Afirman especialistas

Consumo y desigualdad social impiden ganar la lucha vs. narco

Se necesita mayor presupuesto para prevenir adicciones y rehabilitar a quienes las padecen

Susana Castillo Lagos

El 26 de enero de 2011 se creó la Comisión Global de Políticas contra las Drogas, en Ginebra, Suiza. Detrás de la iniciativa se encuentran varios ex presidentes latinoamericanos –entre ellos Ernesto Zedillo–, así como otras personalidades internacionales como los escritores Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa.

Su consigna: despenalizar el consumo de sustancias ilícitas. Sus argumentos: que las políticas prohibicionistas y el ataque frontal al crimen organizado sólo han generado violencia y muertos y que el consumo no ha disminuido en los últimos 20 años.

Proponen abordar el problema desde la perspectiva de la salud, lo cual conllevaría una mayor inversión en ese rubro, en educación, prevención, tratamiento y campañas publicitarias.

Al respecto, investigadores y especialistas de la Universidad Veracruzana (UV) y otras instituciones de carácter privado y gubernamental, compartieron con Universo sus perspectivas. Coincidieron en que si sólo se combate al narcotráfico sin abatir el consumo de drogas ni disminuir la desigualdad social, cualquier lucha estará perdida.

Tarea preventiva
“Aunque se tenga la impresión de que la guerra en contra de las drogas se ha perdido y que los efectos de consumirlas no son tan malos como sí lo son el narcotráfico y la violencia, hay mayor conciencia sobre la importancia de la prevención”, consideró Sergio Mayoral, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Xalapa.

Para él, la propuesta de legalización genera una cortina de humo sobre los riesgos del consumo: “El crimen organizado no va a desaparecer porque legalicemos uno de sus brazos. Tiene muchos más: piratería, trata de blancas, tráfico de órganos, secuestro de civiles e inmigrantes ilegales, por ejemplo”.

Rafael Velasco	Rafael Velasco, académico de la UV y uno de los especialistas mexicanos más importantes en esta materia, tampoco está de acuerdo: “Sería un retroceso terrible, un error lamentable”. Esto porque le resta importancia al objetivo de que los consumidores abandonen su hábito. Mayoral señaló que a nivel internacional existe el antecedente de que es posible, mediante un plan estratégico de difusión, disminuir el consumo de una sustancia por más publicitada y popular que sea. Pero en México, señaló el investigador del Instituto de Salud Pública (ISP) de la UV, Benno de Keijzer, a nivel mediático las campañas preventivas han perdido visibilidad. En los CIJ, dentro de las campañas que manejan, se ha incluido la prevención del consumo de drogas legales como el tabaco y el alcohol, porque han detectado que son las más utilizadas por los jóvenes, las que están provocando más muertes a través de accidentes, violencia, suicidios y propician la transmisión de enfermedades sexuales. De ahí que Mayoral piense que no debería favorecerse el consumo (entre los menores de 18 años) de cualquier sustancia que cause adicción. El motivo, comentó, es que “orgánicamente el cerebro, sobre todo el área prefrontal, relacionada con el juicio y toma de decisiones, termina de desarrollarse hasta los 21 años”. Agregó que la adicción es un problema de autorregulación. Y aunque peyorativamente son llamados viciosos o considerados como criminales, no debe olvidarse que los adictos son enfermos y deben tratarse como pacientes. En este momento en México existen un poco más de 300 Centros de Atención Primaria de las Adicciones. En éstos se trabaja para evitar que niños y jóvenes empiecen a consumir drogas adictivas, y se atiende a quienes ya lo hacen. Decisiones basadas en la ciencia En opinión de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), el tema de las adicciones tiene dos vertientes que deben ser atendidas por igual: disminuir la oferta y reducir la demanda. Si esto último se logra “estaremos ganando en los dos frentes: al haber menos consumidores el negocio irá a la baja”, aseguró Velasco Fernández. En México, dijo, los programas preventivos se iniciaron a mediados del siglo pasado. De hecho él fue uno de los miembros fundadores del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), creado el 8 de julio de 1986. Por las experiencias acumuladas hoy día “se sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer”, y aunque contar con esa información debería ser suficiente “se siguen inventando soluciones con base en meras ocurrencias”. Ante ese panorama, “es muy importante subirnos al carro de la ciencia y de los avances que tenemos en la actualidad sobre el tema. Se trata de un fenómeno para el cual todo mundo cree tener una solución, desde legalizar las drogas hasta centrar la prevención sólo en los padres de familia”. Para Velasco, las debilidades más significativas que tienen los países en desarrollo –como México– en la prevención del consumo son: que aun teniendo una base científica, las acciones preventivas son ejecutadas por gente que no está bien capacitada. También la falta de coordinación entre los programas preventivos desarrollados por los tres niveles de gobierno es otra de esas debilidades; pero además, “la sociedad no se involucra activamente en el tema, nuestros centros de tratamiento son poco efectivos en general y además son insuficientes”. En contraste, se “debe trabajar solamente con aquello que ha demostrado científicamente ser valioso, por lo que debemos capacitar a todo el personal que interviene en los programas preventivos. Sobre esto tienen una gran responsabilidad las universidades de México, pues primero hay que preparar a los que capacitan y en ellas tiene que hacerse un esfuerzo seriamente”. En suma, si se capacita a todo el personal que participa en la prevención, se coordinan mejor las acciones, se logra que las comunidades participen activamente y se mejora la calidad de los tratamientos, se alcanzan resultados positivos en la prevención del consumo de drogas, afirmó. ¿Problema reversible? Para el investigador de la UV, Jorge Sánchez Mejorada, la intervención que se tiene sobre este problema, en relación con su magnitud, es insuficiente: las instituciones de seguridad social no tienen una cobertura clara ni lo consideran igual que otros problemas de salud. El también director general de Fundación Casa Nueva, institución de asistencia privada especializada en la rehabilitación de adicciones, comentó que en los últimos años las autoridades y la opinión pública se han percatado de que el tratamiento “puede ser exitoso en muchos casos y que cuando una persona logra rehabilitarse se impacta de manera directa la salud individual, familiar y comunitaria”. En Casa Nueva, dijo, la rehabilitación se lleva a cabo bajo el modelo de comunidad terapéutica, el cual busca generar algunos cambios en la manera de pensar y en la vida emocional de los pacientes. Como parte de este modelo hay una etapa residencial de cuatro meses, que sienta las bases de una recuperación a largo plazo.
Jorge Sánchez
Sergio Mayoral
Alfredo Zavaleta
Benno de Keijzer

