae principalmente en los propios científicos. Son éstos, ya sea a título individual o institucionalmente, a través de sociedades científicas o de la institución a la que pertenecen, quienes deben ‘sacar a la ciencia del clóset (de la academia)’”, aseguró Martínez Morales.

Criticó a los investigadores que se limitan, so pretexto de la divulgación y difusión de la ciencia, a publicar textos o a impartir conferencias dirigidas a los cuates: “Es decir, a un público académico, ya educado, lo cual no impacta en el público en general. Hay que socializar el pensamiento científico buscando aquellos medios a los que la mayoría tiene acceso: periódicos, radio y TV comerciales y llevar la ciencia –en forma lúdica e irreverente (lo cual no resta calidad a los contenidos)– a lugares a donde asiste la gente (calles, parques, barrios, bares y cafés, etcétera) y no esperar a que el público asista a conferencias sosas y acartonadas en algún recinto académico”.

El científico, que impulsa el programa La ciencia en el bar, agregó que es necesario que las vocaciones científicas se incrementen y para ello “es necesario que en el sistema educativo mexicano se reconozca el valor de ciencia y su importancia en el desarrollo del país; generalmente se le ha ubicado como un paradigma tan complejo y poco amigable que hace posible que notas como la de El Universal tengan sustento en el ciudadano”.

En tanto, el investigador del Instituto de Neuroetología, Genaro Coria, sugirió que para acercar la ciencia al grueso de la población, ésta “tiene que ser entretenida y útil para que la gente se sienta interesada. Para que se quede en la cultura de los mexicanos tiene que convertirse en la explicación más obvia, creíble y sensata de los eventos que acompañan nuestras vidas”.

En esta misma línea se pronunció la investigadora Dulce María Cinta Loaiza, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), quien señaló que es necesario “establecer programas de difusión de manera sencilla para la población”, en los que el lenguaje sea claro porque “normalmente hay un rompimiento entre como hablan los científicos y como lo entiende un simple mortal”.

Indicó que “habría que precisar qué se entiende por cultura científica y las diferentes formas de aproximarse a lo científico. Normalmente se tiene la idea que lo científico es aquello que se realiza en los laboratorios y esto no es así. Hay que hacer ver al público que las llamadas ciencias duras son una parte de lo científico pero ellas no son absolutas. Por otra parte, los que se consideran científicos también presentan un gran sesgo porque normalmente sólo saben dirigirse a sus pares y poco a la población. De hecho a veces, confunden más a la población, como lo que pasó hace dos años con lo de la influenza”.

Adalberto Tejeda, también académico de la Facultad de Instrumentación Electrónica, comentó: “El que no sabe es como el que no ve. Una sociedad ignorante de los procesos que se dan entre la naturaleza y el hombre será ciega a las amenazas que representa la una para el otro, y viceversa. Es fundamental que el hombre común y corriente sepa que existen métodos, reglas generales, mecanismos fundamentales. De ese modo será receptivo a resultados nuevos o a propuestas reveladoras y estará alerta ante fenómenos nuevos como el virus A-H1N1”.

También del DIA, Miguel Ángel Jiménez Montaño propuso “educar a los profesores de primaria para que verdaderamente entiendan la importancia de enseñar a los niños que la naturaleza ‘no perdona’: Aprendemos como funciona o estamos sentenciados a equivocarnos cada vez que enfrentemos una situación sujeta a sus leyes: aún el más supersticioso no se arroja de una azotea para desafiar a la gravedad”.

De acuerdo con el poeta Ángel Fernández, se debe iniciar por: “‘desasnar’ a los políticos y, en particular, a los legisladores y a los gobernadores, que son, como se sabe, quienes aprueban realmente los presupuestos que se destinan a las universidades públicas, los dineros que tanto la Federación como los estados dedican al sistema educativo.”