Favores electorales, trasfondo de iniciativas de reforma laboral

Diputados federales acordaron realizar audiencias públicas para discutir posibles cambios, en un periodo que abarca del 13 de abril al 18 de mayo

Susana Castillo Lagos

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no será votada durante el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que concluye el último día de abril, pues los legisladores pactaron realizar audiencias públicas para que diversas organizaciones sociales opinen al respecto.

Dicha consulta inició el miércoles 13 de abril y concluirá el 18 de mayo, con lo que se descarta temporalmente la posibilidad de que se apruebe el dictamen que incluye las propuestas presentadas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, esto podría suceder en un periodo extraordinario o en septiembre, según declaraciones de Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro.

A decir de Alberto Olvera Rivera y Manuel Reyna Muñoz, integrantes del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), ambas iniciativas coinciden en varios puntos y favorecen al patrón por encima del trabajador.

En su opinión, esto responde al interés de los partidos de obtener financiamiento para las campañas electorales rumbo a 2012.

Propuesta panista favorece a patrones
Manuel Reyna planteó que desde el sexenio de Vicente Fox había intenciones de hacer una reforma laboral: “Pero esto no prosperó principalmente porque las fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión no se pusieron de acuerdo”.
Durante 2009 y gran parte de 2010 las diferentes fuerzas políticas cabildearon qué hacer al respecto, pero a falta de un consenso general el PAN presentó su iniciativa en diciembre del año pasado.

El tema central de la misma es el así llamado sindicalismo corporativo (u oficial); el objetivo era quitarle poder a organizaciones como las confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Los legisladores panistas consideraban a éstas un obstáculo para incrementar la productividad, argumentando que propician la corrupción.

“Hablaban de productividad y de mayor flexibilidad pero Acción Nacional trabaja mucho con abogados laboralistas, al contrario que el PRI que tiene a la CTM, o del PRD con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), organizaciones conscientes de la problemática del trabajo.”

En contraste, los expertos en derecho laboral que asesoran al PAN son abogados empresariales –fundamentalmente– de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de otras cámaras empresariales.

Desde 2010, agregó, el PAN propuso que había que bajar el salario para hacerlo competitivo y evitar que un trabajador de planta cumpliera los 30 años estipulados para jubilarse.

El PRI vs. los trabajadores En marzo de 2011 el PRI presentó su proyecto de reforma laboral, partido que históricamente estaba vinculado a la defensa de los principios constitucionales del trabajo vigentes desde 1917. “Con esta propuesta vemos un PRI perfectamente identificado con los patrones, al que le preocupa que la mano de obra sea barata y que hace a un lado la estabilidad en el empleo.” El investigador universitario destacó que este partido político nunca había adoptado una postura así en el plano laboral: “No quiero decir que siempre fueron un alma de Dios en ese sentido, pero sí eran respetuosos de su pasado”. Incluso, agregó, cuando participaban en foros internacionales en las décadas de los setenta y ochenta “se vanagloriaban del derecho laboral mexicano, porque éste tenía garantías laborales importantes”. Tras analizar la propuesta priísta, Manuel Reyna reparó en varios puntos. El primero es el reconocimiento oficial del outsourcing o terciarización: argumentando que en su personal sindicalizado no hay trabajadores capacitados para ejercer una determinada función, el empresario podría contratar a otra empresa que sí cumple con el requerimiento. Este esquema que está formalizando la propuesta del PRI abaratará la fuerza de trabajo, pues del sueldo neto que debería recibir el empleado una parte le corresponderá al intermediario que pactó la contratación. Para el empresario esto podría ser más conveniente porque implicaría contratos laborales a corto plazo. “Bastará con que diga que no tiene entre sus empleados a alguien capacitado para justificar la contratación de una empresa patito o fantasma, dispuesta a trabajar por menos dinero. Lo anterior favorece la pérdida de la profesionalidad.”

Explicó que de aprobarse estos cambios el trabajador ganará menos y estará expuesto a ser sustituido por otra persona, rompiendo el principio constitucional de que a trabajo igual, salario igual. “Este menosprecio va en beneficio del empresario. Por ello todos los que estudiamos el trabajo opinamos que esta propuesta viene a reglamentar, a legitimar la subcontratación, violando la Constitución”.

En su título sexto, titulado “Del trabajo y de la previsión social”, la Carta Magna consigna en el artículo 123 todo lo concerniente a la política laboral y las garantías individuales y colectivas de los trabajadores.

Opinó que la estabilidad en el empleo estará al capricho de los patrones, quienes podrán decirle al trabajador, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, “estás despedido”.

Trabajo, vil mercancía
Manuel Reyna Muñoz opinó que la degradación de la concepción del trabajo sería otra de las consecuencias que se desprenderían de la reforma. Entre otras cosas, ésta incluye la posibilidad de esquemas de contratación a prueba o temporales que pueden ser de 30, 60 o hasta 180 días.

“La persona interesada en el trabajo dará su mayor esfuerzo, pero si llega a cometer un error lo correrán sin derecho a indemnización. O sea, el trabajo se va a ver como una vil mercancía: tú trabajas, yo te pago y nada más. No se toma en cuenta que se trata de una actividad social que debe ser compensada con otras prestaciones.”

Ello porque en un ambiente como el descrito no se incentiva la competitividad pues no hay buena paga, no se otorga seguridad social ni existe estabilidad.

El investigador consideró que la presión a la que estaría sometido el empleado podría repercutir en su salud mental ya que todo el tiempo sentiría temor de equivocarse.