Una vez que salen, los pacientes requieren un seguimiento intenso (durante un año, al menos) y acompañamiento en la etapa inicial de reinserción social, pues regresan a un mundo que no ha cambiado.

“Sería falso decir que todas las personas van a responder al 100 por ciento, pero el nivel de deserción no es mayor al 10 o el 15 por ciento.”

Actualmente, la población mayoritaria atendida en la institución está integrada por jóvenes de entre 20 y 30 años de edad (que iniciaron el consumo cuando tenían entre 13 y 15). Además, se observa una tendencia preocupante: cada vez más jóvenes (menores de 18 años) “tienen problemas severos que ameritan un tratamiento residencial”.

Tratamientos: debilidad gubernamental
Rafael Velasco sostuvo que aunque la sociedad así lo exija y el Gobierno Federal se comprometa a crear centros de rehabilitación, la realidad es que carece de recursos para cubrir la demanda.

“Una simple relación matemática nos dice que no puede hacerlo, pues según las últimas estadísticas estamos cerca del medio millón de adictos a drogas en el país, sin contar las drogas legales.”

El gasto promedio de un tratamiento “que realmente ayude a un porcentaje importante de adictos a salir de su
problema, para reintegrarlos a la vida social, es de unos 12 mil pesos mensuales… y no estamos hablando de ningún lujo, sino de lo estrictamente necesario”.

Si se toma en cuenta que además esta intervención dura, mínimo, tres meses, “nos damos cuenta que no hay gobierno que pueda hacerse cargo”.

Para Velasco, las autoridades sí están interesadas en fortalecer a las dependencias encargadas de los programas de prevención y reducción del consumo de drogas.

Y según consta en el Diario Oficial de la Federación (DOF 10-01-11), en enero pasado y por decreto presidencial se creó la figura del “Comisionado Nacional contra las Adicciones”, la cual recayó en Carlos Tena Tamayo. Además, se instituyó el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (Cenadic), cuya titular es Celina Alvear.

El argumento del Ejecutivo es que a través de estas acciones se busca “fortalecer la política en reducción de la demanda de drogas en México y atender de manera integral y humana el problema del consumo de sustancias adictivas”, dijo.

Sánchez Mejorada opinó que el costo de la adicción no tratada es mucho más alto que el del tratamiento: los adictos tarde o temprano llegarán a los hospitales, ya sea por accidentes o por problemas físicos, o bien a la cárcel, pues más de 50 por ciento de los delitos están vinculados –de una u otra forma– con el consumo de drogas.

En consecuencia, “el Estado tendría que estudiar y poner en práctica una política pública de apoyo financiero al tratamiento, en el que participen varias instancias tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.

