Señaló el investigador Alberto Olvera México carece de prácticas participativas significativas Susana Castillo Lagos En México hay una marcada ausencia de prácticas participativas que sean relevantes en la vida pública, ello como consecuencia del corporativismo, las oportunidades políticas elitistas y por la carencia tanto de autonomía como de peso social de las asociaciones civiles. Tal fue el planteamiento de Alberto Olvera, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), durante su participación en el seminario de la Red de Análisis de Prácticas Participativas, organizado por esta casa de estudios y El Colegio Franco Mexicano en Ciencias Sociales. “Para explicar por qué la participación parece ausente del horizonte político mexicano y no es un factor protagónico de la vida pública, no hace falta más que revisar la estructura del Estado”, dijo.

A diferencia de otros países de América Latina, México se caracteriza por una “sorprendente continuidad del régimen político fáctico; a pesar de la transición democrática tenemos más continuidad que cambio”.

Dicha situación, dijo, inhibe cualquier oportunidad relevante de innovación democrática en el plano nacional. Si bien esa alternancia propició la pluralización partidaria de la élite, no generó una reforma constitucional ni del Estado importante.

“Este hecho tiene que ver con que haya no uno, sino dos partidos de oposición, y con que el partido autoritario conserva un poder de veto total sobre la capacidad de dichas reformas, e incluso con cambios en políticas públicas”, agregó.

Otro aspecto que incide en la ausencia de prácticas participativas es que la izquierda partidista en México, básicamente el Partido Revolucionario Democrático (PRD), no posee un proyecto político propio, sino que se desprende de la ideología del Revolucionario Institucional (PRI).

Alberto Olvera habló de la falta de profesionalización de los servidores públicos municipales y del Poder Legislativo; dijo que a nivel estatal las designaciones en el Poder Judicial obedecen a favores políticos. También citó la prevalencia del clientelismo.

Además, señaló la falta de candidaturas independientes, el desconocimiento de cuántos sindicatos existen y la imprecisión en el número de organizaciones no gubernamentales activas, pues se sabe que hay 12 mil dadas de alta pero no cuántas siguen trabajando.

A decir del investigador, todos estos factores han propiciado que la sociedad civil no pueda integrarse en un frente social que sea un verdadero contrapeso ante los poderes fácticos. “No ha habido un momento de cambio en el que pueda señalarse que se realizó una transformación jurídica-política que permitió el despliegue de iniciativas innovadoras”.

Y aunque reconoció que sí hay instancias de participación ciudadana, son pocas, se caracterizan por una falta de operatividad y su influencia es mínima: “Vistas en conjunto, no podemos hablar de que haya una participación política institucionalizada, relevante, que logre cambiar la tendencia de continuidad que existe en México”.

Tampoco, señaló, no hay un proyecto coherente de innovación democrática que atienda los déficits institucionales del Estado y las debilidades organizacionales del campo social.

Para que pase algo diferente a lo hasta ahora vivido, tendrá que darse “una reforma macropolítica y un despliegue del asociacionismo civil autónomo, que hasta el momento no se perfila”.