Explicó que con la ley vigente un trabajador despedido podría emprender un juicio laboral que podría durar de dos a tres años. De aprobarse la iniciativa no perduraría más de uno y el empresario tendría la obligación de pagar solamente los “salarios caídos” durante un año, sin importar –por ejemplo– que la persona haya laborado 25. La legislación actual señala que le corresponden tres meses y 20 días por cada año trabajado.

“En México la justicia laboral está muy deteriorada, predomina la corrupción; son tantos los conflictos laborales que es insuficiente el personal para atender las demandas.”

Por ello, si se votara a favor de la reforma es probable que el problema se agudice, ya que los derechos de los trabajadores estarían a merced de los caprichos del patrón.

Lo que plantean es la legalización de la simulación, lo cual es absurdo: Alberto Olvera

Propuestas del PRI y del PAN benefician más a los patrones que a los trabajadores: Manuel Reyna

Sí, hacen falta cambios “Estoy convencido de que urge una reforma laboral, el país la necesita. Mas no se trata de borrar lo que ya existe sino de cambiar para mejorarlo”, señaló Manuel Reyna. Y agregó: “Si es necesaria la flexibilidad laboral, adelante, pero que todos los sectores involucrados participen en su definición”. Con reformas como las propuestas, indicó, lo único que se logra es que México siga siendo un país de pobres y, por lo tanto, que tenga una producción deficitaria”. Una reforma al trabajo, continuó, es un acontecimiento muy importante pues debe corresponder a las perspectivas de desarrollo que tiene un país. A la par, debe reflejar e involucrar los diferentes intereses que la sociedad tiene. Es por ello que independientemente de los planes de exportación se debe pensar en el consumo interno, considerar que si el trabajador no tiene capacidad económica no adquirirá nada.

Ley obsoleta
En opinión del sociólogo Alberto Olvera, la Ley Federal del Trabajo emitida en 1929 y que cuenta con algunos cambios en su haber es anticuada y necesita ser reformada.

Entre los puntos centrales que deben modificarse está el que otorga al gobierno a la capacidad de determinar qué se considera legal o ilegal en el campo sindical: “Esto es totalmente improcedente, pertenece a una época autoritaria, y este aspecto no es modificado ni en la iniciativa del PRI ni en la del PAN”.

Otro tema que no abordan es que las juntas de conciliación y arbitraje y los tribunales laborales pertenecen, en el plano federal, al Poder Ejecutivo, “lo cual es absurdo; en un país que tiene división de poderes, éstos deberían estar en el Poder Judicial y ser independientes, pero como no lo son el gobierno se reserva la última decisión en cualquier tipo de conflicto”.

Los anteriores, agregó, son los aspectos más atrasados y antidemocráticos de la legislación laboral vigente: “En ésos hay que intervenir, hacer que los sindicatos sean verdaderamente autónomos y tengan una vía razonable de resolución de conflictos, lo mismo que los trabajadores en lo individual”.

Olvera Rivera planteó que en los cambios propuestos no se contempla la democracia interna y la rendición de cuentas de los sindicatos y sus agremiados. Lo que sí incluyen las iniciativas del PRI y del PAN es la disminución de costos del despido de trabajadores y el aumento de la flexibilidad en la contratación: “Aunque suene antipopular, las dos cosas son necesarias porque al ser la legislación inflexible y costosa la mayoría de las empresas no cumplan con la ley, hacen contratos colectivos y terciarizan sus actividades a través de empresas fantasma, generando toda una industria de simulación jurídica”.

Olvera habló de la necesidad de ser realistas y facilitar tales procesos que deberían garantizar los derechos de los trabajadores e incluir un seguro de desempleo para que en caso de despido siga teniendo un ingreso.

“La propuesta del PRI y el PAN es legalizar la simulación, lo cual me parece absurdo, es una vía errónea y, sobre todo, no se atienden las necesidades de democratización y de seguridad laboral que deberían contemplarse.”

Si hubieran aprobado la reforma en el actual periodo ordinario, como los mismos legisladores habían expresado hasta el martes 12 de abril, “atestiguaríamos un madruguete político y eso no debería ser, porque es un problema de abuso de derechos. Los cambios no atacan sus verdaderos problemas ni límites.”

Favoritismo y descontento
Los investigadores coincidieron en que la reforma laboral favorece más al sector patronal que al trabajador por un simple motivo: las campañas electorales.

“Estamos en un momento difícil en el que la prioridad es el tema electoral, el cual probablemente opacará todo lo demás. Estamos ante la posibilidad de que el PRI y el PAN se unan en una legislación laboral; es el panorama más cercano”, expresó Manuel Reyna.

A propósito de las coincidencias entre las iniciativas de las citadas fuerzas políticas, Alberto Olvera opinó que éstas responden a que “ambas tienen compromisos con los empresarios y quieren tener dinero para las futuras campañas políticas”.

En tanto, Reyna citó las movilizaciones sociales que en los albores del actual siglo se están experimentando en otros países “producto de autoridades que prestaron oídos sordos a las demandas de la sociedad; después la gente reaccionó y hubo un desequilibrio social”.

Lo que hace falta, señaló, es dialogar y conocer los argumentos del otro, con la finalidad de que se presente una solución al problema. Si esto no se hace, estimó, podrían desatarse protestas fuertes que favorecerían la polarización de una sociedad llena de personas rencorosas e inconformes.