Respuesta educativa
El investigador señaló que para sustentar las políticas públicas en materia de rehabilitación, es necesario emprender investigaciones que ofrezcan un diagnóstico y den seguimiento a los resultados de los tratamientos, para saber qué tanto valió la pena la inversión.

La UV, a través del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS), está empezando a aplicar un protocolo de investigación evaluativa en Casa Nueva y es probable que en un año ya cuenten con resultados preliminares.

“Es un estudio bastante innovador en México. Se parte del diagnóstico de los pacientes cuando están en la etapa residencial y se les da seguimiento hasta por un año o dos una vez que han egresado”. La finalidad es observar los cambios reales, si hubo o no recaídas y si mejoraron en los aspectos familiar, escolar o laboral.

La UV también es pionera en México y América Latina al ofrecer la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, actualmente en su tercera generación (la segunda en modalidad virtual), respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito (ONUDD).

Contexto numérico
El 8 de febrero de 2011, en entrevista radiofónica con Noticias MVS, el secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, declaró que en México existen “450 mil adictos crónicos (sic)”.

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) más actual (2008) señala que “los jóvenes de hoy consumen drogas en mayor proporción que las generaciones anteriores”. Esto porque hay “mayor accesibilidad, consumo y probabilidad de progresar del abuso a la dependencia”. Del total de la población adolescente (12 a 17 años), el tres por ciento consume drogas ilegales.

También apunta que entre 2002 y 2008 el consumo de drogas ilegales (marihuana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentó en México de 4.6 por ciento a 5.2 por ciento de la población rural y urbana de edades entre 12 y 65 años.

En otra información reciente, la Secretaría de Salud (SSA) federal aseguró –sin especificar si se trata de rubros o partidas especiales– que en México se ha incrementado el presupuesto en prevención de adicciones: pasó de 135 millones en 2006 a 400 millones de pesos en 2011.

Dicha cifra sería superior al presupuesto de egresos que la SSA federal ejercerá para este año, que es de 105 mil 313 millones 896 mil 60 pesos.

Lucha vs narcotráfico: la estrategia no ha fallado… del todo
“La lucha que el Gobierno Federal ha emprendido contra la distribución y el consumo de drogas no ha fracasado, pero sí ha demostrado que es limitada, parcial e indeseable”, expresó Alfredo Zavaleta Betancourt, especialista en temas de sociología, política y seguridad.

La forma en que se ha abordado el problema, dijo, ha dejado de ser efectiva al no poder contenerlo y ha propiciado otros que no se tenían contemplados. Más allá de generar legitimidad al gobierno, y particularmente al Ejército, se está convirtiendo en un factor de baja confianza y aceptación.

“Es una estrategia limitada porque en parte el diagnóstico también lo es. Está basada en decomisos, aprehensiones de gerentes de las empresas del narcotráfico, en un programa limitadísimo contra las adicciones y no ha ido más allá.”

No obstante, dichas acciones van a continuar “y es importante que así sea”. Zavaleta planteó el siguiente escenario: si en este momento el gobierno pusiera un límite a su lucha, seguirían los ajusticiamientos, decapitaciones, la filtración del crimen organizado en las instituciones policiales, militares o gubernamentales.

“Lo que sí es importante que se acepte es que esto no garantiza más que un simple control inmediato del problema, pero no ataca de lleno las causas: se trata de un problema de desigualdad”. El investigador universitario coincidió en que a los adictos o consumidores se les debe tratar como personas que requieren una atención personalizada por parte del gobierno o del Estado.

“El futuro del consumo (de drogas) va a ser su liberación gradual. Estoy convencido de que así será en los próximos años, al mismo tiempo de que va a repensarse la estrategia de lucha frontal contra las empresas del narcotráfico.”
Aunque en realidad se avanzará poco si no se ofrecen alternativas eficaces a los jóvenes, que son quienes están alimentando a la delincuencia organizada en el país.

Cabe destacar que el pasado lunes 28 de febrero en varios medios de circulación nacional se informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció que la falta de empleo bien remunerado y de oportunidades de estudio para millones de jóvenes entre 14 y 17 años ha incidido en el aumento de la delincuencia organizada y de la violencia en el país.

El argumento de su titular, Genaro García Luna, es que al no encontrar una oportunidad honesta para subsanar sus necesidades más básicas son blanco fácil de los criminales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005 (la más reciente), en el país más de siete millones de adolescentes y jóvenes –entre 12 y 29 años– están desempleados y no estudian.

En una entrevista realizada por la Revista Contralínea, publicada el 14 de junio de 2010, el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo Buscaglia, dijo que de las 500 mil personas que en México están involucradas en el narcotráfico, 80 mil son jóvenes.